DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 2009-2011.

DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 2009-2011.

INFORME ANUAL DE PAÍS SOBRE LAS PRÁCTICAS DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS 2009

El 28 de junio, el ejército destituyó al presidente José Manuel Zelaya y lo forzó a salir exiliado, y el presidente del congreso Roberto Micheletti Bain se convirtió en el mandatario de facto. Hasta el golpe de estado del 28 de junio (en lo sucesivo, el golpe de junio), el país era un democracia constitucional multipartidista, con una población de aproximadamente ocho millones de habitantes. El golpe estuvo precedido por meses de tensión política entre el ejecutivo y los demás poderes del gobierno debido a una propuesta del ejecutivo de celebrar un referendo para convocar a una asamblea constitucional que consideraría realizar reformas a la Constitución. Aunque el golpe no fue sangriento, los acontecimientos que le siguieron tuvieron como resultado la pérdida de vidas además de limitaciones impuestas por el régimen de facto a la libertad de circulación, asociación, expresión y reunión. El 29 de noviembre, el electorado eligió a Porfirio “Pepe” Lobo, del Partido Nacional, como presidente para un período de cuatro años. Los observadores internacionales calificaron estas elecciones como libres y justas en general. Aun cuando las autoridades civiles en general mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad antes del golpe de junio, hubo casos en los que elementos a las fuerzas de seguridad actuaron independientemente de la autoridad del gobierno. Han llegado informes de las siguientes infracciones de los derechos humanos: homicidios extrajudiciales a manos de oficiales de la policía y agentes del gobierno; homicidios arbitrarios y sumarios cometidos por grupos parapoliciales y por antiguos miembros de las fuerzas de seguridad; condiciones duras en las prisiones; violencia contra los detenidos y corrupción e impunidad dentro de las fuerzas de seguridad; detenciones preventivas prolongadas e incumplimiento de las garantías procesales que marca la ley; detención arbitraria y el uso de fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad después del golpe de junio; politización, corrupción y debilidad institucional del poder judicial; deterioro de la libertad de prensa; corrupción en los poderes legislativo y ejecutivo; limitación de la libertad de circulación y asociación; restricciones gubernamentales en el reconocimiento de algunas organizaciones no gubernamentales (ONG); violencia y discriminación de la mujer; prostitución infantil y maltrato a menores; trata de personas; discriminación de comunidades indígenas; violencia y discriminación de personas debido a su orientación sexual; implementación ineficiente de las leyes laborales; y trabajo infantil.

Durante la crisis política después del golpe de junio, se realizaron manifestaciones en todo el país. Se implementaron toques de queda arbitrariamente, en los que las fuerzas de seguridad usaron la fuerza de forma excesiva, lo cual en algunos casos causó la pérdida de la vida y provocó actos de vandalismo por parte de los manifestantes. El régimen de facto también limitó la libertad de reunión y restringió la libertad de la prensa. Cabe destacar que el 1 de julio, el 26 de septiembre y el 5 de octubre, el régimen de facto promulgó decretos que suspendieron la Constitución durante las horas del toque de queda y limitaron considerablemente la libertad de expresión, reunión y asociación.

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto de la integridad de la persona, que incluye el derecho a no ser objeto de:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

Antes del golpe de junio, hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilícitos, especialmente de niños y jóvenes a manos de grupos parapoliciales que pueden haber incluido a miembros de las fuerzas de seguridad. Después del golpe de junio, hubo informes de que el régimen de facto o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilícitos.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos informó que entre enero y noviembre recibió 63 denuncias de homicidios en los cuales presuntamente habían participado miembros de la policía o del ejército. La fiscalía levantó cargos en algunos de los casos. El gobierno cuenta con una Unidad Especial de Investigación sobre Asesinatos de Menores, pero las investigaciones rara vez identificaron a los autores.

Hasta diciembre, Casa Alianza había registrado el homicidio de 159 menores de menos de 18 años de edad y de 468 jóvenes entre 19 y 22 años de edad, comparado con 128 y 416 respectivamente durante 2008. Casa Alianza informó que más del 50 por ciento de los homicidios fueron cometidos por agresores desconocidos, mientras que se atribuyó un número menor a fuerzas de seguridad privadas, agentes del gobierno y pandillas, a lo largo del año, varios grupos y familiares de víctimas menores de edad afirmaron haber proporcionado a los fiscales pruebas de colusión entre elementos de la policía y líderes empresariales en la comisión de los homicidios. Aunque observadores relacionaron algunos de los homicidios de alto perfil como los de ambientalistas, líderes laborales, abogados y políticos con el crimen organizado y el narcotráfico, otros casos parecieron estar motivados por razones políticas.

Entre los homicidios registrados antes del golpe de junio están los siguientes:

El 18 de enero, actores desconocidos mataron a tiros a Marlene Suyapa Gavarrete de Rubí en Choloma durante el robo de una tienda de comidas. Gavarrete había sido abogada defensora en juicios de miembros de pandillas. Al final del año, continuaba la investigación.

El 24 de enero, agresores desconocidos presuntamente robaron el vehículo de Rodrigo Eugenio Valladares Pineda, hijo del ex comisionado de derechos humanos Leo Rodrigo Valladares Lanza, y lo mataron a tiros junto con Edmund Jeffry Trochez e Isaiah Nahum Bonilla Escobar. El 31 de enero, la policía arrestó a Norman Gilberto Reyes, presunto miembro de una pandilla de ladrones de vehículos. Al final del año, Reyes estaba a la espera de su juicio.

El 13 de febrero, agresores desconocidos dispararon y mataron a Marco Tulio Velásquez en Santa Rosa de Copán. Velásquez había sido candidato a diputado del departamento de Copán. Al final del año, la investigación seguía en pie, el 28 de febrero agresores desconocidos, mataron a tiros al ambientalista José Miguel Pagoada Tercero mientras trabajaba en terrenos que había ayudado a reforestar en la comunidad de Hato de En medio. Al final del año, continuaba la investigación.

El 7 de marzo, en San Pedro Sula, agresores desconocidos le dispararon de muerte al candidato a diputado del Partido Liberal Óscar Heberto Mejía Villafranca, quien fuera asesor del

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