Constitucion

Por qué investiga Morelli a Samuel Moreno

Ayer la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli Rico, decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde Samuel Moreno, el exalcalde Luis Eduardo Garzón, varios exfuncionarios del IDU y veinte empresas contratistas del Distrito. Además, decretó el embargo de bienes del alcalde Samuel Moreno y de los exfuncionarios del IDU ¿Qué fue lo que encontró la Contraloría General?

Desde que la Contraloría General asumió la investigación (que normalmente le correspondería al Contralor Moralessrussi, también investigado) sobre las troncales de la Fase III de Transmilenio, especialmente de la parte de la Calle 26 que tuvo el Grupo Nule, esta ha avanzado muy rápido. En un mes el Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría visitó las instalaciones del IDU y de Transmilenio, rindió el informe a la Contralora General y Morelli decidió abrir investigación fiscal. Además, para asegurarse de que los vinculados a la investigación puedan resarcir eventualmente el dinero perdido, embargó los bienes del Alcalde Mayor, de tres ex funcionarios del IDU y de tres empresas que forman parte del consorcio interventor.

La Contraloría le abrió investigación fiscal a Samuel Moreno y a algunos funcionarios del IDU, todos vinculados con el contrato entre el IDU y la Unión Temporal Transvial, del Grupo Nule, para las obras en la Calle 26. La obra, que valía poco más de 315 mil millones de pesos, va en casi 515 mil millones. Lo que se investiga es de quién es la responsabilidad de ese incremento en casi 200 mil millones de pesos.

La decisión de Morelli es un duro golpe para todos los vinculados, pero especialmente para Moreno. Después de la falsa chiva de Francisco Santos, parecía haber pasado el vendaval para el alcalde. Pero en los últimos días se ha rumorado que el Procurador General le podría proferir pliego de cargos y suspenderlo de su cargo, como dijo la Revista Semana en un confidencial y trinó el periodista Manuel Salazar. La decisión de Morelli da aún más peso a esas versiones.

Moreno ya respondió. Esencialmente, argumentó que en el régimen especial que tiene Bogotá, incorporado en el Estatuto Orgánico, cada entidad contrata de manera autónoma. Por eso, si hay irregularidades en la contratación de la Fase III de Transmilenio, los responsables son funcionarios del IDU y no el alcalde mayor. Ni Garzón ni él serían responsables por una eventual pérdida de dineros públicos.

El principal problema de esta defensa está en que si bien puede ser jurídicamente sólida, políticamente no es muy presentable. Que el alcalde de Bogotá diga que no tiene la culpa de las demoras de la construcción de las troncales de Transmilenio da a entender que sus subalternos en el IDU han hecho lo que han querido. Es decir, es una defensa judicial que confiesa incapacidad de gestión.

La Silla Vacía revisó los documentos. Estos son los principales motivos de la apertura de investigación fiscal:

1

Los diseños tenían problemas. Según la Contraloría, los diseños de las obras estaban incompletos y tenían faltantes. Además, se autorizó directamente a los contratistas para que los adecuaran. Según el auto de la entidad de control, este punto es responsabilidad de la administración de Luis Eduardo Garzón.

2

No se debió haber entregado el contrato a Transvial: Transvial, la unión temporal en la que participaban los primos Nule, no tenía la capacidad financiera necesaria para hacer la obra y, además, uno de sus miembros ni siquiera existía. Respecto a la falta de músculo financiero, la Contralora dice que aún no tiene claro si eso se debió a problemas en el pliego de condiciones, negligencia del comité evaluador de la propuesta o maniobras del Grupo Nule para aparentar más capacidad de la que tenía. Por ese sólo motivo, no se debió haber firmado un contrato. Pero, además, el IDU debió haber sacado a Transvial de la licitación: uno de sus miembros, la empresa mexicana Condux, había sido objeto de liquidación obligatoria por la Superintendencia de Sociedades en octubre de 2008. Es decir, no existía en Colombia. Esta irregularidad también sería responsabilidad de la administración de Garzón.

3

Demora en el inicio de la obra: según el contrato, la obra se debía iniciar a más tardar a mediados de febrero de 2008, y empezó en junio de ese año. Según la Contraloría, esa demora no fue señalada por el interventor y el IDU tampoco hizo uso de la garantía de cumplimiento ni impuso multas al constructor por demorarse cinco meses en empezar.

4

Demora en la entrega de predios: al 27 de octubre de 2010, el IDU aún no había entregado registros topográficos de cinco predios. Y eso a pesar de que la obra se debía terminar, según el plazo inicial, en agosto de 2010. Sin esos registros y esos predios, el contratista no podía terminar la obra.

5

Problemas en la garantía de estabilidad y calidad: para iniciar las obras, los contratistas debían constituir una garantía de estabilidad. Transvial nunca la constituyó. A pesar de eso, iniciaron las obras, con el visto bueno del IDU. En septiembre de 2010 el nuevo contratista, Grupo Empresarial Vías de Bogotá, sí lo hizo. Pero no es claro si esa garantía sirve, porque Vías de Bogotá recibió las obras hechas por Transvial pero dejó escrito que no garantiza la calidad y estabilidad de éstas.

6

La interventoría no sirvió: el IDU le pagó al consorcio Intercol casi 13 mil millones de pesos para hacer la interventoría de las obras. Por las demoras en la obra, en septiembre se prorrogó ese contrato y se adicionó en casi 6 mil millones. Pero, según la Contraloría, el consorcio no fue activo en informar de los atrasos, en solicitar multas y sanciones que obligaran al cumplimiento del contrato ni, en última instancia, pedir la caducidad del contrato.

7

Se facilitó el mal manejo del anticipo: el contrato inicial con Transvial preveía unas reglas de entrega y manejo del anticipo. Esto se modificó en octubre de 2008 para facilitar su manejo al Grupo Nule, en parte siguiendo una recomendación del Contralor Distrital Miguel Ángel Moralessrussi. Para la Contraloría, estas reglas laxas influyeron en el mal manejo del anticipo. Por este tema se obtuvo el pago de una póliza por casi 65 mil millones de pesos por Segurexpo S.A.

8

El IDU le ‘hizo pasito’ a Transvial: por todos los incumplimientos de Transvial, se hicieron 11 requerimientos y se impusieron dos multas por 600 millones de pesos. Las dos sanciones se revocaron en abril por el IDU, a raíz de la cesión del contrato. Es decir, nunca se multó realmente a Transvial. Tampoco aplicó la cláusula penal del contrato ni decretó su caducidad o terminación unilateral,

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