CIENCIA POLITICA

pruebas indirectas que les hayan solicitado previamente, es en los juzgados donde convergen las prácticas de corrupción.

Una de las razones de este mundo de irregularidades es la naturaleza escrita de los procedimientos. El sistema se basa en "integrar el expediente", lo que significa que el Ministerio Público tiene que redactar cientos o miles de hojas para sustentar su caso y entregarlo a un Juez, quien deberá leer el abultado expediente y dictar sentencia sin haber si quiera escuchado a ninguna de las partes. De hecho, según estudios realizados por juristas el imputable en su proceso judicial jamás vio al juez.

Este sistema escrito provoca serias deficiencias en el proceso, pues tendrán que pasar meses y a veces años para que un caso sea resuelto. Por otro lado, el hecho de que el Juez no esté presente en las audiencias y que no exista un juicio formal donde se escuchen a las partes genera incentivos a la corrupción, además de desconfianza social a las instituciones de justicia.

Es urgente transitar de un sistema de justicia escrito e impersonal, a uno de tipo oral y público, con audiencias transparentes y en las que el Juez este siempre presente. Ello reducirá al mínimo los incentivos a la corrupción y acelerará la eficiencia de los procesos, elevando así la calidad de la justicia.

El decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó el 18 de junio de 2008, el cual modifica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, establece las bases de un nuevo sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral, dejando atrás el tradicional sistema inquisitorio mixto. Esta reforma constituye un cambio histórico en nuestro sistema de justicia penal.

Con base en esto nuestro estado inicio un proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, para lo cual en enero de 2013 se publicó el decreto que modifica la constitución política del estado de Baja California Sur, dando base constitucional al nuevo sistema y encausando las reformas legales necesarias para su implementación, derivado de esto en mayo de 2013 se aprobó en el H. Congreso del Estado de B.C.S. el Código Procesal

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