Mario Moreno

Según la iniciativa, parte de la recaudación adicional se empleará para fortalecer la seguridad universal (el Seguro Popular), otorgar una pensión general para los adultos mayores de 65 años y crear un seguro de desempleo… Pero acotados.

El acceso a los servicios de salud sólo será para los trabajadores del sector formal, a quienes sus contratantes les esquilman ese derecho constitucional con la venia del gobierno. Es decir, el 60 por ciento de los ocupados informales, manifestación de la exclusión social neoliberal, ya sea porque el sistema no tiene espacio para ellos o porque los hombres de presa “ahorran” gastos, quedará fuera. Primero se “incentivará” a ese sector para que se “formalice” y, desde luego, pague sus impuestos. Luego se les masificará en un deteriorado, ineficiente y saturado sector público de salud, ya que las “reformas no crea[rá]n nuevos organismos de seguridad social, sino que se [incluirán] a más trabajadores en las instancias ya existentes…”. Hasta que revienten financieramente.

El seguro de desempleo es limitado. Sólo será para los desocupados que hayan laborado al menos 2 años antes en el mercado formal. Tendrá vigencia de 6 meses y sólo se podrá recurrir a otra vez al mismo 5 años después. El trabajador tendrá que prender veladoras para que la “flexibilidad” laboral no lo arroje antes a la calle. El apoyo será decreciente: el primer mes equivaldrá al 60 por ciento del promedio de las últimas 24 cotizaciones; el segundo al 50 y los cuatro restantes de 40 por ciento. Si es un desempleado que ganaba un salario mínimo, recibiría, según mis cálculos 1 mil 115 pesos, 929 y cuatro pagos de 743 pesos. Globalmente se le darían 5 mil pesos y que sobreviva como pueda. Los 10 mil millones que se destinarán al seguro podrían apoyar a alrededor de 896 mil personas.

...