DERECHO PENITENCIARIO

LOS DERECHOS HUMANOS

EN LA PRISIÓN

Alicia Azzolini Bíncaz

Luis de la Barreda Solórzano

Angélica Ortiz Dorantes

Julieta Ovalle Piedra

Julia Sabido Ruisánchez

Antonio Sánchez Galindo

ISBN: 968-7456-18-3

Primera edición: Enero de 1997

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Avenida Chapultepec núm. 49, Centro Histórico,

C.P. 06040, México, D.F.

Cuidado editorial: Odette Alonso, Ildefonso García

y Esteban Torres.

Diseño de portada: Alejandro Magallanes.

Elaboración de originales mecánicos: Dirección General de

Comunicación Social

Hecho en México Printed in Mexico

PRESENTACIÓN

Tradicionalmente nuestro país se ha preocupado por establecer los ordenamientos

legales para el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios tanto locales

como federales. Al respecto, el antecedente fundamental se encuentra en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, a la

que se subordinan el resto de las leyes y reglamentos en la materia. De igual

forma, México ha suscrito diversos documentos internacionales —promulgados

por la ONU y la OEA— y ha hecho las adecuaciones necesarias, por lo que se

puede afirmar que la legislación penitenciaria en nuestro país es respetuosa de los

derechos humanos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la práctica en los

centros de readaptación social la cual, por diversos factores, como la falta de

presupuesto o de instalaciones adecuadas, está lejos del ideal soñado por el

Constituyente.

La primera parte de este folleto incluye una somera, investigación de los

ordenamientos penitenciarios nacionales e internacionales vigentes en nuestro

país, lo que da paso a una segunda parte, en la que se hace un análisis del

sistema penal en México a partir de las reglas mínimas de las Naciones Unidas

para el tratamiento de los reclusos. Es en esta sección en donde el lector podrá

valorar la distancia que existe entre la teoría y la práctica de las normas que rigen

la operación y convivencia dentro de los penales.

I. MARCO LEGAL

1. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA

INTERNACIONAL

a) Documentos promulgados por la ONU

Nuestro país siempre ha participado activamente en la Organización de las

Naciones Unidas y ha suscrito todos los documentos que la Asamblea General ha

promulgado en materia penitenciaria. Lo mismo ha sucedido con los documentos

emanados de las reuniones quinquenales acerca de la prevención del delito y el

tratamiento del delincuente que se han celebrado desde 1955. Además, ha

incorporado dentro de su legislación, federal y local, las Reglas Mínimas para el

Tratamiento de Reclusos.

b) Documentos promulgados por la OEA

En el marco continental, México ha suscrito y ratificado la Convención Americana

sobre Derechos Humanos de 1969, también denominada Pacto de San José, que

incorpora, en líneas generales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos

y los pactos Internacional de Derechos Civiles y Políticos e Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por mandato constitucional, todos los tratados internacionales suscritos por

el Presidente de la República y ratificados por el Senado tienen el carácter de ley

federal.

c) Adecuación de la legislación penitenciaria nacional a la internacional

México ha realizado múltiples esfuerzos, tanto a nivel federal como estatal, para

tener una legislación respetuosa de los derechos humanos y congruente con los

documentos de las Naciones Unidas para el tratamiento de las personas privadas

de su libertad. En general, puede afirmarse que la legislación ejecutiva penal está

acorde con las normas internacionales vigentes.

2. LEGISLACIÓN PENITENCIARIA MEXICANA

México tiene una larga tradición penal sustantiva y adjetiva que parte del siglo

pasado. En el ámbito ejecutivo penal, la legislación más relevante son las Normas

Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que fueron dictadas en

1971. Los diversos ordenamientos que abordan el tema son:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Expedida por el Constituyente de 1917. En el catálogo de garantías destacan las

relacionadas con el sistema penal y penitenciario, contenidas en los artículos 13 a

23. En ellos se sientan las bases para la obtención de la libertad caucional.

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Los artículos relacionados con el tema son el 27, fracción XXVI, y el 28, fracción

XI.

c) Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para

toda la República en Materia de Fuero Federal

Este ordenamiento ha sido objeto —desde su promulgación, el 12 de agosto de

1931— de múltiples reformas que lo han ajustado y actualizado a las doctrinas

nacional e internacional. En él se regulan la sustitución de sanciones, así como los

requisitos para la condena condicional y para la obtención de la libertad

preparatoria.

d) Código Federal de Procedimientos Penales

Este código, vigente desde el 30 de agosto de 1934, ha tenido reiteradas

modificaciones, que han reducido su carácter inquisitorio original, con lo cual se ha

intentado adecuarlo al sistema acusatorio que está previsto en la Constitución.

e) Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal

Este ordenamiento legal está vigente desde el 29 de agosto de 1931; sin embargo,

ha tenido modificaciones similares a las del código federal.

f) Ley de Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados

Esta ley acoge, íntegramente, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el

Tratamiento de Reclusos. Tiene vigencia a partir del 19 de mayo de 1971.

g) Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal y

para toda la República en Materia Federal

El texto de esta ley se basa, esencialmente, en las Reglas Mínimas de Naciones

Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijin), las

Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil

(Directrices de Riad), las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los

Menores Privados de Libertad,

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