¿CUALES LAS PROPORCIONES DE PAGO QUE HACEN LOS GOBIERNOS NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL PAGO DE LOS DISTINTOS BONOS SOCIALES?

1. ¿CUALES LAS PROPORCIONES DE PAGO QUE HACEN LOS GOBIERNOS NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN EL PAGO DE LOS DISTINTOS BONOS SOCIALES?

La población beneficiada con las transferencias directas condicionadas, a través de los bonos Juancito Pinto, Renta Dignidad y Juana Azurduy, alcanza a 4,8 millones de personas, es decir el 45,1% del total nacional.

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda, realizado en 2012 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia tiene 10.059.856 habitantes en un territorio de 1.098.581 kilómetros cuadrados. De esta población, 5.040.409 son mujeres, que representan el 50,1%; y 5.019.447 son hombres, igual a 49,9%.

Los datos difundidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a febrero de este año, señalan que 4,8 millones de personas se benefician con uno de los bonos sociales.

En ese marco, 2,2 millones de personas corresponden al pago del Bono Juancito Pinto, que representa el 20,6% del total de beneficiarios.

Asimismo, en el caso de la Renta Dignidad, la cantidad de beneficiarios alcanza a 1,1 millones de personas, que significan el 10,8% del total, mientras que el Bono Juana Azurduy llegó a 1,4 millones de personas, con 13,7% del total.

El Gobierno boliviano garantizó, en el Presupuesto General del Estado (PGE), más de 512 millones de dólares (3.564 millones de bolivianos) para cumplir, en la gestión 2016, con el pago de los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy de Padilla, además de la Renta Dignidad, el 30% del total de sus ingresos por concepto del IDH. Las gobernaciones, el Fondo Indígena y el Tesoro    General de la Nación aportan a este fondo el mismo porcentaje. El artículo 10 establece que las alcaldías deben disponer del 15,5% de la CT.

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1. DIFERENCIAR EL MONTO DE RECURSOS QUE ADMINISTRA EL GOBIERNO CENTRAL, RESPECTO LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES. Y

En la gestión 2014, las alcaldías alcanzaron el 75% de ejecución presupuestaria, demostrando una tendencia positiva (en 2013 fue 68%), mientras que la ejecución del Gobierno nacional se redujo cuatro puntos (de 83% en 2013 a 79% en 2014).

A esta distribución de recursos centralista e injusta para quienes se encuentran más cercanos a las necesidades de la población, como son los gobiernos municipales y las gobernaciones, se suma el hecho de una significativa reducción de ingresos en el presupuesto de 2016, principalmente de la fuente del IDH, que afectará a todas las gobernaciones y municipios, incluido el Gobierno Municipal de La Paz (en algunos casos las reducciones rondarán el 50%).

Tener el fondo fiduciario creado por el Gobierno central para paliar la reducción de recursos del IDH, que, en función a la historia reciente, es previsible que sea utilizado de manera discrecional y con fines políticos.

Frente a este panorama, y pese a los constantes incrementos de recursos transferidos de manera extemporánea a los gobiernos municipales (en fechas fuera del periodo de ejecución marcado al 31 de diciembre de cada gestión) y a las significativas variaciones en las transferencias recibidas, las alcaldías han logrado mantener niveles de ejecución importantes. Si bien no son los ideales, durante la gestión 2014 alcanzaron a 75%, demostrando una tendencia positiva (en 2013 fue 68%), mientras que la ejecución del Gobierno nacional se redujo cuatro puntos (de 83% en 2013 a 79% en 2014).  Además, dentro del mismo Gobierno hay ejecuciones inferiores a 50%, como son los casos de algunas empresas estatales.

El Gobierno central asuma una nueva manera de administrar los recursos del país, ya que si bien es encomiable el trabajo en cuanto a la estabilidad macroeconómica, el manejo de recursos de inversión y los recursos transferidos hacia entidades territoriales no ha mejorado durante los últimos años, más aún, se ha visto que la distribución (hacia gobiernos subnacionales) ocasiona grandes diferencias entre habitantes del país, que puede estar yendo en contra de los planes redistributivos del Gobierno, por lo que es además necesario dejar de lado las excusas en cuanto a la no realización del “pacto fiscal” y acordar de manera conjunta el destino de los recursos nacionales para alcanzar el ansiado desarrollo.

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