Conflictos Mineros En El Peru

“CONFLICTOS MINEROS EN EL PERÚ: CONDICIÓN CRÍTICA”. BREVE RESEÑA

Autor:

César Bedoya García

Ilustrativo documento que busca dar cuenta sobre la recurrencia y peso que han adquirido los conflictos en el sector extractivo, en particular la minería en el Perú. En la introducción encontramos una serie de datos interesantes que dan el contexto general al estudio: el inusitado crecimiento de las exportaciones mineras en los últimos años que se refleja en que éstas representan el 62% del total de exportaciones del país; que previo a la crisis mundial, en los últimos cinco años, la producción del cobre en el Perú, se ha duplicado y la de oro se ha incrementado en un 30%; que del total de compañías mineras que operan actualmente en el país, trece de ellas forman parte del poderoso International Council of Mining and Metal, asociación que agrupa a las mayores corporaciones mineras del mundo.

Sin duda un fenómeno que se ha ido cristalizando en lo que va de mediados de los noventa en adelante es que al acelerado crecimiento de la actividad extractiva, en particular minera, le ha acompañado, también, una acelerado incremento de los conflictos asociados a dicho sector. Conflictos que han enfrentado, al menos a tres actores fundamentales: comunidades, empresa y Estado. Dichos conflictos tienen como telón de fondo, condiciones de pobreza y desigualdad persistentes y una débil presencia estatal. Algunas de las razones detrás de las reacciones de las comunidades frente a las operaciones mineras, han estado asociados con el temor a la contaminación de sus recursos naturales, fundamentalmente agua y tierra y la frustración respecto a la ausencia de mejoras en su calidad de vida, pese a las ganancias generadas por la actividad extractiva que de pronto se instala dentro de sus predios.

Un hito fundamental para entender el devenir de la actividad minera que actualmente se desenvuelve en el país, son los cambios institucionales y normativos que se instauraron a inicio de la década de los noventa, bajo el directo auspicio organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes promovieron la instauración de los principios del Consenso Washington en el Perú, que son los que abren el camino hacia las privatizaciones y las mejores condiciones para que la inversión privada pueda operar con libertad. Uno de los primeros proyectos mineros de gran envergadura, resultante de estos cambios, fue Yanacocha, en Cajamarca, el mismo que enfrentó sus primeros conflictos desde que empezó sus operaciones en el año 1993, entre otras razones, porque los campesinos que vendieron sus tierras a la empresa asumieron injustos los pagos recibidos por ellas.

En adelante, los conflictos no han cesado y las razones son variadas: derrame de residuos tóxicos, oposición a las expectativas de ampliación de operaciones de la minera, amenazas a líderes sociales. La presencia de la minería en otras zonas ha suscitado la reacción de las colectividades vecinas, es el caso del proyecto Río Blanco en Piura, el proyecto Tambogrande, también en Piura, de Antamina, en Ancash, particularmente en la cuenca del río Ayash, que es su zona de influencia directa, en Tacna por la distribución de los ingresos generados por la operación de Southern, entre otros.

Entre las raíces de los conflictos que el estudio identifica, están: los reclamos históricos por parte de las comunidades que no perciben el beneficio directo de la explotación de los recursos naturales. En todo caso, dichos beneficios les llegan por mecanismos redistributivos, como lo es el canon, pero dicha redistribución hasta la fecha está presentados serias dificultades, dadas las capacidades de gasto que pueden desplegar los gobiernos subnacionales para ejecutarlos de manera productiva; las comunidades no confían en los agentes de gobierno, respecto a la protección que estos puedan brindar frente a los riesgos ocasionados por la actividad minera; la infraestructura regulatoria sigue siendo débil y carente de recursos. A estos se suma temas como las características de la interacción entre pobladores y personal de las empresas mineras, que ostentan actitudes desdeñosas, hasta racistas hacia las comunidades locales. De hecho, hay empresas que están haciendo esfuerzos por mejorar sus prácticas y generar mejores relaciones con sus entornos sociales.

Quebrar el ciclo del conflicto, como lo plantea el documento, compromete a tres sectores fundamentales: gobierno, empresa y sociedad civil. En cuanto al gobierno, este debe incrementar sus capacidades para asegurar el respeto de los derechos de las comunidades y la protección del ambiente; el Ministerio de Energía y Minas no puede seguir siendo “juez y parte” en el sector, el Ministerio del Ambiente debería adquirir más injerencia en el campo fiscalizador y regulatorio; deben derogarse los decretos que criminalizan la protesta social; se les debe reconocer a las comunidades su derecho al consentimiento previo, libre e informado; se debe avanzar en el ordenamiento territorial, dado que no todo el territorio del país es adecuado para la actividad extractiva.

En cuanto a las empresas mineras, éstas deberían operar ahí donde ha logrado el consentimiento de la población, participar más activamente en iniciativas como la de Transparencia de Industrias Extractivas, para promover el acceso a la información sobre el destino de sus ingresos, dar a conocer cuánto pagan al gobierno peruano por concepto de regalías, impuestos y otros derechos; permitir e impulsar iniciativas de monitoreo ambiental; divulgar sus planes de cierre; contar con personal idóneo que puedan comprometerse con la generación de relaciones constructivas entre la empresa y la comunidad.

En cuanto a los donantes internacionales, estos pueden apoyar esfuerzos del gobierno para el fortalecimiento de capacidades para asegurar el cumplimiento de las regulaciones sociales y ambientales, así como el mejor manejo de los recursos provenientes del sector minero y, las capacidades para prevenir y abordar conflictos de manera constructiva, evitando que estos escales a niveles de crisis y violencia; deben apoyar otras iniciativas productivas que aporten a generar alternativas al modelo extractivo. En cuanto a la sociedad civil, fortalecer sus capacidades para participar efectivamente en procesos de diálogo con las empresas y el gobierno, en la búsqueda de crear las condiciones para acuerdos negociados o construidos por consenso; desarrollar habilidades técnicas sobre temas referidos a impactos ambientales derivados de la actividad extractiva; educar al público o aportar en la generación de opinión pública favorable hacia la defensa de los derechos de las personas y al cuidado ambiental.

Interesante

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