Ornato Limpieza De Vias Y Espacios Publicos

Primera tesis. Es un caso de venganza y linchamiento mediático. Muchos sostienen esta teoría: lo que está ocurriendo en Tribunales contra el general Efraín Ríos Montt es una “jugosa” conspiración entre ONG de derechos humanos teniendo a entidades del Estado como el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos y a ciertos jueces del organismo judicial como peones de agentes internacionales, que tienen por objetivo desprestigiar al país y al Ejército con la acusación de genocidio, cuya esencia es una venganza de exguerrilleros que perdieron la guerra.

Muchos la han expresado, pero la persona más relevante que lo ha defendido es el Presidente de la República, Otto Pérez Molina. El martes pasado, en declaraciones para ampliar sus afirmaciones al respecto, sostuvo que “Esa figura (el genocidio) no corresponde a lo que pasó aquí. Quienes insisten en eso solo quieren dañar la imagen del país, poniéndonos al mismo nivel de los nazis y otros, lo cual es un insulto”. Pérez Molina no solo representa al Estado, sino en su nombre estuvo presente en el territorio que hoy se disputa judicialmente. Lo que significa que el Presidente cree que aquí hubo, por decirlo así, una “guerra suave y una victoria limpia y rápida” que no merece mayor discusión.

Las variantes sobre los costos de la guerra en esta tesis proestatal varían: unos dicen que los excesos tal vez sí ocurrieron, pero sin malas intenciones. Que de todos modos las cifras fueron pocas con lo que se alega. Que esa gente estaba en el lugar equivocado. La solución en cualquier caso es perdonar y olvidar, puesto que a la generación joven, esas cosas ya no le importan.

Segunda tesis. Sí hay un caso judicial. Centenas de víctimas, sobre todo indígenas, que nada saben de “pactos de impunidad” entre las partes, han decidido que lo ocurrido durante la guerra fue tan cruento y aplastante, que la impunidad consciente no es una opción. Afirman que las pruebas de todo tipo se apilan para quien quiera verlas. Que la tierra arrasada fue una política de Estado.

De su parte, la defensa alega que no hay tal caso, que el encartado ya fue políticamente absuelto porque ha ganado elecciones en dichos territorios y que la población capitalina sintió paz durante su gobierno. Que todo se reduce a un show. Mientras tanto, juegan al ajedrez legal con el tribunal para evitar o torpedear el juicio.

De su lado, las víctimas dicen: Ríos Montt no es el único responsable de las masacres, pero sí que es simbólico. Y en medio están los “neutrales”, quienes piden que también haya exguerrilleros enjuiciados para supuestamente equiparar las cosas.

Tercera tesis. Este es un juicio al Estado y a su clase dirigente. Se demuestra en el grado de polarización social que acompaña el caso. Que más allá de las simpatías a Ríos Montt o del delito invocado (el genocidio), se nota que enjuiciar a un exjefe de Estado que representó la síntesis de una alianza de poderes que en nombre del anticomunismo luchó para mantener el statu quo, es un juicio histórico que les interpela y por ello es inadmisible.

Eso explicaría que tanto liberales, conservadores, extremistas de derecha, cúpulas empresariales y el Gobierno de turno que les representa, todos estén del mismo lado, negando que el costo de su dominio en el pasado inmediato haya implicado terrorismo estatal en vez de un consenso frugal.

En términos teóricos, se mide la capacidad de la democracia de interpelar a la dictadura. Pero en términos democráticos sería el signo de una justicia independiente y madura.

Ríos Montt enfrentará juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad

El juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a jucio a los militares retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, por los delitos de genocidio y contra deberes de la humanidad, tras considerar que existen pruebas suficientes de su implicación en las masacres cometidas en el área Ixil.

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Juez Miguel Ángel Gálvez justifica su resolución durante audiencia. (Foto Prensa Libre: Exbin García)

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Militares escuchan argumento del juez durante la audiencia. (Foto Prensa Libre: Exbin García)

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Francisco Palomo, uno de los abogados de Ríos Montt, dijo a la prensa que temen que el juez envíe el caso a juicio. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

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Efraín Ríos Montt

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POR HUGO ALVARADOGuatemala

CIUDAD DE GUATEMALA - El juez indicó que las partes involucradas deberán presentarse el próximo miércoles para la aportación de pruebas.

La audiencia inició a las 11.09 horas de este martes, Gálvez hizo referencia a las actas ministeriales de 142 testigos, 126 certificaciones, 84 declaraciones y 61 peritajes presentados por el Ministerio Público, también leyó los decretos de la Ley Constitutiva del Ejército (Decreto 28-83), como parte de un análisis de los medios de prueba.

Afuera de la Torre de Tribunales organizaciones sociales y familiares de las víctimas del conflicto armado interno esperaban el resultado con ceremonias mayas y la elaboración un altar con fotos de los desaparecidos en la guerra.

En lo que respecta a Ríos Montt,el ente investigador lo acusó como autor intelectual, de haber dispuesto del Ejército, para ordenar 15 masacres en la cual habrían muerto 1 mil 771 indígenas de la etnia Maya-ixil.

Eso provocó que 29 mil familias de ese grupo social fueran desplazadas a vivir en condiciones infrahumanas en las montañas.

En cuanto a Rodríguez Sánchez, exdirector de inteligencia G-2, se le atribuye de haber implementado los planes operativos Sofía, Firmeza 83, el Plan Ixil, que se desprendieron del plan de campañaVictoria 82.

El juez indicó que el conflicto armado interno fue reconocido a nivel internacional, tuvo seguimiento por la Organización de Naciones Unidas con una Comisión Verificadora de Derechos Humanos, también leyó algunos testimonios de los sobrevivientes.

Juez deniega recurso

Luego oír la resolución, la defensa de los militares solicitó un recurso de reposición argumentando que el Ministerio Público no tiene un fundamento objetivo para determinar la participación de sus clientes en la comisión de los delitos.

El juez no dio trámite a esta solicitud por considerar que no es el procedimiento adecuado y que en la fase de este proceso “no le cabe ninguna guía impugnativa”.

La audiencia concluyó entre aplausos y cohetillos de los representantes de organizaciones sociales que se presentaron para conocer la resolución.

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