Sustentabilidad

Artículo 41 de la Constitución Nacional:

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado,

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental

generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo

establezca la ley..."

"...Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la

información y educación ambientales..."

"... Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para

complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales...

7.1.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

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7.1.1 Legislación y Normatividad Ambiental.

“El propósito de la normatividad ambiental: La protección del entorno”

Por su riqueza natural, México es considerado un país mega diverso. En él existen entre el 10% y 15% de las especies silvestres reportadas en el planeta; somos el primer lugar en número de especies registradas, primero en reptiles (717), segundo en mamíferos (450), cuarto en anfibios (280) y decimoprimero en aves (1,054), sin considerar las migratorias. Sin embargo, el país pierde anualmente 1, 100,000 hectáreas de bosque; hemos contaminado las aguas de 50 de los 100 ríos más importantes del país; se han disminuido en 30% las selvas tropicales de México en los últimos 20 años; se han extinguido 15 especies de plantas y 32 especies de vertebrados dentro del territorio nacional.

Sin embargo, existe una importante proporción del aprovechamiento de los recursos naturales que se realizan al amparo de permisos, licencias y autorizaciones expedidos conforme a la legislación y normatividad en materia de medio ambiente y recursos naturales. De manera general, se estima que el 35% de las irregularidades y actos ilícitos en materia ambiental ocurren debido al mal uso de estos documentos.

El Gobierno Federal ha propuesto respetar la ley ambiental y realizar el combate a la impunidad sin excepciones para contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental. Por ello, plantea como tesis fundamentales procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental pronta y expedita, a la participación de la ciudadanía y las organizaciones civiles en la vigilancia del cumplimiento de la Ley Ambiental.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con autonomía técnica y operativa. Su nacimiento data del 4 de junio de 1992.

La PROFEPA tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplirlas leyes en materia ambiental.

La PROFEPA esta Integrada por:

• Sub procuraduría de Recursos Naturales

• Sub procuraduría de Auditoria Ambiental

• Sub procuraduría de Inspección Industrial

• Sub procuraduría Jurídica

• Unidad de Comunicación Social

• Dirección General de Administración

• Dirección General de Coordinación de Delegaciones

• Dirección General de Estrategia Institucional, Evaluación e Informática

• 32 Delegaciones de la Procuraduría en las Entidades Federativas.

Atribuciones

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene a su cargo las siguientes facultades:

I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto;

II. Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior;

III. Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del

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