DERECHOS HUMANOS. AQUÍ Y AHORA.

Introducción

Hay casos de violaciones de derechos humanos que nos impactan más que otros. Nadie sabe exactamente el porqué: puede que sea por experiencias pasadas, por recuerdos aflorados de repente, por sensaciones inconscientes.

Lo cierto es que, para mí, el derecho de asilo (recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del ’48) siempre ha representado el símbolo del poco de justicia que queda en el mundo, la posibilidad que todos tenemos de disfrutar de una vida digna de ser vivida.

El derecho de asilo representa casi un rescate por parte de los estados europeos – culpables de siglos de colonialismo, imperialismo y usurpaciones de toda clase – hacia los pueblos del llamado “Tercer Mundo” por haber sido la principal causa de la actual inestabilidad de sus países.

Si África a menudo sufre por golpes de estados, guerras civiles, hambre y pobreza, hay que estar conscientes de que todo esto es consecuencia de la política perversa de un Occidente que se define tan democrático.

El derecho de asilo es una manera para pedir disculpa, para permitir a personas como nosotros tener nuestra misma vida a pesar de haber nacido en el lugar “equivocado”. O, al menos, así debería ser.

La “Primavera árabe” y la llamada “emergenza nord Africa”

“Primavera árabe” es una expresión periodística que indica una serie de protestas llevadas a cabo a partir de finales de 2010 por sectores de la población civil en el Norte de África y en Oriente Medio, al fin de conseguir la caída de gobiernos autoritarios y tiránicos. La referencia al periodo del año en que el mundo vuelve a la vida debería representar el complejo proceso de los países comprometidos (superficialmente definidos “árabes” a pesar de que la árabe no es la única etnia implicada en el cambio) hacia una estabilidad política y económica que garantice una forma estatal democrática y el respeto de los derechos humanos.

Cuando los medias occidentales celebraron las aparentes revoluciones de naciones como Túnez, Egipto, Yemen, Jordania y el estallar de la guerra líbica, muy pocos de los políticos europeos se dieron cuenta de la emergencia humanitaria que dichos eventos conllevarían. Entre los Estados que no supieron prever la situación, Italia fue el que menos consiguió enfrentar la llegada de miles de personas que huían de guerras, masacres y persecuciones.

De hecho, por ser el puerto más cercano a los litorales norteafricanos, a partir de finales de 2010 atracaron en la isla de Lampedusa centenares de barcos que llevaban hombres, mujeres y niños. Por lo tanto, desde febrero hasta abril, en una isla de alrededor de 6000 habitantes diariamente se contaban 4000 migrantes, al principio procedentes sobre todo de Túnez y luego de Libia pero con varias nacionalidades. El fenómeno que en Italia se conoció como “emergenza nord Africa” había solamente empezado a enseñar sus peores consecuencias.

El 12 de febrero de 2011, con decreto del ex Presidente del Consejo de Ministros Silvio Berlusconi, se declaró el estado de emergencia humanitaria por la gran afluencia de ciudadanos norteafricanos al territorio nacional italiano. A éste siguió una serie de disposiciones que acabaron individuando la Protezione Civile Italiana como el ente encargado de coordinar las intervenciones de acogida de los migrantes, y nombrando varias entidades regionales para que se ocupasen directamente de garantizar la protección de los solicitantes de asilo.

Las medidas previstas deberían encuadrarse en el llamado Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) instituido con la ley orgánica 189/2002 y que, para aplicarse, gozaría del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. El objeto de dicha estrategia era asegurar una “acogida integrada” que superase la mera garantía de vivienda y comida, previendo también y sobre todo medidas de formación lingüística y laboral, acompañamiento del migrante en su recurrido de integración en la comunidad local, asistencia y orientación vueltos a la construcción de propia dimensión socio-económica en Italia.

Sin embargo, la gestión inadecuada de la emergencia y la falta de un número de centros SPRAR proporcionado a el de los migrantes, conllevaron la proliferación de estructuras de acogida provisorias y privadas (a menudo hoteles o edificios similares) cuyos gestores no tenían los conocimientos necesarios para satisfacer los requisitos básicos del SPRAR y para garantizar que los derechos de esos seres humanos no fueran pisoteados. De esta forma, durante todo el año 2011 se ofreció una acogida de pésima calidad y se multiplicaron los gastos sin posibilidad de control. La cuenta final fue alrededor de 1 millardo y 300 millones de euros, ya que se pagaron a cada gestor 46 euros al día por alojar a un migrante adulto y hasta 80 euros por cada menor de edad, a menudo sin que fuese ofrecida asistencia psicológica y legal, los cursos de formación laboral y las medidas necesarias para la integración en la sociedad nacional.

El supuesto particular de la solicitud de asilo

Recogido en el artículo

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