Resumen de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

La ley de responsabilidades de los servidores públicos tiene por objeto reglamentar el artículo cuarto constitucional en materia de los sujetos de los servidores públicos, así como las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público que se estipulen por la evasión de procedimientos o faltas a la presente ley, siendo de aplicación estricta para todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos federales.

Esta ley puede ser aplicada por la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como por otras autoridades con el mismo poder y características, considerando que bajo ninguna circunstancia podrán imponer dos sanciones por una sola conducta. No obstante, se debe tomar en cuenta que si las faltas de los servidores públicos redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, serán o podrán ser sujetos a Juicio Político siempre y cuando existan prueban convincente y no sea solo una expresión de ideas, existiendo la posibilidad de ser destituidos de su cargo.

Por otra parte, es necesario prestar importancia al proceso del Juicio Político, debido a que cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados, la cual deberá estar apoyada en pruebas documentales, bajo el entendido que en caso de denuncias anónimas, estas no procederán. Desempeñando la Cámara de Diputados el papel de órgano instructor y de acusación y por su parte fungiendo como Jurado de Sentencia la Cámara de Senadores.

Considerando que todas las operaciones realizadas por los entes públicos, deberán ser registradas en el momento en que ocurran, con la finalidad de que sirvan para amparar el gasto realizado por el cumplimiento del presupuesto, debido a que como organismos gubernamentales tienen la obligación de presentar una declaración patrimonial que podrá ser en tres periodos diferentes; dentro de los sesenta días siguientes a la toma de posesión, dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo o a más tardar el 15 de mayo de cada año, teniendo como sanción la inhabilitación del infractor por un año en caso de incurrir en dicha falta.

De igual manera, la secretaría podrá ordenar la práctica de visitas de inspección y auditoría cuando estos requieran orden de autoridad jurídica o se encuentren evadiendo la ley, con el fin de regularizar los procedimientos y dar pie al cumplimiento de responsabilidades de todos los sectores públicos.

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