Castigar A Los Pobres

El libro que vamos a estudiar a continuación, consiste en que el refuerzo de la vertiente penal del Estado es una respuesta a la generalización de la inseguridad social y no una reacción a las cifras de crímenes. En las tres décadas que siguieron al momento álgido del movimiento de los derechos civiles, EE UU pasó de ser un ejemplo de justicia progresista a convertirse en el apóstol de la política de “tolerancia cero”, el arquitecto de la máxima “tres strikes y estás fuera” y el campeón mundial de la encarcelación. ¿Por qué se dio este repentino e impredecible giro? La respuesta habitual es que el extraordinario incremento de penas estuvo condicionado por el aumento en el índice de crímenes. Sin embargo, la realidad es muy diferente; la persecución de la delincuencia se estancó entre 1975 y 1993, y se redujo a partir de este momento. La siguiente estadística explica bien la situación: en 1975, EE UU encarceló a 21 personas por cada 10.000 crímenes cometidos, mientras que 30 años más tarde encarceló a 125 personas por cada 10.000 crímenes. Esto significa que el país ha multiplicado por seis las penas, pero no ha reducido los índices de crímenes cometidos.

Para explicar el giro represivo de la política penal en EE UU necesitamos salirnos del eje crimen-castigo y centrar nuestra atención fuera del ámbito estrictamente penal de las instituciones penitenciarias. Entonces descubriremos que tras los disturbios raciales de los ‘60, se utilizó a la policía, a los tribunales y a las cárceles para refrenar las dislocaciones urbanas causadas por la desregulación económica y la implosión del gueto como contenedor étnico-racial, así como para imponer la disciplina del trabajo precario en las capas más bajas de la estructura polarizada de clases y lugares.

A consecuencia de ello, el resurgir de las cárceles pretende cumplir tres misiones que poco tienen que ver con la reducción del crimen: doblegar a los sectores de la clase trabajadora posindustrial más reticentes a aceptar la precarización del trabajo asalariado; poner en cuarentena sus elementos más conflictivos y superfluos; y controlar los límites aceptables a los que se deben ajustar los “ciudadanos de bien”, mientras se apuntala la autoridad del Estado dentro del restringido espacio que se ha auto asignado.

Si cruzamos el Atlántico vemos que en Europa Occidental se manejan índices más modestos de reclusión que oscilan entre una sexta y una décima parte de las cifras en que se sitúa Estados Unidos. Sin embargo, esta diferencia de escala no debe ocultar dos hechos cruciales. El primero, que el castigo adopta formas muy diversas que no se reducen al encarcelamiento.

El segundo, que los índices de encarcelamiento han mantenido un crecimiento constante y férreo en Europa Occidental desde el comienzo de la década de los ‘80: En Francia, Italia y Bélgica han aumentado más de la mitad; se han doblado en Inglaterra, Gales, Suecia, Portugal y Grecia; y se han cuadruplicado en el Estado español y Holanda, un país este último que durante mucho tiempo ha representado un modelo penal a seguir. En realidad, el giro hacia la criminalización de los sectores marginales urbanos se ha impuesto en Europa Occidental durante las últimas dos décadas, si bien es cierto que en una escala menor (acorde

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