¿Acaso es posible mejorar Colombia?

¿Acaso es posible mejorar Colombia?

Por: Lisney Palomino Yepes.

 Estudiante admón. de empresas semestre I.

 Unicolombo.

La Colombia que mi generación vive; la que nos han dejado, nos han construido… no es para nada satisfactoria. En muchos aspectos, los problemas de los colombianos identificados hace años no se han resuelto, y se van agravando cada vez más.

 Los gobiernos y los dirigentes políticos prometieron reducir el desempleo, eliminar la miseria, dar educación básica a  todos los colombianos, eliminar la corrupción, recuperar el respeto a la ley. No eran metas imposibles, y en algunos aspectos el país ha avanzado, pero sería de un optimismo ingenuo ignorar que hoy la zozobra y la inquietud se apoderan del espíritu y de la imaginación de los colombianos.  

Este trabajo tiene como objetivo, plasmar a través de sucesos transcurridos en nuestro país, la idea de que no existe una probabilidad significativa en que Colombia alcance una mejora, para lo cual me centraré en un contexto sociopolítico, dando así como respuesta mi punto de vista a dicho interrogante.

Sabemos, que el país enfrenta problemas más graves que antes, o en grados más agudos: el sistema político funciona a medias, con una población que aunque elige, con algo de apatía,  a sus gobernantes, luego siente que no la representan y considera que no son dignos de confianza y apoyo. De esto me basaré para plantear mi idea, la cual abarcará en primer lugar; la violencia y en segundo lugar la corrupción; como principales factores del estancamiento de Colombia.

La violencia

Colombia, un país en el que resulta explicable mucha de la violencia, del desorden, de la tensión, de lo que lo hace en muchos sentidos invivible. En nuestro país sucede algo muy curioso, y es que cada vez que una persona se dispone a ser protagonista del “cambio”, esta muere en el intento, un ejemplo muy representativo sería: los asesinatos de dirigentes por motivos políticos. Los líderes sociales comunales, defensores de los derechos humanos, campesinos ambientalistas, dirigentes sindicales, líderes indígenas y referentes de los movimientos de mujeres y LGBT, entre otros, son las víctimas de estos homicidios.  

Según el periódico nacional EL Tiempo, un informe de la Misión de Observación electoral (MOE) revela que en lo corrido de este año (entre el 1 de enero al 30 de junio de 2020) los líderes sociales son los que más han sufrido hechos violentos, registrando el 50 por ciento del total de los casos. Es decir, por cada dos líderes atacados este año en el país, uno es líder social.
De este modo, el informe advierte que el número de asesinatos contra líderes sociales se incrementó en un 85%.  

Pero… ¿Por qué? ¿A manos de quién o qué organización?  Son interrogantes a los cuales no se les han encontrado respuestas claras y con exactitud, porque casi el 90% de los casos quedan sin esclarecer. Sin embargo, de acuerdo a un informe de las organizaciones sociales,  la mayor parte de los crímenes donde hay evidencias ciertas, se puede ver la mano de las organizaciones paramilitares, aunque también actúan fuerzas guerrilleras disidentes y en algunos casos donde los responsables son miembros de la fuerza pública. Si bien, se sabe que estos crímenes ocurren en municipios con alta presencia de grupos armados, donde hay lucha por el control de las rutas de narcotráfico, para lo cual, al estado se le dio una ayuda internacional para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, ¿por qué a pesar de dicha ayuda el gobierno no controla los territorios en disputa? Porque aparentemente el gobierno  se encuentra en la lucha eficaz antidrogas, como nos lo quiso hacer creer el pasado 22 de octubre, con la supuesta “destrucción de otro laboratorio para el procesamiento de cocaína, en  San Calixto norte de Santander” , pero la verdad es que no son más que un laboratorio ejemplar con buenas prácticas, todo como nuevo, todo un montaje para manipular a la audiencia, un ejemplo de falso positivos de la droga.

La ausencia de seguridad, de un interés serio por ponerle fin a estas estructuras, por parte de este gobierno criminal y genocida, deja mucho de que pensar.

En el país no solo se observan casos de violencia por parte de entes externos a nuestro estado. Para el colmo de los casos, la ciudadanía también es víctima de violencia por parte de organizaciones internas a el. Un hecho de esto, y que ha desatado una enorme indignación a los colombianos fue “la muerte de un hombre durante un procedimiento judicial, el pasado 8 de septiembre, en Bogotá”. Pero no! Un hombre no “murió” durante un procedimiento judicial, a un hombre LO ASESINARON dos policías en un caso de abuso policial y tortura.

La Policía Nacional de Colombia,  son los únicos súper héroes que muestran toda su fuerza para poder vencer a ciudadanos ebrios y desarmados, pero totalmente incompetentes para acabar con delincuentes comunes, fleteros, violadores, y demás escorias  que abundan en el país.

  Por ello, nadie tiene hoy esperanzas muy claras y razonables en un cambio, ya no podemos distinguir con exactitud los buenos de los malos. Cada día son mayores los ataques a los liderazgos, que trabajan por transformar las realidades de sus comunidades, y más allá, del país, sin dejar de lado las mentiras en las que nos quiere sumergir el gobierno. Son hechos que enmarcan la violación de los derechos humanos.  Con esta situación uno se siente impotente, ve que no tiene como influir sobre esta situación.

La corrupción: el más grande indicador que ha afectado en todos los aspectos el avance de Colombia.

Este año con la llegada del covid-19, se vive lo que podría ser descrito como una histeria por la corrupción. Han salido a flote los casos de corrupción en su máximo esplendor, ya que nuestro actual gobierno se ha valido de esta situación para cometer dichos actos.

 Según un análisis hecho por el Observatorio Fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana, los recursos que se supone se han utilizado, por parte del gobierno Nacional, en medio de la emergencia sanitaria, humanitaria y económica, no han sido en su totalidad para ello: “es difícil conocer la magnitud concreta de los recursos efectivamente destinados para la atención”. Aunque el gobierno manifestó públicamente que han sido destinados 170 billones para la atención de la emergencia, aproximadamente un 11% del PIB, sin embargo, al hacer el estudio de decretos y soluciones, sólo se ha encontrado información de una pequeña parte el 6% de los recursos que el gobierno dice haber destinado a la emergencia social y económica.

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