Analisis Caso Oxy

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Ecuador se encuentra acatado a uno de los mayores atentados a la soberanía del país que se ha venido llevando a cabo durante 9 años y finalmente deja una deuda de 1.061,7 millones de dólares que significan un 40% menos de lo dispuesto en el laudo emitido por el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones)  en 2012, cuando se determino un pago de 1.769 millones de dólares más unos 530 de interés sumando casi 2.300 millones de dólares a la petrolera Oxy la cual adujo una supuesta violación al TBI (Tratado Bilateral de Inversiones). A estos 1.061,7 millones de dólares se les deberá unos 500.000 dolares por concepto de devolución de las costas judiciales que cancelo Ecuador y se tendrá que añadir alrededor de 300 millones de dólares por los intereses.

 Pero, ¿Cómo empezó este atentado a la soberanía? Empezó en mayo de 1999 con la firma de Ecuador y la petrolera OXY (Occidental Petroleum Corporation) para que explote petróleo en el bloque 15. Tiempo después Oxy suscribe un acuerdo con la empresa canadiense AEC, filial de encana en el que cede un 40% de sus participaciones en el campo petrolero. El 15 de marzo del 2004, Oxy informa mediante una carta a la auditora Moore Rolawd, contratada por la dirección nacional de hidrocarburos que el acuerdo con AEC significa solo transferencia de intereses económicos y no de un convenio de operación. Más  tarde la auditora recomienda que Oxy solicite la aprobación del ministerio de energía sobre el acuerdo antes mencionado, entonces Oxy pide autorización al ministerio de energía para transferir el 40% del campo petrolero. El 24 de Agosto del 2004 la procuraduría general del Ecuador solicita al ministro de ese entonces Pablo Terán, que decrete la caducidad del contrato por violación a la Ley de Hidrocarburos ya que transfirió los derechos del campo sin autorización sin autorización del estado. En el 2006 Iván Rodríguez ministro de energía decreta la caducidad del contrato por violación a la ley del estado ecuatoriano e implicaba la devolución de las aéreas que operaba la compañía estadounidense y la pérdida de los 100.000 barriles diarios de crudo que extraían. No conformes con la decisión y pese a que debían esperar al menos 6 meses para intentar pedir alguna revisión del caso la compañía se salto los tiempos y solicito un arbitraje al Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) el 17 de mayo del 2006, asegurando que el Ecuador no le otorgo un trato justo y que expropio su inversión, al aplicar la caducidad, por lo que pidió ser indemnizada. Sin embargo en el contrato de participación se excluía al arbitraje como un mecanismo para la resolución de controversias en caso de la declaratoria de caducidad, por lo que la decisión solo podía impugnarse ante tribunales nacionales. De acuerdo a la Constitución vigente en 2006, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo tenían la competencia para revisar la legalidad cuando el Estado realizaba algún acto administrativo legal. Entre el 2006 y 2012 se presentaron contrademandas donde el Ecuador afirmo tener derecho a una indemnización por lesiones en el Bloque 15, así como por daños morales tras la declaratoria de caducidad del contrato. Esta indemnización debió llegar entre los 3.124 y 3.370 millones de dólares. Finalmente el 5 de Octubre del 2012, el Ciadi ordena a Ecuador pagar una indemnización de las de 1.700 millones de dólares a Oxy, asegurando que el Ecuador si incumplió el TBI (Tratado Bilateral de Inversiones) y no dio un trato equitativo y justo a la inversión de la petrolera, a la vez que reconoció que Occidental violo el contrato con la cesión de derechos, considerando que fue una decisión imprudente y desacertada, pero no constituyo un acto de mala fe. Tras ese fallo Ecuador solicito la nulidad del proceso el 11 de octubre de 2012, mismo que desencadeno este año en una nulidad parcial y dio paso a la reducción del monto a pagar del 40%.

De acuerdo con datos de la Procuraduría, este es el proceso arbitral de inversiones más largo que ha tenido que enfrentar el Ecuador. Y de ratificarse la indemnización a favor de OXY, también este será el caso más cuantioso para el país de las demandas que ha enfrentado. Por ello, el presidente Rafael Correa anunció que el Gobierno se ha puesto en contacto con la petrolera para llegar a un arreglo “amistoso” en caso de que el fallo sea desfavorable para el país. “Tenemos mucha fe de que el Tribunal haya acogido nuestra petición de nulidad. Pero en caso de que no sea así, también estamos preparados”, dijo Correa en el enlace radial. Pero de parte de Oxy no ha habido reacción. Si el Ciadi rechaza el pedido de nulidad –que lo viene analizando ya tres años- el Ecuador deberá pagar los USD 1769,6 millones a favor de la petrolera e intereses.

A todo esto, los comentarios de expertos en el tema aducen y dan mayor entendimiento en el caso difícil de explicar y corresponden:

• Oswaldo Moreno Ramirez(Politólogo) señalo que en este caso había una postura bastante severa del jefe de Estado con la idea de la defensa  de la soberanía del país, sin embargo, a la final ahora se está llevando adelante una negociación, por lo que es evidente que Ecuador no incumplirá la disposición del Ciadi. Además explico que si bien el conflicto se soluciona en el Gobierno de Rafael, el mismo fue heredero del final del periodo de Lucio Gutiérrez y desencadeno en el de Alfredo Palacio, mas el caso Oxy fue parte del “paquete “que significaba el discurso nacionalista de Correa durante su campaña electoral, en este proceso no era el central de la campaña sino que ahora toma una relevancia verdadera, pero, no se puede desconocer que dentro de la retórica campaña fue parte el éxito del mandatario. El resultado del caso y el pago que se hará no serian de mayor influencia frente a las elecciones del 2017 en la perspectiva de los sectores populares como si fuera el precio de alimento o las tasas de desempleo.
• Ex ministro de economía Mauricio Pozo considero que el caso se politizo, pues a su criterio se debió buscar una negociación puertas adentro y no llegar a instancias internacionales, porque eso degenero en las actuales circunstancias que ahora implican una negociación mas difícil.
• El analista Pablo Dávalos considero que el aceptar el pago es negativo por cuanto existen otros procesos en los tribunales internacionales que podrían apelasrse a la jurisprudencia que se crea con el caso Oxy para buscar fallos a su favor, perjudicando al país. Afirma que “Ecuador es fácil de ganar”
• Diego Garcia-Pocurador del Estado dice: aunque el laudo  no fue satisfactorio para el país, la decisión no tiene precedentes para el país por lo que logro la reducción del pago. Aseguro que Ecuador no se equivoco, pues tomo la decisión que estaba en el contrato y en la Ley. Reconoció que en materia de litigios internacionales el país está jugando con la cancha inclinada, pero pese al fallo negativo hay consecuencias del acto administrativo, como las ganancias que obtuvo el país al recibir directamente las rentas del petróleo.
• Augusto Tandazo:” la reducción del 40% no es un éxito” .El país no debió pagar nada, pues no se debía entrar al Ciadi, sino pelear la objeción al registro de la solicitud de arbitraje, desde la puerta hacia afuera. El tratado bilateral de protección de inversiones dice que hay que dar consentimiento de las dos partes para que se dé el arbitraje y no de una sola.

Entonces ¿Qué decía Rafael  Correa? El 17 de enero del 2006 cuando aún era candidato a presidente hico una solicitud pública para que se enjuicie a los funcionarios públicos que no tomaban la decisión de aplicar la caducidad en el caso Oxy, argumentando que no hacerlo sería una traición a la patria. Para el entonces candidato, el tema no era económico sino jurídico y de la soberanía del país, pues estaría relacionado a presiones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estado Unidos. Cuando Correa ya había sido electo presidente y el proceso había llegado a un punto donde el país debía nombrar un árbitro, el mandatario se negó a fin de no reconocer el arbitraje. El país no designo su árbitro y el Ciadi designo a la profesora Briggitte Stem, quien dio la razón al ecuador con su voto disidente. Cuando llego el fallo, el presidente lo califico como un abuso, pues en el laudo no se decía que la Ley este mal aplicada sino que es muy dura. Considero además que esa era la consecuencia de haber entregado la soberanía del país a los tribunales.

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