Régimen Jurídico Administrativo actual de la materia inquilinaria

T-I

Régimen Jurídico Administrativo actual de la materia inquilinaria.

- Procedimientos de regulación.

- Órganos administrativos de competencia en materia inquilinaria.

Régimen Jurídico Administrativo de Arrendamiento

OBJETO

Regir el arrendamiento y subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos, ya sean arrendados o subarrendados totalmente o por partes y los cánones de arrendamiento o subarrendamiento, de los mismos sus anexos y accesorios; y establecer el régimen especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, pensión, habitación o residencia, ya sean arrendados o subarrendados, total o parcialmente.

NATURALEZA JURÍDICA

Fijar los procedimientos y procesos para el tratamiento de las figuras jurídicas derivadas de la relación arrendaticia.

MARCO LEGAL

 Ley de Arrendamientos Inmobiliarios

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.845 del 07 de Diciembre de 1999

 Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.053 Extraordinario del 12 de Noviembre de 2011

JURISDICCIÓN ESPECIAL INQUILINARIA

La competencia judicial en materia inquilinaria se divide en Contencioso-Administrativa y Ordinaria.

Corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de las autoridades administrativas en materia inquilinaria. En el Área Metropolitana de Caracas, corresponde a los tribunales superiores civiles y de lo contencioso-administrativo, o a los que asuman la competencia de éstos conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; y en el resto del país, corresponde a los juzgados de municipio, o a los de municipio con competencia contencioso-administrativa, una vez creados conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Corresponde a la Jurisdicción Ordinaria el conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamiento.

La competencia administrativa en materia inquilinaria corresponde a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, y a sus representaciones en las distintas entidades federales del país.

LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA

Ámbito de Aplicación:

Todos los arrendamientos o subarrendamientos de inmuebles destinados a vivienda, habitación, residencia o pensión, de los anexos y accesorios que con ellos se arrienden.

Exclusiones:

1. El arrendamiento o subarrendamiento de:

a. Terrenos urbanos y suburbanos no edificados

b. Fincas rurales

c. Fondos de comercio

d. Hoteles, moteles, hosterías, paradores turísticos, inmuebles destinados a temporadas vacacionales o recreacionales, y demás establecimientos de alojamiento turístico que estén sujetos a regímenes especiales, siempre que acrediten su registro.

e. Inmuebles destinados a funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales, industriales, profesionales, o de enseñanza

2. Por relación laboral, queda excluida la ocupación de vivienda, habitación o pensión, que sean consecuencia, o con ocasión de una relación de trabajo, o de una relación de subordinación existente. Pero no así, a los efectos de la fijación del canon de arrendamiento, cuando éste forme parte del sueldo.

3. En cuanto a la fijación de los cánones de arrendamiento, los inmuebles pertenecientes a la República, los estados y los municipios, y a los órganos y entes públicos que determine el ejecutivo, salvo que por motivo de las actividades que allí se desarrollen, éstos actúen en función jurídico privada.

Prohibiciones:

1. Dictar medidas cautelares de secuestro sobre inmuebles destinados a vivienda, incluyendo la de los trabajadores residenciales, pensiones o habitaciones, que constituyan el hogar de personas o familias.

2. El arrendamiento o subarrendamiento de las viviendas urbanas y suburbanas que no posean las condiciones elementales mínimas de sanidad y habitabilidad, que representen riesgos para la seguridad, la salud y la vida de las personas.

3. El arrendamiento de viviendas adjudicadas por el Estado, salvo los casos autorizados por el órgano encargado con competencia en la materia, y en ningún caso podrá tener fines de lucro. De violarse esta disposición, el órgano competente en la materia deberá abrir el proceso administrativo a que diera lugar, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes..

4. Los avisos o anuncios de prensa, o de cualquier otro medio de publicidad, en los cuales:

a. Se exija como condición para el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas, la circunstancia de no tener niños, niñas o adolescentes, de estar en estado de gestación, la de ser extranjero o extranjera, así como establecer discriminación por: orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, preferencia política y religiosa, condición económica, estado civil, clase social, profesión o condición social, y en otros casos de vulnerabilidad o marginación, discapacidad, enfermedades terminales, entre otras.

b. Quienes solicitaren viviendas, expresen los señalamientos indicados en el numeral que antecede.

c. Su texto contenga expresiones que violen o inciten a la infracción de las disposiciones legales sobre la materia.

5. El cobro de sumas de dinero por sólo exhibir o mostrar inmuebles en oferta para el arrendamiento, así como al arrendatario comisión por arrendar el inmueble.

Aspectos Generales de la Relación Arrendaticia

1. Los derechos establecidos en la ley para beneficiar o proteger a los arrendatarios SON IRRENUNCIABLES y, por ser de orden público las disposiciones de la ley, no pueden ser relajados por las partes. En consecuencia, cualquier acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia o menoscabo de uno cualquiera de esos derechos, es NULA.

2. El arrendador tiene la obligación de pagar los servicios comunes, cuando se trate de arrendamiento o subarrendamiento de habitaciones, pensiones o de porciones de un inmueble.

3. El costo de las reparaciones mayores, cuando sean requeridas, y previa notificación al arrendador, o en su defecto a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en caso de ser llevadas a cabo por el arrendatario, serán deducibles del canon de arrendamiento.

Si la reparación amerita el traslado temporal del grupo familiar, deberá ser avalado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, y garantizar

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