Políticas Públicas en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública para el Estado Constitucional

Políticas Públicas en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública para el Estado Constitucional.

Participantes

Dr. En D. Enrique Urbe Arzate

Investigador y profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma  del Estado de México.

Dra. En D. Alejandra Flores Martínez

 Investigadora y profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma  del Estado de México.

Dr. En D. Edgar Ramón Aguilera García

Investigador y profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma  del Estado de México.

Auxiliar

Jesús Agustín Ahumada Rodríguez

Estudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma  del Estado de México.

Introducción

México hoy en día atraviesa una fuerte crisis de seguridad pública, el Estado no puede garantizar seguridad, es incluso uno de los principales agentes que generan la inseguridad (un claro ejemplo lo tenemos en los casos de desaparición forzosa, de los que el Estado es participe).

La concepción tradicional que apreciamos en el Leviatán^[1], diseñada para darnos paz y seguridad ha fracasado, ya que existen severos problemas de corrupción y en definitiva el estado tiene políticas reactivas que no son garantes de seguridad debido a que él es el agente principal y no el humano, tan es así que hoy el Estado se ha convertido en el primer protagonista para la vulneración de Derechos.

Desde un punto de vista tradicional el Estado tiene el poder legítimo de la fuerza, lo que ha ocasionado que la seguridad pública sea rebasada, ya que fue diseñada para medir o contrarrestar los riesgos hacia el Estado. Consideramos que esa visión se debe cambiar, las políticas públicas deben de diseñarse para las personas, no para el Estado (seguridad humana).

De acuerdo con los informes del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), la seguridad humana implica la protección de las personas de las amenazas a sus derechos y a su vida, es decir, ofrecer seguridad económica, alimentaría, de salud, ambiental, personal, comunitaria y política para alcanzar una estabilidad duradera o sustentable. Aunque el concepto seguridad humana debe efectuarse a través del desarrollo y no mediante las armas”. (Razo, 2011)

En México uno de los principales factores de inseguridad son policías y monitores que son del propio estado, un estado en estas condiciones ya está devastado de inseguridad, ¿A dónde nos lleva esto en materia de seguridad?, vivimos un estado policial^[2], uno terrorista.

El estado piensa que solo tenemos inseguridad porque existen delincuentes y la tasa de inseguridad se mide por los delitos cometidos en el Estado.

Nuestra investigación va enfocada a que no es así, la idea de la seguridad humana nos  dice que hay siete esferas más que debe garantizar el estado, esas siete debe diagnosticarlas de acuerdo netamente a su territorio, la comunidad y la forma de gobierno. Owen Taylor^[3] dice que hay que establecer cuáles son los umbrales de peligro o los más urgentes para atenderlos de acuerdo al territorio y al conflicto que se esté viviendo.

Tomando en cuenta lo anterior se busca que exista verdadera seguridad humana en la seguridad pública donde se desarrollen políticas públicas que abarquen las áreas de riesgo en México. En lo que respecta a materia de justicia penal, la intensión es  hacer un estudio en el que se  realice un juicio cognitivo y psicológico de los operadores jurídicos para considerar a una persona culpable, ya que aunque cambie la ley, si el operador jurídico tiene ese vicio cognitivo de  “todo el mundo es culpable”, es poco probable tener una verdadera justicia penal, que es el problema que estamos viviendo. De esté análisis de operadores se busca desarrollar una política una capacitación netamente cognitiva para el operador jurídico o establecer procesos de argumentación mucho más en forma.  

Delimitación del problema

Objeto

El término seguridad es relativamente nuevo en México, por tanto se encuentra en proceso de desarrollo y en algunas ocasiones resulta confuso y complejo. Esta locución constituye una expresión polisémica, dados sus diversos significados y variadas interpretaciones. Para algunos autores lo mismo es un derecho de los integrantes de la población que una actividad obligatoria del Estado, cuya realización garantizará dicho derecho; incluso pese a que doctrinalmente se trata de una función pública, de manera errónea se le considera también servicio público. (Razo, 2011)

Lo que se busca estudiar son los factores de riesgo en México en las áreas que se necesitan cubrir para garantizar la seguridad humana y proponer en base a eso  políticas públicas que el Estado Constitucional debe implementar, para garantizar la seguridad y la justicia penal. Entonces lo primero que se debe identificar son los factores que generan riesgo, una vez que tengamos la visión y sentido de los riesgos, se pueden generar mecanismos para instrumentalizar la seguridad y la forma de impartir justicia a la persona y la comunidad, entonces el estado se convertirá en un segundo factor y el principal será la persona.

En cuanto al aspecto de la impartición de justicia el propósito es realizar es un juicio cognitivo y psicológico de los operadores jurídicos para considerar a una persona culpable, ya que aunque cambie la ley, si el operador jurídico tiene ese vicio cognitivo de  “todo el mundo es culpable”, es poco probable tener una verdadera justicia penal.

¿Qué situación prevalece en cuanto al objeto de estudio?

El contexto actual demuestra que se deberá  medir tanto lo que a una persona como a una comunidad le está generando inseguridad, para así poder instrumentalizar las políticas idóneas. Hay teóricos que dicen que para garantizar la seguridad humana existen siete esferas^[4], lo que ya es una visión más holística porque dese el artículo 21 constitucional asegura que las políticas públicas solo están determinadas para el delincuente.

Ya ha quedado claro que México atraviesa una crisis de seguridad, por lo tanto afirmamos que está alcanza a la convivencia de las familias en todos los espacios del país, prueba de esto es el aumento y los nuevos modos de delincuencia^[5] que han ido apareciendo. Las soluciones dadas hasta el momento no ha podido detener está ola de inseguridad la información disponible nos lo confirma.

Estos son los resultados arrojado por encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2014, realizada por el INEGI^[6]:

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