Subsidiaridad

SUBSIDIARIDAD

El principio de subsidiaridad constituye el eje en torno al cual la «doctrina social de la Iglesia» intentó desde el principio regular las relaciones entre el Estado y la sociedad. El objetivo de este principio es salvaguardar los espacios de los individuos y de los grupos sociales frente a una excesiva ingerencia del Estado. Efectivamente, la intervención de las instituciones públicas se legitima solamente como auxiliaría, en cuanto que representa una integración de la acción de los grupos sociales intermedios donde surgen exigencias de un bien común más general.

La primera formulación del principio de subsidiaridad se remonta al Cuadragésimo año, de Pío XI. En este documento el papa señala con precisión su contenido observando que, « lo mismo que es ilícito quitar a los individuos lo que ellos pueden realizar con sus propias fuerzas y con su empeño para confiárselo a la comunidad, también es injusto confiar a una sociedad mayor y más alta lo que pueden hacer las comunidades menores e inferiores.

Y esto es al mismo tiempo un grave daño y una perversión del orden recto de la sociedad, ya que el objeto natural de cualquier intervención de la sociedad es el de ayudar de manera supletoria a los miembros del cuerpo social, no va el de destruirlas o absorberlas» (n. 86).

Fue sobre todo Pío XII el que aplicó ampliamente el principio de subsidiariedad. Defendiendo las razones de la democracia, subrayó repetidas veces que su verdadera realización supone que el Estado y el aparato estatal estén al servicio de la sociedad, es decir, de los ciudadanos y de los cuerpos intermedios, y denunció con energía las involuciones presentes en las modernas comunidades políticas, especialmente las que se derivan del totalitarismo, de la burocratización despersonalizarte y de la tecnocracia.

La Mater et magistra de Juan XXIII asigna al Estado una función más importante. Pero tampoco en este caso la intervención del Estado, dirigida a la eliminación de los desequilibrios internos a la nación y a los internacionales, se concibe en competitividad con la intervención de los individuos y de los grupos, sino en estrecha relación con ella, en el marco de una visión del Estado abierta a la participación responsable de los ciudadanos.

En los documentos posteriores del Magisterio -a partir de la Constitución conciliar Gaudium et spes- se profundiza gradualmente en esta visión más positiva y más compleja de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Se concibe al Estado democrático como un Estado de derecho, no sólo porque la ordenación jurídica fija los límites para el ejercicio del poder, sino sobre todo porque tiende a garantizar los derechos fundamentales del hombre. Lejos de quedar arrinconado el principio de subsidiaridad, se le coloca en el contexto del principio de solidaridad, cuyo alcance se extiende al ámbito de las relaciones internas al mundial. Es particularmente la Populorum progressio de Pablo VI la que determina este giro universalista, recogido posteriormente por Juan Pablo II en la Sollicitudo rei Socialis. El Estado tiene la tarea de promover un desarrollo integral y plenario dentro de una comunidad mundial en la que las instancias de la solidaridad se hacen cada vez más urgentes, sobre todo en virtud de la estrecha interdependencia entre los pueblos de la tierra.

Sin embargo, es evidente que la consecución

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