DERECHOS HUMANOS

Queremos hablar de los derechos humanos en Venezuela, pero para eso debemos verlos desde un punto de vista imparcial, de allí los derechos inherentes al propio ser humano, como lo es el derecho a la vida, a la libertad, derecho a la información, a la salud y de esta manera una gran gama de derechos, que la doctrina a clasificado como derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación.

Cabe destacar que la República Bolivariana de Venezuela ha suscrito un sinnúmero de acuerdos internacionales, enmarcados en las diversas categorías de derechos humanos, los cuales pudiéramos decir que algunos se han cumplido mientras que otros no, ya sea por diversas razones o por la no conveniencia a terceros. Tratemos de ver algunas de estas situaciones procurando dar posibles explicaciones. Si hacemos una retrospectiva a la constitución venezolana de 1961 desde la perspectiva de los derechos humanos. En especial a los años 1988-1998, considerando como sujetos protagonistas de los hechos más resaltantes acaecidos en este espacio de tiempo, a la sociedad venezolana y a los gobiernos presididos por Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera Rodríguez.

El año de 1988, cuando aun era presidente de la República Jaime Lusinchi, culmina con el acostumbrado festín electoral y el duelo que embargaba a un grupo de humildes familias venezolanas de la población El Amparo, Municipio Páez del Estado Apure. En esta región fronteriza de Venezuela fueron masacrados un grupo de 14 pescadores por la las fuerzas del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP). Estos pescadores acusados de guerrilleros colombianos fueron conducidos a una brutal y premeditada masacre, en virtud de la necesidad perentoria del CEJAP de justificar su presupuesto y supervivencia. Este hecho popularmente conocido como la "Masacre de El Amparo"

Así, comenzaba el año de 1989 con un duelo a cuestas que nunca terminaría y que además tendría que cruzar un largo espacio de tiempo para que en 1995, se dictaminara sentencia a favor de los dos sobrevivientes y de las familias de los caídos en esa masacre, pronunciándose un fallo en el que quedaba esclarecida la inocencia de los presuntos "guerrilleros" y la culpabilidad del teniente coronel Hugo Camejo Arias y los demás militares cómplices.

Esta masacre puso al descubierto la flagrante violación del derecho a la vida y a la justicia consagrada en la Constitución Nacional en sus artículos 58, 60 y 68. La carencia de un sistema judicial que garantizara estos derechos llevó a que se introdujera una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano contra Venezuela, la cual falló en 1997 a favor de las víctimas y constituyó el primer juicio internacional contra la impunidad en Venezuela.

Al mismo tiempo (1989) se iniciaba el interrumpido y traumático periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez quien, veinte días después de su toma de posesión y de anunciar su "Paquete Económico", enfrentaba una de las peores convulsiones sociales que haya vivido Venezuela después del 23 de enero de 1958. Este "sacudón" como fue posteriormente llamado, fue provocado por la gran cantidad de frustraciones acumuladas por un pueblo que recién había cifrado sus esperanzas en un nuevo gobernante que iniciaba su periodo con un anuncio de medidas económicas muy lejano a la tan ansiada mejoría de la calidad de vida.

Esta convulsión social fue diezmada con una incruenta represión policial y militar que ocasionó una gran cantidad de muertos nunca precisada, pues las estadísticas oficiales distaban mucho de las suministradas por Organizaciones No Gubernamentales.

Los resultados de la violenta represión fueron posteriormente evidenciándose al descubrirse un número importante de fosas comunes donde yacían los cadáveres de los "desaparecidos", principalmente en el sector conocido como "La Peste" en la ciudad de Caracas, sin considerar los desaparecidos en la provincia.

Para ese entonces el presidente Carlos Andrés Pérez decidió la suspensión de las garantías constitucionales convirtiendo así, a esta revuelta social, en pasto fértil para la violación del derecho a la vida, a la justicia, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y al amparo entre muchos otros, todos ellos consagrados en nuestra carta magna en los artículos 49,58, 60 y 62.

Posteriormente en el año de 1992, habría un nuevo enfrentamiento, el 4 de febrero y el 27 de noviembre, en las cuales la brutal represión y violación del derecho a la vida y la justicia no se hicieron esperar nuevamente,

lo que además contó con el grito ensordecedor y brutal del parlamentario David Morales Bello quien en el Congreso de la República, es decir en la sede de la máxima institución constitucional y política encargada de legislar en Venezuela, expresó vehementemente "... muerte a los golpistas"; demasiado ilustrativo del respeto por los derechos humanos que sienten nuestros gobernantes como para hacer mayores comentarios al respecto.

Luego de esto se generó una gran persecución cuasi masiva a la población, pues indistintamente de quienes apoyaron o no al movimiento de "insurrectos", la gran mayoría de la población incluyendo ricos y pobres vieron en estos hechos la posibilidad de una salida, aunque violenta, a la profunda crisis social y económica. En consecuencia, no sin justificadas razones, la actitud paranoica del gobierno no se hizo esperar y durante el periodo 1993-1995, desarrollando actividades persecutorias contra estudiantes y para todos aquellos de quienes el régimen sospechase de pretensiones desestabilizadoras y/o subversivas, señalándose incluso importantes allanamientos de domicilios y el castigo a la reunión y a la asociación, además de la sostenida prohibición a la manifestación pacífica.

Finalizando el año de 1995 con nuevas elecciones presidenciales, el país comenzaba a vivir la más grande crisis financiera, tal es el caso de banqueros abusaron de su poder y del dinero que les era ajeno. Así, la seguridad social, no la que ofrecía el Estado sino, aquella que de manera privada se procuraba la población a través de sus ahorros, quedó a merced de manos nada pulcras.

No conforme con ello, el Estado no solo no castigo a estos banqueros sino, que ya bien entrado el año de 1996 con un nuevo mandatario de Estado, Rafael Caldera Rodríguez, se otorgó una gran cantidad de auxilios financieros al sistema bancario, con el objetivo de que resolviera su crisis de iliquidez, los cuales dramáticamente fueron apropiados por estos "Señores" quienes se radicaron en el extranjero huyendo de la "justicia" venezolana.

Luego

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