ANALISIS DEL FALLO PRESIDENCIAL 2012

INTRODUCCION.

En el presente trabajo se analizara de manera exhaustiva los medios que presento el movimiento ciudadano del fallo de las elecciones del 2012 con el expediente No. SUP-JIN-359-2012 de tribunal electoral del poder judicial de la federación que buscaba invalidar la elección presidencial del 1 de julio del 2012.

Tras las elecciones del pasado 2006 y los resultados tan cuestionados en ese momento hoy en el 2012, es importante que el próximo presidente cuente con la fuerza y la legitimidad necesaria para sacar adelante un nuevo proyecto para todo el país.

Estamos ante un escenario abierto de alianzas políticas, con una clase política desprestigiada y una población desencantada.

ANALISIS.

Acostumbrados a cierta rigidez del sistema, donde todo parece estar controlado, la realidad actual de México permite observar algo diferente: la incertidumbre electoral, algo novedoso en la política mexicana. Ello ha obligado a las fuerzas políticas a iniciar sus movimientos de marketing y estrategia electoral con una cierta anticipación. Algunos, como el PRI, desde una posición de tranquilidad, con poco desgaste interno, muy cohesionado y con el control de importantes gobiernos estatales, lo que le da una presencia federal de gran peso; otros, a la defensiva, como el PAN, sufriendo el desgaste de años en el poder con dudosas políticas de éxito; y una izquierda siempre dividida, donde es complicado encontrar voces que la representen en su conjunto.

En las elecciones celebradas el pasado 4 de julio, con la participación de casi el 39% del censo electoral, se eligieron nuevos diputados locales en 14 estados de los 32 de la Federación y 12 gobernadores. Han sido estas elecciones un laboratorio experimental de cara a las presidenciales. Han sido de tanta importancia que desde uno de los estados donde el termómetro electoral está más alto por tener a corto plazo elecciones a gobernador, el estado de México, se acaba de aprobar la llamada ley Peña, que prohíbe las alianzas electorales contra natura por cuestiones de conveniencia. La ley, cuyo desarrollo está en manos de los jueces tras ser impugnada por la oposición de izquierda y la derecha, es el resultado de una de las lecturas posibles de las elecciones de julio: allí donde la izquierda agrupada en torno al DIA y la derecha gobernante del PAN se han unido en alianza, o han vencido o han plantado cara electoral al PRI.

La decisión de las direcciones del PAN y del PRD de unir fuerzas en diversos lugares e intentar sumar en esa línea a los socios del PRD, Convergencia y PT, abrió un escenario difícil de explicar en términos ideológicos, pero no en clave electoral. De los 12 estados que elegían gobernador, en cinco se formó esta controvertida coalición entre el partido del gobierno con la izquierda opositora. Los estados de Durango, Sinaloa, Puebla, Hidalgo y Oaxaca fueron escenario de uniones tan inusuales, como de tan positivos resultados para esta coalición de conveniencia. Oaxaca fue un caso más claro de la gran alianza electoral gobierno-oposición. El PRI ha encontrado un filón político, mostrándose ante la opinión pública como víctima de un gran complot que solo persigue sacarles del poder cueste lo que cueste, y señalando que con esa estrategia pierde la democracia.

No cabe duda de que los pactos contra natura en política son complicados de entender. Habrá que esperar a ver el impacto real de la política frentista entre los electores. Ha sido habitual ver estos grandes acuerdos políticos en otras partes del mundo cuando un país un estaba cerca del colapso. ¿México lo está como para que exista ese gran pacto derecha-izquierda contra natura? ¿Es ése el único camino de victoria frente al PRI?

Como está el país y qué opina la ciudadanía: ¡es la economía estúpido!

Con un 86.5% de la población que afirma que la situación de la economía está peor que hace un año y con similares porcentajes de opinión en todas las zonas del país, hay un fuerte pesimismo entre la población, donde sólo un 25,8% de los mexicanos que viven en el norte, más conservador, ven una luz al final del túnel de la economía y de los problemas, frente al 15,5% en el centro del país. Por eso, parece obvio que el debate electoral, en términos políticos, debe girar en torno a la economía. Y quizá sólo de la economía.

Sin embargo, la prensa nacional e internacional insiste todos los días en los problemas de seguridad y la guerra al narcotráfico en México. En realidad, esto ocupa el quinto lugar en los problemas que los mexicanos perciben de manera más cercana, siendo la economía el primero y la seguridad en general el segundo, con una amplia diferencia –29,6% y 23,4% respectivamente frente al tercero, el desempleo –con un 16,2%– y el cuarto, la pobreza –con un 8,8%–. De las nueve prioridades y preocupaciones de los mexicanos, siete hacen referencia a cuestiones económicas.

No parece que haya un amplio apoyo al rumbo que el gobierno ha adoptado, cercano al 33%, lo que abunda en la idea de que un candidato del PAN será juzgado con una visión continuista y negativa. La evolución económica mundial no permite hablar de un cambio favorable a corto plazo, que sea capaz de modificar positivamente la imagen del gobierno.

La idea de país en 2010, coincidiendo con el bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, permite una visión un poco generosa de la imagen de la acción gubernamental, con un 53% de aceptación, cifra que no representa la visión de los votantes del PAN, sino de la institución de gobierno, algo bien distinto.

Las instituciones públicas no se salvan del análisis, y se presenta una situación de clara desconfianza hacia las mismas, lo cual no ayuda a pensar en un país más fuerte y más cohesionado para afrontar los retos de futuro. Es aquí donde el PRI enarbola su bandera de Partido Institucional, ya que si algo ha mostrado el PRI históricamente es ser un elemento de solidez institucional. El Instituto Federal Electoral (IFE), garante de la limpieza de los procesos electorales, cuenta sólo con la confianza del 20,4% de la población. Un 36,8% se la da al ejército, pese a que está siendo presentado ante la opinión pública como el único capaz de luchar contra el narcotráfico. El último informe del Ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos en México, haciendo referencia a más de 100 actuaciones en los últimos 18 meses de intervención del ejército contra civiles que nada tienen que ver con narcotráfico y su entorno, no favorece la imagen de los militares. Ni la presidencia

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