Normas APA

ANÁLISIS CASO RÓMULO REINA

BIBIANA MILENA ARANGO BUILES

RUBY ANDREA ASTROS SOLANO

LEIDY GÓMEZ RUA

INGRID JOHANNA MARTÍNEZ PINZÓN

LUZ ELENA RAMÍREZ FAJARDO

JANNETH RODRÍGUEZ

YENNYFER SIERRA MARTÍNEZ

Proyecto grupal de Derecho Comercial y Laboral

Tutor: Profesor Geovanny Tapie Arias

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO

CONTADURÍA PÚBLICA

2014

CONTENIDO

pag.

JUSTIFICACIÓN 3

OBJETIVOS 4

OBJETIVO GENERAL 4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4

1. CASO A ESTUDIAR 5

2. ANÁLISIS 5

CONCLUSIONES 9

BIBLIOGRAFÍA 10

JUSTIFICACIÓN

El despido de empleados es un hecho en la vida de las organizaciones y constituye una decisión que requiere indispensablemente el conocimiento de las leyes laborales. Un despido injusto o mal realizado puede acarrear serias consecuencias, tanto para los empleados como para las empresas, ya que puede dañar permanentemente la reputación y la autoestima profesional de los individuos, perjudicar el buen nombre de la empresa, provocar demandas legales, destruir la confianza y la moral de toda la organización e impulsar a los empleados de alto desempeño a irse de la compañía.

Como práctica en la aplicación de las leyes laborales básicas, se analizará en este trabajo el caso de Rómulo Reina y se explicarán las razones por las cuales se considera la ausencia de justa causa en el despido.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Aplicar en un caso práctico los conocimientos adquiridos sobre la normatividad y disposiciones legales vigentes que regulan las relaciones laborales en Colombia y que enmarcan la terminación unilateral de los contratos de trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Adquirir conocimientos respecto a los aspectos jurídicos de las relaciones laborales en Colombia.

• Identificar las justas causas para la terminación unilateral de un contrato de trabajo.

• Establecer un punto de referencia para la toma de decisiones al momento de despedir un empleado.

1. CASO A ESTUDIAR

Rómulo Reina trabaja en ETB de lunes a viernes de 5:00 pm a 3:00 am como técnico informático desde el 23 de Octubre de 2000 bajo un contrato a término indefinido. Ha sido homenajeado en varias ocasiones por ser el mejor empleado de la Empresa. Su salario mensual es de $1.950.000 y en su contrato laboral nunca se le prohibió que trabajara en otra compañía.

Desde el 15 de Abril de 2000, los días sábados y domingos de 10:00 pm a 3:00 am, se dedica al rapto de menores para venderlos a la cadena de trata de personas más grande de Colombia. El pasado sábado 17 de Octubre de 2011 la señora Juana María Jefe inmediata del señor Romulo, se encontraba viendo las noticias cuando informaron que: “una banda dedicada a la trata de personas, tenía sitiado el sector de la macarena”; cuando mostraron las imágenes, los raptores tenían pasamontañas en sus cabezas, por lo que no podían ser reconocidos; Sin embargo, la señora Juana María identificó los zapatos de Rómulo.

El 28 de Agosto de 2012 fue despedido el señor Rómulo.

2. ANÁLISIS

El caso propuesto no hace mención de los motivos del empleador para terminar el contrato de trabajo con el Señor Reina, aunque habla del “reconocimiento” como delincuente que realizó su jefa el 17 de octubre de 2011 y del despido efectuado el 28 de agosto de 2012 (10 meses después).

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia consagra como derecho fundamental el debido proceso, cuyo texto dispone lo siguiente:

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”

La aplicación del derecho al debido proceso siempre presupone la existencia de un procedimiento judicial o administrativo. Sin embargo, como lo establece la Corte Constitucional en su Sentencia T-385 de 2006, ello no significa que algunas garantías que componen ese derecho no tengan cabida fuera de esos procedimientos.

En

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