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Acompañado por Eduardo Linares, Diputado suplente de la Asamblea Nacional y una representación de familiares víctimas de sicariato en el campo, el presidente del INTi expresó que en el marco del relanzamiento de la Gran Misión AgroVenezuela, y la creación del Estado Mayor para el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT), el Gobierno Bolivariano reimpulsa el camino en defensa de la vida y la dignidad de los campesinos y campesinas que luchan por el derecho al desarrollo integral como seres humanos.

En este sentido, informó que desde la sede central del INTi funcionará la referida Unidad de Protección al Campesino, que además coordinará con las demás instituciones del Estado, todo el apoyo necesario a los familiares de las víctimas del sicariato por la lucha de la tierra.

Destacó, Gudiño, “en marco de ese llamado a la paz que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos constituyendo esta Unidad de Protección al Campesino que debe hacer el seguimiento a todos los casos, porque muchos de estos compañeros están inclusive en condición de desplazados dentro del territorio, y no pueden regresar a su zona de residencia producto de las amenazas a sus vidas”.

Por su parte, Maite García, presidenta de la Asociación de Familiares Víctimas de Sicariato de Campesinas y Campesinos, agradeció públicamente la iniciativa y expresó que constituye una esperanza para quienes durante once años han luchado por el acceso a la tierra.

“No son delitos comunes, son casos políticos, ellos acompañaron a Chávez en la promulgación de la Ley de Tierras, y hasta el momento no hay enjuiciados. No solicitamos venganza, solicitamos justicia”, testificó la hija de líder campesino Armando García, asesinado en el estado Zulia en el año 2002.

Gudiño, añadió que a través del diputado Elvis Amoroso, quien preside la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, se consignó la solicitud de una legislación especial para el reconocimiento político de estos casos y para que se tipifique el sicariato como un delito de lesa humanidad.

Señaló también que han conversado con representantes de la Fiscalía General de la República para avanzar en ese tratamiento especial por parte de los jueces que llevan los casos de asesinatos en el campo, porque la mayoría presentan retraso judicial.

“Estamos convocando a ambos componentes del Estado, a la Asamblea Nacional y la Fiscalía General del República, para que nos acompañen en esta tarea política de impedir que los supuestos dueños de tierras continúen empleando el sicariato como una medida para defender la propiedad privada”, dijo la máxima autoridad del INTi, quien añadió que la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario ofrece las condiciones necesarias para ir cambiando progresivamente la historia de violencia en el campo.

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