Acuerdo de Escazú

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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Escuela de Estudios Internacionales

Ambiente, Economía y Política  

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información,

la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales

en América Latina y el Caribe

Docente

Ab. Ana María Bustos

Realizado por

Doménica Achig

Bryan Guevara

Milena Orellana

Sofía Vásquez

Mayo 18,  2020

1. Introducción

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o también conocido como el Acuerdo de Escazú, es un acuerdo firmado por 22 países de América Latina y el Caribe, el mismo que fue adoptado el 4 de marzo de 2018 tras 4 de negociaciones en la ciudad costarricense de Escazú.

El acuerdo de Escazú se centra en protocolos para la protección del medio ambiente que actualmente tiene 8 ratificaciones, entre sus objetivos algunos de ellos enfocan en garantizar la implementacion en America Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia y además del fortalecimiento de cooperación entre las personas para que las generaciones presentes y futuras vivan en un ambiente sano con un desarrollo sostenible y entre otros que se enfocan directamente en velar el cuidado de la naturaleza tratando así de cada vez formar parte en las decisiones que se tomen en relación con el medio ambiente.

Ecuador fue uno de los primeros países en suscribirte a este acuerdo el 27 de septiembre de 2018 con 13 países de región y que en el 2020 con mayoría de votos a favor se aprobó la ratificación de este acuerdo ya que la mayoría de asambleístas piensan que este acuerdo contribuirá a mantener transparencia y acceso a la información, garantiza la protección de los derechos de los defensores ambientales y el cuidado del medio ambiente.

1. Desarrollo

Rememorando la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, expuesta por países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Río de Janeiro (Brasil) en 2012, en la que se corrobora el compromiso con los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos netamente ambientales, se reconoce la necesidad de conseguir compromisos para la aplicación justa de dichos derechos y se manifiesta la voluntad de dar inicio a un proceso que examine la viabilidad de contar con un instrumento regional. Es por esto que, el 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe, en Escazú (Costa Rica), acogieron el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, haciendo historia en un marco internacional.

Se habla de un acuerdo sin antecedentes, un acuerdo visionario y sobretodo, un acuerdo conseguido por y para América Latina y el Caribe. Es el claro reflejo de la ambición y de las prioridades de nuestra región. En este acuerdo se abordan aspectos fundamentales sobre la gestión y la protección ambiental desde un criterio regional, en donde se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de los recursos naturales, la lucha contra la degradación de las tierras, los cambios climáticos. Desde una perspectiva enfocada en los derechos, se reconocen principios democráticos fundamentales y se trata de abordar uno de los desafíos más importantes de la región: la desigualdad y por otro lado una cultura privilegiada profundamente arraigada. A través de la transparencia, la apertura y la participación, el Acuerdo Regional contribuye a la metamorfosis  hacia un nuevo modelo de desarrollo y enfrenta a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que domina en la región. (Acuerdo de Escazú).

El objetivo del Acuerdo de Escazú es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes, así como futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, en América Latina y el Caribe. (Acuerdo de Escazú, Art. 1).

Según Hugo Echeverría de la Universidad de los Hemisferios. En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Resolución titulada Transformar nuestro mundo en la que se acordó un amplio conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Esta Resolución, también conocida como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, enlaza esta materia con el estado de derecho, un aspecto que es abordado por el Acuerdo de Escazú desde la perspectiva de la seguridad jurídica, a la que considera como crucial en el contexto del desarrollo sostenible. En este Acuerdo se demuestra el compromiso de incluir a aquellas personas quienes tradicionalmente han sido marginados o han estado mal representados; además de considerar y de dar voz a quienes no la tienen. (Echeverria, 2019)

El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional de derechos que se aplican en el ámbito regional latinoamericano y caribeño, es por eso que los derechos del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe son:

1. Acceso a la información pública en materia ambiental

2. Generación y divulgación de información ambiental

3. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales

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