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Carecen de margen de solvencia y patrimonio mínimo, dos requisitos claves para funcionar.

Hasta marzo de este año, y de acuerdo con los estados financieros analizados en los últimos meses por la Superintendencia Nacional de Salud, 18 EPS (una de ellas del régimen contributivo) carecen del margen de solvencia o del patrimonio mínimo, requisitos indispensables para garantizar la atención a los usuarios.

(Haga clic aquí para ver el listado de las EPS que incumplen con indicadores clave)

Conrado Gómez, superintendente Nacional de Salud, ya envió una severa advertencia a cada una de estas empresas, para que se pongan al día, pues, de acuerdo con la normatividad vigente, el incumplimiento de estos indicadores puede ser causal de intervención o, incluso, de liquidación.

Esto quiere decir que, a partir de este momento, las EPS que tienen déficit deben presentar a la Supersalud un plan administrativo para corregir esa situación.

Aquellas que presentan déficit en el capital mínimo tienen un plazo de seis meses para capitalizarse, y las que enfrentan problemas con el margen de solvencia deben resolverlo con prontitud.

"En caso contrario, se dará apertura a los procesos respectivos", aseguró el organismo de control.

De las 18 empresas señaladas por la Supersalud, ocho tienen déficit en ambos indicadores; ese es el caso de Caprecom, una de las mayores deudoras del sistema de salud.

Un análisis a la información contenida en la página web de la Supersalud, sobre las estadísticas de las empresas administradoras de planes de beneficios, indica que dentro de las entidades advertidas hay 11 cajas de compensación familiar, lo que permitiría inferir que la estabilidad financiera de las empresas del régimen subsidiado es preocupante.

Impacto en los hospitales

Frente a este panorama, Elisa Torrenegra, presidenta de Gestarsalud, que agremia a las siete EPS más importantes del régimen subsidiado, asegura que las medidas de la Supersalud son "consecuencia de las graves fallas que tiene la financiación de este régimen".

De acuerdo con Torrenegra, muchas de estas empresas cargan con una cartera de difícil recaudo: "Nuestros mayores deudores siguen siendo los entes territoriales, que han fallado con la responsabilidad ineludible de sanear sus cuentas".

Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), lamenta esta situación y asegura que eso afecta directamente a las instituciones de su gremio.

"Las EPS del subsidiado pasaron de debernos 1,2 billones de pesos en diciembre del 2010, a 1,8 billones de pesos a 31 de marzo pasado", señaló.

Zuluaga también celebró las acciones de la Superintendencia y dijo: "Ahora esperamos que los resultados sean contundentes, pues los problemas que arrastran estas empresas tienen a muchos hospitales públicos al borde del colapso".

La advertencia que acaba de hacer la Supersalud se suma a otras acciones que han sido puestas en marcha por el organismo de control; dentro de ellas se destacan la intervención

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