Criminalidad Y Corrupción En Honduras
Enviado por linda92 • 3 de Marzo de 2015 • 1.509 Palabras (7 Páginas) • 238 Visitas
Honduras
Existen en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad por violaciones de
derechos humanos. El índice de homicidios, que aumentó consistentemente en la última
década, fue el más alto a nivel mundial durante 2013. Los responsables de asesinatos y
otros delitos violentos pocas veces son llevados ante la justicia. La actuación de las
instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha
estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las
iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han conseguido avances importantes.
Entre las personas más vulnerables a ataques se encuentran periodistas, activistas
campesinos y personas LGBTI. Aun así, el gobierno no juzga a los responsables ni brinda
protección a quienes se encuentran en riesgo.
Tras despedir arbitrariamente del cargo a cuatro magistrados de la Corte Suprema de
Justicia en diciembre de 2012, el Congreso sancionó una ley que habilita a este poder a
destituir jueces y al fiscal general, una medida que profundiza el debilitamiento de la
independencia judicial y fiscal.
Abusos y corrupción policial
La impunidad en casos de graves abusos policiales representa un problema crónico. Entre
enero de 2011 y noviembre de 2012, 149 civiles murieron a manos de policías, incluidas 18
personas de menos de 19 años, según surge de un informe de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras. El entonces Comisionado de Policía Nacional Preventiva Alex
Villanueva confirmó las conclusiones del informe e indicó que posiblemente haya habido
muchos más asesinatos cometidos por policías que nunca fueron denunciados. El
gobierno no respondió a reclamos del rector de la universidad de que informara cuántos
de estos asesinatos habían sido investigados o permitieron la imposición de condenas.
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Evidencias convincentes recabadas por una investigación de Associated Press en mayo de
2013 sugieren la participación policial en al menos cinco ejecuciones extrajudiciales o
desapariciones de presuntos miembros de pandillas en Tegucigalpa. Las autoridades han
aportado versiones contradictorias con respecto a los avances de iniciativas para erradicar
la corrupción policial. La implementación de estos esfuerzos ha sido lenta e ineficaz. En
abril de 2013, el entonces jefe de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera
Policial comunicó al Congreso que, de 230 policías que fueron evaluados según
parámetros sobre corrupción, 33 no superaron la prueba. No obstante, solamente siete de
estos fueron suspendidos, y algunos fueron reincorporados posteriormente.
Intervención de militares en operativos de seguridad pública
En noviembre de 2011, el Congreso sancionó un decreto de emergencia que permitió a
militares llevar a cabo funciones de seguridad pública, y desde entonces se ha prorrogado
periódicamente. En agosto de 2013, el Congreso sancionó una ley que autorizó la creación
de una fuerza de policía militar con atribución para controlar barrios donde haya violencia
y efectuar detenciones, entre otras funciones, a pesar de los antecedentes de abusos
militares contra civiles.
Independencia judicial y fiscal
En diciembre de 2012, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó la
inconstitucionalidad de una ley sobre vigilancia policial, que había conseguido el apoyo
de la mayoría en el Congreso y del presidente. Poco después, el Congreso destituyó a
cuatro de los cinco miembros de la sala por “conducta administrativa” impropia. En enero
de 2013 se designaron los reemplazantes, y en febrero la Corte Suprema desestimó un
recurso interpuesto por los jueces destituidos. El Consejo de la Judicatura, un órgano
independiente creado mediante una reforma constitucional en 2001 para designar y
destituir jueces, podría contribuir con su trabajo a frenar la interferencia policial en
procesos judiciales, pero al momento de la redacción de este documento sus miembros
aún no habían sido designados.
En abril de 2013, el Congreso suspendió en funciones al Fiscal General Luis Rubí y a su
adjunto, y nombró en reemplazo a una comisión interventora, mientras se encontraba
pendiente una investigación sobre la efectividad de esta fiscalía y presuntos actos de
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corrupción cometidos en su ámbito, una potestad que se confirió al Congreso tras una
reforma constitucional en 2002. Rubí y su adjunto renunciaron en junio, antes de que
concluyera la investigación.
Impunidad de abusos posteriores al golpe de Estado
Luego del golpe militar de junio de 2009, el gobierno de facto suspendió varias libertades
civiles fundamentales, incluida la libertad de prensa y de reunión. En los días siguientes,
las fuerzas de seguridad respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un
uso excesivo de la fuerza y clausuraron medios opositores, lo cual derivó en varias
muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. La comisión de la verdad
establecida por el Presidente Porfirio Lobo publicó en julio de 2011 un informe que
documentó 20 casos de uso excesivo de la fuerza y asesinatos cometidos por miembros
de las fuerzas de seguridad. Honduras obtuvo avances muy limitados en el juzgamiento de
abusos durante 2013.
Ataques contra periodistas
Sigue siendo habitual que periodistas sufran amenazas, agresiones y asesinatos en
Honduras. Las autoridades no investigan estos delitos eficazmente. Según el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), 36
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