POLITICAS

La política es el espacio público por excelencia. No importa la definición que se adopte ni el ángulo desde el cual se analice, el referente siempre es “lo público”. La política como espacio público está sujeta a la colonización por parte de intereses privados, que ejercen una presión constante por verse beneficiados. La diferencia de calidad entre una democracia y otra es el grado en que esto ocurre. Una sociedad más democrática regula y resiste mejor la intervención de intereses privados y la existencia de privilegios en la esfera pública. Etimológicamente, privilegio quiere decir precisamente “ley privada”, y puede entenderse de dos maneras: como un derecho especial o inmunidad otorgada por la autoridad o como un poder especial que deriva de la posición económica, social o política.1 Ambos tipos de privilegios determinan qué tan público es el espacio público o qué tan capturado está. En México están presentes, de manera muy extendida, los dos privilegios: permisos que otorga la ley a ciertos sectores y ventajas que derivan de la posición de poder.

Los procesos de transición democrática aspiran a reducir los privilegios acumulados en periodos autoritarios y a disminuir el grado de influencia de políticos y grupos de interés. La transición mexicana no es la excepción. Tanto las reformas electorales como los programas de las fuerzas de oposición tuvieron entre sus objetivos democratizar la política, transformar no sólo la competencia electoral sino también el ejercicio del poder y la rendición de cuentas: devolverle al ciudadano capacidad de decisión sobre las políticas públicas.

La tesis que se propone en este ensayo es que la transición mexicana logró democratizar la esfera de lo político en lo que se refiere al acceso a los cargos de elección popular y a la pluralidad de los órganos de gobierno, pero no tuvo el mismo éxito en reducir la posición e influencia de ciertos grupos de poder. Al respecto, hay que distinguir entre el poder político de jure y el poder político de facto. El primero es el que otorgan las instituciones políticas: la Constitución, las leyes, el sistema electoral. El poder de facto es el que surge de la acción colectiva y del despliegue de recursos privados, trátese de mecanismos como el cabildeo y la corrupción, o el simple uso de la fuerza.2

Las transiciones políticas democráticas cambian el poder político de jure pero no necesariamente, o no en la misma proporción, el poder de facto.3Las instituciones políticas pueden pasar de ser no democráticas a democráticas y cambiar la distribución del poder político de jure. Pero esto puede tener poco impacto en el ámbito del poder político de facto porque, ante ese cambio, las elites tienden a invertir más en su poder real mediante el cabildeo, el control del sistema de partidos, la corrupción, la intimidación o las amenazas y, finalmente, en el uso de la fuerza.

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