PIRATERIA EN COLOMBIA

PIRATERÍA DE LA MUSICA EN COLOMBIA

Se entiende por ‘piratería’ la actividad consistente en fabricar copias no autorizadas de obras protegidas y de distribuirlas o venderlas. Los derechos de autorización que infringen quienes fabrican o venden copias piratas son los relativos a la paternidad, protegidos en general por el derecho de autor, y también los de propiedad, especialmente en el caso de grabaciones sonoras, normalmente amparados por los regímenes de derechos conexos.

En Colombia este fenómeno surge de varios factores, entre ellos el socioeconómico, tecnológico, cultural, entre otros; en la historia de Colombia ha sido común la piratería o el contrabando y tratar de pagar menos por un producto.

La piratería se ha instalado de un modo tan natural e indiscriminado en las calles de Colombia que, en unos pocos días, puede llegar a afectar el plan de ventas de una empresa.

Cuando hace diez o quince años era habitual que un cantante de éxito vendiera entre 30.000 y 100.000 copias en pocas semanas, hoy ese mismo artista puede estar luchando para superar las 10.000 copias vendidas.

Este fenómeno ya es conocido de todos. Los puestos ambulantes de Cds se han convertido en el escenario de compra habitual para los cesarenses. Allí descubren el último cantante a la moda o incluso pueden hacer la compilación que desean.

Y este fenómeno no sólo tiene que ver con las copias de Cd. Está reconocido que Internet tiene un impacto desastroso en la venta y distribución de los Cds. De hecho, El Espectador lo señalaba hace unos años con un artículo en el que describía que la la música pirata de Internet superaba el 90% del mercado de Colombia.

En Colombia la protección a los derechos de autor, propiedad intelectual y o medidas anti-piratas, se encuentran en el artículo 61 de la Constitución política de 1991, el artículo 671 del código civil colombiano.

Es importante tener en cuenta que en el año 2006 fueron aumentadas las sanciones penales por la violación de los derechos de autor. La Ley 1032 de 2006 incremento las penas de los artículos 271 y 272 del Código Penal, a sanciones de prisión entre 4 y 8 años y multas de 26.66 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Mas sin embargo estas medidas no han sido lo suficiente para desterrar al menos en gran medida este fenómeno, pues este, continúa haciendo estragos y resulta cada vez más dañino.

Hoy por hoy, este flagelo de acuerdo a las utilidades que produce, ha llegado a ser comparado con el lavado de activos y negocio del narcotráfico, pero ante todo demuestra la falta de capacidad para actuar del estado y la falta de apoyo a grupos poblacionales específicos.

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