Analisis Presunto Culpable por Lucia Leon Perez

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INTRODUCCIÓN:

En este análisis abordaremos el tema del documental “presunto culpable” que relata la historia de José Antonio Zúñiga y la odisea vivida en el reclusorio oriente de la ciudad de México y en los tribunales de justicia, este documental nos lleva a la reflexión ya que pone a descubierto el antiguo sistema de justicia penal de nuestro país y graves fallas que apenas están siendo superadas.

Es un fiel ejemplo del sistema de justicia inquisitivo (el imputado tiene la carga de la prueba) donde se deja ver el abuso de autoridad por parte de la policía y el ministerio público. En el cual se deja notar la falta de autoridad y firmeza del juez y la mísera vida en todos los aspectos de los reclusorios de nuestro país; así como la falta de ética, compromiso, conocimientos y cinismo por parte del fiscal.

Veremos también como los derechos de José Antonio Zúñiga fueron violentados durante su proceso para llegar a la libertad. Así como la omisión de los principios básicos del derecho y el buen procesar de acuerdo al mismo, faltando incluso a la ética profesional y moral de los participantes del proceso para dictaminar al imputado.

El delito por el cual se inicia la investigación es Homicidio Calificado:

Articulo 123 del Código Penal Del Distrito Federal

“Al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión”

Articulo 138 del Código Penal Del Distrito Federal:

“El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se comenten con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria y odio”

ANÁLISIS Y DESARROLLO:

José Antonio Zúñiga (“el presunto culpable”) un joven de Iztapalapa que trabaja en su negocio de reparación de computadoras, de 26 años, cambió radicalmente su vida cuando el lunes 14 de diciembre de 2005, elementos de la policía lo arrestan abruptamente sin justificar el motivo de su detención, y siendo víctima de abusos por parte de los mismos se entera después de un tiempo que es acusado de del delito de Homicidio Calificado.

Preso por un crimen que no cometió, José Antonio Zúñiga logra contactar a dos jóvenes abogados, quienes toman el caso con la esperanza de poderle regresar la libertad. Deben de encontrar alguna manera de reabrir el caso y probar la inocencia de José Antonio. Tras una investigación exhaustiva, descubren que el abogado que lo asistió durante el procedimiento penal en el cual fue sentenciado, a una pena de prisión de 20 años, había litigado con una cédula profesional falsa, ya que la cedula que presentaba era una copia certificada, información que al ser verificada por el registro de profesiones se constató precisamente que tal “abogado” no contaba con cédula profesional alguna que avalara el ejercicio de su profesión. Este descubrimiento permite reabrir el caso y anular la sentencia del 18 de abril del 2006, para comenzar un nuevo juicio y emprender la lucha por la libertad de José Antonio. Juicio que retomara nuevamente el juez que impuso la sentencia, con un testigo, el juez Héctor Palomares Medina quien ya había dictado una sentencia de prisión de 20 años y un sistema judicial ineficiente, la libertad de Jose Antonio parece casi imposible, pero Layda y Roberto no van a conformarse tan rápido. Sumarán a su defensa a Rafael Heredia, decidido y fiel creyente de la justicia mexicana. Ahora, este equipo, armado de una cámara que los acompañará durante todo el juicio, enfrenta las pruebas falsas, como lo son los testimonios e interrogatorios, que se realizaron a los dos policías, y el testigo acusador Víctor, asimismo las deficiencias que acompañan a la averiguación previa y las investigaciones, siendo que además no se hace constar que el testigo fue privado de su libertad desconociéndose el motivo de su detención, además, en cuanto a las fotos o retratos hablados realizados por el testigo, nunca fueron encontrados en el expediente,  por si no fuera poco a la prueba de Harrison  que se le realizó a José Antonio no se le encontraron residuos de plomo,  así mismo la injusticia que cometen los policías al sacar a Víctor  (testigo acusador) sin orden judicial y sin conocimiento del Ministerio Publico, después de ser presentadas las pruebas, solicita el abogado defensor de José Antonio se dicte sentencia absolutoria, recalcando el dolo, la mala fe, y la temeridad de la resolución. Se le dicta la sentencia el 25 de febrero del 2008 y se le condena a 20 años 5 meses, así mismo se le informa al abogado que tiene 5 días para la apelación, a lo que la defensa interpone dicho recurso de apelación.

            Entonces revisan nuevamente el caso en donde se encuentran muchas anomalías, ya que de la cinta de video adjuntada como prueba en el proceso, se advierte que no aparece en las actas levantadas en las diligencias todo lo que dijeron los testigos en la declaración y en el interrogatorio (careo)  no se puso todo lo manifestado,  omisión realizada por la secretaria auxiliar, es por eso que toma la decisión de acompañar la apelación, con la prueba del video tomado, así se pudo demostrar la inocencia de José Antonio revocando la primera sentencia y obteniendo su libertad. Él no lo puede creer y termina diciendo que se siente feo dejar a las personas con las que convivio, y que no lo cree que haya sido posible demostrar su inocencia y lograr finalmente salir de prisión.

CONCLUSIÓN:

Mi conclusión es que en el caso de José Antonio Zúñiga hubo bastantes injusticias y anomalías, como también muchísimas violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Nacional de Procedimientos Penales

El juez debió considerar que el primer abogado no pudo brindar una  defensa adecuada y tomar la iniciativa de nombrarle un abogado de oficio, para que José Antonio no se quedara sin una defensa justa

En este nuevo sistema penal una de las bondades y de las ventajas que le hubiese beneficiado a José Antonio, sería que cuando el juez observara que no hubo una defensa adecuada, supliera dicha deficiencia nombrándole un defensor público. Mediante este principio se asegura que aquellos que están siendo procesados por la comisión de un delito y no cuenten con las condiciones económicas para contratar a un abogado que los defienda no pasarán por injusticias y omisiones.

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