TEORIA DE LA SANA CRITICA.

Análisis de la prueba ilícita en el debido proceso y su regla de exclusión.

La ilicitud de la pruebas en el debido proceso el cual se plantea el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, consagra que la regla general de la exclusión al disponer lo siguiente “es nula de pleno derecho, la prueba obtenida por fuera del  debido proceso”. Si bien, esto ha sido discutido por la Corte Constitucional que en materia probatoria señala  todo aquel conocimiento obtenido de manera ilícita o que por medio de su valoración atenta contra los derechos de las personas sometidas a un proceso, resalta  la exclusión opera de maneras diversas y genera consecuencias distintas dependiendo si  se trata de prueba ilícita o ilegal dado el caso.

Se entenderá  por prueba ilícita la que se obtiene por con la vulneración de los derechos fundamentales de las personas; entre ellos, el derecho a la intimidad, el debido proceso, el derecho a la dignidad, a la no discriminación etc. Con respecto al principio constitucional del debido proceso, no significa que se aplique solamente  a un sistema procesal sino a cualquier eventualidad procesal para juzgar a una persona, por ejemplo sea en el ámbito penal, civil o en cualesquiera otros asuntos.

El debido proceso es un concepto muy amplio, que comprende también la prohibición de que en ese proceso se están practicando o utilizando pruebas ilícitas, así como la prohibición de procesos dejen de tramitarse por sus jueces naturales, y sean entregados a personas que de ninguna manera pueden tener carácter de jueces.

El ordenamiento jurídico actual busca una solución para que las reglas de exclusión vayan acorde con el programa constitucional en el derecho  penal, en vista de los efectos inconstitucionales que estas ocasionan.

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