Sociopilítica

La Constitución de 1999 introdujo cambios sustanciales en la organización del Poder Judicial y en la concepción de la administración de justicia en Venezuela.

El artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece: que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, este mandato es una disposición del ciudadano o de la ciudadanía para relacionarse en acciones y decisiones que le permitan consolidar espacios legítimos y formales de intercambio de la sociedad con los órganos del Poder Público, para gobernar, compartir responsabilidades en la legislación publica, e interrelacionarse entre seres humanos para favorecer su desarrollo integral e intervenir en los asuntos públicos.

La participación protagónica está orientada a ocupar y consolidad espacios legítimos y formales de intercambio, comunicación y expresión de la ciudadanía con los órganos de Poder Público. De esta manera se plantea una participación del poder como propiedad colectiva, que pertenece a todos y a todas que se ejerce a través de las diferentes instancias y mecanismos institucionales y comunitarios.

La ciudadanía debe involucrarse permanente, profunda, amplia y organizadamente alrededor de todo lo que por hecho y derecho les pertenece en los órdenes: social, político, cultural, territorial, ético, económico y productivo.

Desde la llegada de la revolución socialista se ha tratado de construir un sistema de justicia, a través de un proceso de cambio en la gestión judicial de nuestro país, por medio de creaciones y reformas de Instrumentos jurídicos que realmente sirvan para lograr un estado derecho y de justicia que conduzcan al poder popular a participar de manera cotidiana y permanente en la búsqueda de la justicia.

Además para que las instituciones del Estado, organizaciones sociales, económicas y ciudadanía en general, encuentre orientaciones claras y precisas que permitan dar sentido y direccionalidad a la acción concreta que éstos desarrollan y que favorezca el aporte efectivo de los mismos al proceso de transformación del sistema de justicia en cuanto a lo político, social y económico planteado en el marco de nuestra Revolución Bolivariana.

Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley…”.

Asimismo, el artículo 255, establece la garantía de la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces.

Estos artículos 253 y 255 constitucional, constituyen el fundamento de la participación ciudadana en el sistema de administración de justicia, pues al encontrar en ellos mandatos expresos que indican que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República, por autoridad de la Ley; y que corresponderá a la ley garantizar la participación ciudadana en el procedimiento, además se les otorgó a los venezolanos y venezolanas un papel protagónico en la gestión y toma de decisiones en los temas de interés nacional, entre los cuales indudablemente se encuentra la impartición de justicia (art. 5 y 62 C.R.B.V).

Se han creado mecanismos de participación de los vecinos y la comunidad organizada en la resolución de sus propios conflictos, utilizando la figura de una autoridad denominada juez o jueza de paz, elegido o elegida entre los mismos miembros (Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada en Gaceta Oficial del 2 de mayo de 2012, recientemente reformada, en la que de una comunidad específica, en base a sus cualidades de buen ciudadano o ciudadana, su vocación humanitaria, su honestidad y su capacidad de diálogo, no siendo necesario ser un profesional del Derecho.

El Estado venezolano ha garantizado la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la formulación de las políticas públicas que puedan afectarles directa o indirectamente, siendo una de ellas precisamente la que atañe a la resolución de conflictos mediante la aplicación de instancias de justicia dentro de su hábitat, siguiendo para ello el conjunto de normas, principios, valores, prácticas, que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio para garantizar el orden interno.

Ahora bien, en lo que respecta al proceso penal venezolano, el principio de participación ciudadana ha contribuido eficazmente en la aplicación de una justicia cada vez más legítima, transparente y eficaz dentro del contexto de la sociedad democrática que propugna nuestro texto constitucional, pues la participación de los ciudadanos permite que el juzgamiento de las personas procesadas por delitos se haga desde una óptica social común, que garantice decisiones imparciales y transparentes.

El nuevo Estado de justicia y de derecho social le brinda a cada ciudadano y ciudadana, elementos legales y bases constitucionales para la participación protagónica en la construcción de una nueva y revolucionaria institucionalidad con principios éticos socialistas, capaz de responder al momento histórico y al nuevo modelo de desarrollo que demanda eficacia, pertinencia, congruencia, eficiencia y compromiso ético en el funcionamiento de la administración pública, el sistema de justicia y en cualquier ámbito que desee participar permitiendo así la consolidación del nuevo Estado.

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