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Lo hizo ayer con una iniciativa que, según su vocero, el senador Alexánder López, “cumple realmente con la intención de enfrentar la corrupción, evitar el fraude electoral y mantener vigentes los partidos minoritarios en la arena política, enfrentar la impunidad en el juzgamiento de altos funcionarios y evitar la politización y el ‘roscograma’ en las elecciones de procurador, contralor y fiscal general”.

El congresista reiteró que no ve en la reforma del Gobierno cambios estructurales y que, por el contrario, pareciera que, aparte de la eliminación de la reelección, no hay medidas de fondo para enfrentar el desbarajuste institucional que enfrenta el país. Eso sí, un punto de coincidencia con la propuesta del Gobierno es que quienes se hayan desempeñado como magistrados no podrían pasar a otra Corte, para evitar los carruseles de “yo te nombro, tú me nombras”.

Para enfrentar la “mermelada”, la reforma del Polo prohíbe que los candidatos a cargos de elección popular hagan campaña con programas de gobierno, como Acción Social, viviendas gratis, apareciendo ordenadores del gasto. De hacerlo así, perderían la investidura. La medida se hará extensiva en gobernaciones y alcaldías. También propone que la Procuraduría y la Fiscalía creen secciones especializadas en contra del fraude electoral y que se le destine el 3% del presupuesto nacional a la justicia.

Para evitar que funcionarios del Gobierno pasen de sus cargos con información privilegiada a empresas privadas, se implementaría una inhabilidad por un año que funcionaría en doble vía: tanto para pasar de la empresa privada al Gobierno, como del Ejecutivo a las entidades. Asimismo, plantea dos asientos fijos para la oposición en el Consejo Nacional Electoral, que la financiación de las campañas sea 100% pública y que el umbral de votos se baje del 3 al 2% para evitar la desaparición de los partidos minoritarios.

Para el juzgamiento de altos funcionarios, el Polo propone que el presidente sea investigado por la Corte Suprema de Justicia y juzgado por el Congreso. Y que los procesos de los aforados —magistrados de las altas cortes, vicepresidente, fiscal general, contralor, procurador y defensor del Pueblo— sean en su totalidad ante un nuevo ‘supertribunal’ y los parlamentarios seguirán en la Corte Suprema, con primera instancia en la Sala Penal y segunda en Sala Plena.

En cuanto a elección de magistrados, incluidos los del naciente tribunal de aforados, la idea es que sean elegidos por mérito en un concurso organizado por las facultades de derecho, las organizaciones de jueces y empleados de la Rama Judicial y los colegios de abogados. Y el fiscal sería elegido por la Corte Suprema, de un concurso de méritos organizado por las facultades de derecho, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

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