DERECHO AGRARIO EN LA ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

     DERECHO AGRARIO EN LA EPOCA DE LA REVOLUCION MEXICANA.

El movimiento revolucionario se dio principalmente por el descontento entre los campesinos por la inequitativa distribución de la riqueza territorial generada en una legislación individualista. Responsable de ello son la Ley de Desamortización de 25 de Junio de 1856 y el artículo 27 constitucional de 1857, que propiciaron el despojo de los bienes ejidales y comunales, al negar capacidad jurídica para adquirir en propiedad o administrar bienes raíces a las corporaciones civiles.

Este despojo, se vio agudizado por la política colonizadora del régimen porfirista que motivo al limitado acaparamiento de la tierra. La situación del país poco antes de la revolución mexicana nos hace notar que el 96 % de las cabezas de familias rurales no tenían tierra. Mientras que solamente el 1% de la población controlaba el 97% del territorio mexicano de los cuales solo 834 hacendados poseían cerca de la mitad de la tierra.

Ante la notable desigualdad se levantaron los revolucionarios en 1910 demandando la restitución de tierras a sus legítimos poseedores, la dotación de tierras y aguas a quienes carecían de ellas, la repartición del latifundio, la protección y ayuda al sector campesino y la creación de instrumentos de justicia agraria independientes del poder judicial.

En la Constitución Mexicana del 5 de Febrero de 1917, se encuentra estampada las ideas de todos los que dieron su vida en el movimiento revolucionario principalmente en el artículo 27 constitucional en el cual se estableció los lineamientos se sustentará el nuevo orden agrario en México, en él se sustituyeron la coexistencia de la propiedad particular y la propiedad social representada por ejidos y comunidades, la dotación y restitución de bosques, tierras y aguas, la desaparición del latifundio y la protección al sector campesino, todos los órdenes fueron revisados en el nuevo derecho agrario y se crearon novedosos sistemas de propiedad respondiendo a la función social de la misma y a un sentido más justo en la tenencia de bienes agrarios, se establecieron nuevos procedimientos dependientes del poder ejecutivo tendientes a garantizar la justicia en el campo en forma pronta y expedita, se originó un proceso agrario tutelado por el Estado, que busca equilibrar a las partes en conflicto, y se determinó una legislación agraria de carácter federal.

Francisco I. Madero en su libro La sucesión Presidencial en 1910 decía que su desacuerdo sobre la relación que había entre los mexicanos con el campo ya que el gobierno había hecho tan poco por el desarrollo de la riqueza pública pues con el régimen absolutista, resulta que los únicos aprovechados de todas las concesiones son los que lo rodean, y más particularmente en el caso en que el general Díaz usaba este medio para premiar a los jefes tuxtepecanos dándoles grandes concesiones de terrenos, lo que constituye una rémora para la agricultura puesto que los grandes propietarios raras veces se ocupaban de cultivar sus terrenos, concretándose generalmente al ramo de la ganadería siempre que no los dejaran abandonados para venderlos después a alguna compañía extranjera.

Las concesiones para el aprovechamiento de las aguas en los ríos eran inconsideradas ya que siempre iban a dar a manos del reducido grupo de favoritos del gobierno, y traía como resultado que el agua no se aprovechara con tan buen éxito como lo hubiera sido si se hubiera subdividido entre muchos agrícolas.

El resultado de esta política en el país a pesar de su vasta extensión de tierras laborables no producía el algodón, y el trigo que era necesario para su consumo en años normales, y en años estériles tenían que importar el maíz y el frijol que era la base de la alimentación de los mexicanos.

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