Conformaciòn De La Ciudadanía Venezolana En Las Luchas Polìticas Y Sociales

Conformación de la ciudadanía venezolana en las luchas políticas y sociales. Este periodo se inicia con la Constitución de 1961 donde se definieron los modelos de desarrollo y democracia, el marco de derechos y las relaciones de la Sociedad y el Mercado con el Estado. Comprende casi cuatro décadas, los sesenta, setenta, ochenta y noventa que incluyen la etapa de Reforma del Estado donde se sancionaron las leyes descentralizadas que abrieron un espacio a la participación de la sociedad civil en el ámbito de lo político y los intentos de Reforma Constitucional. El periodo concluye en 1999 con la apertura del Proceso Constituyente.

Los sesenta y setenta: de actores sociales a la inclusión en lo público político

La Constitución de 1961 incluyó una definición de democracia sumamente limitada quiere conocía los derechos individuales desde una perspectiva liberal y dejaba afuera la participación de la sociedad civil organizada y los valores que trascienden la democracia representativa. No se planteó como objetivos el optimizar los valores asociados a la democracia sino el preservar la estabilidad política fuertemente amenazada por las otras fuerzas políticas y por los militares (Rey, 1989). Tampoco incluyó la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de la democracia.

De acuerdo con dicha Constitución, los ciudadanos no tenían la responsabilidad ni el derecho de participar en la orientación de la vida pública y menos aún, en el proceso de toma de decisiones política de la sociedad. Los individuos estaban separados de la esfera pública y el espacio público y la práctica política era una potestad de los partidos políticos ya que estos monopolizaban la intermediación entre los ciudadanos y el Estado. En consecuencia, la posibilidad que los ciudadanos participaran políticamente, incidieran en la definición de la esfera pública y en la reestructuración del espacio público político pasaba por la afiliación a un partido político (Silva, 1999).

Como en el resto de América Latina, en Venezuela, durante la década de los sesenta y parte de los setenta, existían actores sociales que se expresaban a través de múltiples organizaciones sociales tales como las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro. Estas organizaciones que respondían a intereses particulares y tenían fines limitados, no pretendían ocupar ni participar en el ámbito de lo político puesto que las dos esferas, la social y la política, eran consideradas como dos ámbitos separados.

No obstante, a fines de los años setenta emergen actores sociales que cuestionan las limitaciones de la democracia representativa instaurada en la Constitución de 1961 por su imposibilidad para incluir sus demandas. Su objetivo consistía en superar las limitaciones de la democracia representativa para lo cual reivindicaban la esfera política desde una posición de autonomía del Estado, de los partidos políticos e incluso, de las organizaciones corporativistas empresariales y sindicales existentes. La apertura de espacios democráticos se considerada como un requisito indispensable para la inclusión en la esfera política por lo que a fines de los setenta, el término sociedad civil se comenzó a aplicar a estas organizaciones sociales emergentes, entre ellas a las organizaciones ciudadanas, populares, cooperativas, ambientalistas y de mujeres, las cuales se articularon alrededor de las luchas por la “profundización” de la democracia, objetivo definido como el interés común colectivo.

Los ochenta: Reforma del Estado y luchas por la descentralización política

Los nuevos actores que emergieron a fines de los setenta, se consolidaron en la década de los ochenta. Se trata de organizaciones sociales a veces estructuradas pero a veces poco estructuradas e incluso informales como en el caso de los movimientos sociales, que con base en los principios de participación, equidad y solidaridad social pretendían su inclusión dentro del ámbito de lo político. Eran portadoras de propuestas y proyectos de sociedad que se fundamentaban en nuevos valores vinculados con temas tales como el ambiente, los asuntos de género o los derechos humanos, entre otros.

Demandaban una mayor inclusión en la gestión pública reivindicando la “profundización de la democracia o la democracia participativa” como mecanismos para incidir en los procesos de toma de decisión en los niveles local, regional y/o nacional. El derecho a la participación era considerado como un requisito sine-qua-non para el cabildeo

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