Ponencia A Favor De Las Mujeres

Elección de las mujeres en el congreso colombiano, ¿participación formal o material?

Camilo Eduardo carrillo González

Defensor del Pueblo - Colombia.

PONENCIA:

La defensoria trabaja de la mano con la Organización de las Naciones, ONU mujeres y el Gobierno Nacional, para adoptar, fortalecer estrategias de lucha contra la desigualdad de genero, Como defensor del pueblo es grato y fiel al compromiso constitucional presentar esta ponencia sobre: “La participación de la mujer en la contienda política y las perspectivas para su desarrollo”.

PRESENTACION:

Buenas noches a todas y todos las asistentes y participantes en este debate. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación a este espacio diseñado para que nosotros los estudiantes de Ciencias Políticas, podamos analizar un tema tan relevante en nuestro Pais y en el mundo, como es la Participación de la mujer en el ámbito Político y la igualdad de genero, en la actualidad, en todos los puestos del congreso.

En esa dirección, la ponencia que presentaré a continuación tiene como propósito específico compartir con ustedes cuál ha sido el papel que ha jugado la Defensoría del Pueblo en la reivindicación a las mujeres de este derecho en Colombia.

Para cumplir con este objetivo, he dividido la ponencia en tres (3) partes:

En la primera parte; Haré una breve introducción del contenido y el alcance del derecho a la elección de la mujer en las curules del congreso. De acuerdo con nuestros estándares normativos.

En la segunda parte; describiré, en particular, los escenarios concretos en los que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha participado activamente en la reivindicación del derecho de la mujer a elegir y ser elegida en los cargos públicos, específicamente en el Congreso Colombiano.

En la tercera parte; Daré algunas consideraciones finales.

INTRODUCCION:

Contexto político general

Colombia, según lo define su Constitución; es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales, democrático, participativo y pluralista. Está compuesto por 32 departamentos y un distrito capital.

El poder legislativo lo ejerce el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado lo integran 100 senadores elegidos en circunscripción nacional y dos más elegidos por las comunidades indígenas. La Cámara de Representantes está formada por 161 representantes elegidos por los departamentos y el Distrito Capital en proporción a su población, y por Cinco más elegidos en circunscripción especial por las comunidades negras, las comunidades indígenas, las minorías políticas, y los colombianos y colombianas residentes en el exterior.

Tanto los senadores como los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos por un periodo de cuatro años.

En 1954 la legislación colombiana reconoció el derecho de sufragio activo y pasivo a las mujeres, después de que 20 países de la región ya habían adoptado esa reforma. Con tardanza semejante, en 1933 el Estado les había reconocido el derecho a ingresar a las universidades.

Esto significa, que por casi 20 años mujeres con título universitario no pudieron ejercer el derecho al sufragio, en tanto un alto porcentaje de varones sin formación académica sí estaba habilitado para votar.

En los últimos años se han registrado algunos avances en la conciencia social sobre la exclusión y sus efectos negativos para el desarrollo y la democracia. Las organizaciones sociales de mujeres han desempeñado un papel fundamental en ese avance, logrando sensibilizar a sectores políticos que han promovido respuestas normativas a las demandas de las mujeres.

La Constitución de 1991 consagra que, las mujeres y los hombres son iguales ante ley, que ambos recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades.

Dispone, además, que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en el ejercicio y control del poder político y su conformación, que para hacer efectivo ese derecho pueden elegir y ser elegidos, agregando que; “las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”.

Por consiguiente, En desarrollo de este último precepto, el Congreso expidió la ley 581/2000, que reconoce y reglamenta el derecho de las mujeres a ocupar mínimo el 30 por ciento de los puestos en los máximos niveles decisorios de carácter administrativo de las tres ramas del poder público; Legislativo, Ejecutiva y Judicial y en otros niveles de mando con atribuciones de dirección y en la formulación, planificación, coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado Pero, la norma que a pesar de su obligatoriedad apenas se cumple en 137 de un total de 1174 instituciones estatales.

Sin embargo, no ha sido posible que el Congreso apruebe una ley que reconozca a las mujeres igual derecho a participar en los organismos de representación política (Congreso, asambleas departamentales, concejos distritales y municipales) así como en partidos y movimientos políticos, a pesar de que se han presentado varios proyectos en ese sentido.

Mujer y su acceso a cargos de elección popular

Históricamente las mujeres han estado excluidas del ejercicio del poder político. Esto se ve reflejado en su baja presencia en las más altas instancias de decisión del Estado, pese a las transformaciones sociales y culturales ocurridas en las últimas décadas, que han favorecido la condición jurídica y la situación educativa de las mujeres, quedando todo en la normatividad.

A pesar que, a partir de la Constitución de 1991, fruto de un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas de la nación, la participación es un valor que inspira los fines esenciales del Estado colombiano y su organización política, reglamentando los procedimientos para el acceso al poder político.

Es competencia de la Defensoría del Pueblo, como lo establece el articulo 281 de la ley 24 de 1992; “Promover la participación de la mujer en niveles importantes de la administración publica” Ley de Cuotas; Marco jurídico que busca lograr el principio de igualdad de genero, en la contienda

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