Defensa Nacional Y Seguridad Interna En El Peru

Historia de la seguridad interna en el Perú y el mundo

El fin de la última dictadura militar en el Perú (1968-1980), el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, no constituyó el fin de la participación militar en la esfera política en nuestro país. En aquella ocasión las fuerzas armadas se retiraron a los cuarteles no sin antes asegurarse de mantener un importante nivel de autonomía institucional en el nuevo régimen, consagrado en el capítulo sobre seguridad y defensa nacional de la constitución de 1979, redactado por los propios militares en el poder, como parte de la negociación entre la junta militar y la asamblea constituyente para la transferencia del poder a los civiles (Alegría 2003: 33). Pero más importante aún que las leyes y reglas formales, fueron las normas informales que caracterizarían la relación entre el poder político y la corporación militar en la democracia de los años ochenta, normas informales que consagraban a las fuerzas armadas como poder fáctico y actor político. Por esta razón coincidimos con Pease (2003) al describir al régimen iniciado en 1980 como una democracia tutelada, en la cual las fuerzas armadas guardaron para sí no solo un alto grado de autonomía, sino también el papel de instituciones tutelares, incluyendo la posibilidad de convertirse en alternativa de gobierno1 .

1 Un dato que confirma el poder de los institutos armados tras la transferencia de poder a los civiles: en 1980 el presidente Belaúnde mantuvo en el comando de cada instituto armado a los generales y al almirante que integraban la junta militar que presidía el Gral. Morales Bermúdez (Pease 2003: 36).

Junto con el retorno a la democracia se produjo el inicio del conflicto armado interno desatado por el accionar terrorista del Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso. En este contexto, el ámbito de poder y autonomía institucional de las fuerzas armadas se amplió al encargárseles, a partir de 6 7

según los propios intereses de la dupla Fujimori-Montesinos. Sobre el Plan Verde véase Rospigliosi (2000): 74-107, y CVR (2004): 293-299.

triunvirato en la cúpula del poder formado por Fujimori, la cara formal del régimen; Vladimiro Montesinos, un Capitán del Ejército dado de baja en la década del 70 por delitos de espionaje, que desde 1990 se había hecho del control de los servicios de inteligencia y era el nexo de Fujimori con la cúpula de las fuerzas armadas; y Hermoza Ríos, que como Comandante General del Ejército y Jefe del Comando Conjunto entre 1992 y 1998, aseguró la lealtad de las fuerzas armadas como principal base de poder del régimen.

La alianza política entre el régimen de Fujimori y la cúpula de las fuerzas armadas se vería confirmada por la aprobación por parte del Congreso Constituyente Democrático –controlado por la mayoría oficialista– de la ley de Amnistía en 1995, mediante la cual se concedió “amnistía a los militares, policías y civiles que se encuentren denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde mayo de 1980” (Ley 26479, artículo 1). Cabe recordar que la aprobación de esta norma fue desencadenada por la difusión pública de los crímenes de Cantuta y Barrios Altos, cometidos por el Grupo Colina. Dicha ley impidió el procesamiento a militares por violaciones a derechos humanos hasta ya iniciado el gobierno de Alejandro Toledo, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó la inaplicabilidad de la ley de amnistía.

Empero, el triunvirato en el poder terminó en 1998 cuando Hermoza Ríos fue repentinamente destituido de sus cargos, lo que incrementó el poder directo de Montesinos sobre las fuerzas armadas, al tiempo que se acentuaba la naturaleza autoritaria del régimen (para algunos autores un autoritarismo competitivo, véase Levitsky 2004), a través de medidas como la destitución de miembros del Tribunal Constitucional, la inconstitucional ley de re-reelección, el control político sobre los medios de comunicación, etc. La década del noventa sería nefasta para las fuerzas armadas en términos de su politización, desprofesionalización y corrupción, causadas por el manejo clientelista de Montesinos, quien destituyó y alejó a los mejores oficiales y en su lugar colocó en puestos claves a militares por lo general mediocres, adeptos al régimen e implicados en casos de corrupción.

Finalmente, el colapso del régimen fujimorista se produjo como consecuencia de la difusión pública de la red de corrupción montada por Vladimiro Montesinos desde el Servicio de Inteligencia Nacional (que incluía la compra, registrada en video, de parlamentarios de oposición), y la pérdida por parte del régimen del respaldo del gobierno de Estados Unidos –que en el pasado había apoyado al gobierno de Fujimori por su relativo éxito en la política antidrogas– al revelarse la operación por la cual Montesinos había vendido armamento a las FARC, lo que entraba en colisión directa con los intereses estratégicos del gobierno norteamericano en la región andina (Tanaka 2001).

Tal era la sensación de incertidumbre generada por el acelerado desmoronamiento del régimen fujimorista –cuya principal base de poder era precisamente, como decíamos líneas arriba, la fuerza armada– que Abraham Lowenthal, al iniciar el prefacio al libro Civil-military relations in Latin America. New analytical perspectives (Pion Berlin 2001) confesaba:

“As I write this foreword, questions abound about the role and intentions of Peru’s armed forces in response to President Alberto Fujimori’s surprise resignation from the presidency and call for new elections in which he would not be a candidate. No one seems certain whether Peru’s top military officers forced this resignation, will accept Fujimori’s plan, or are prepared to take power directly”.

(Pion Berlin 2001: xi)

Frente a las preguntas que se planteaba Lowenthal, cabe recordar que si bien las fuerzas armadas no forzaron la renuncia de Fujimori –al contrario, esta las tomó tan desprevenidos como a toda la sociedad política–, no se resignaron tan pasivamente a perder sus esferas de poder, lo que quedó en evidencia cuando en octubre del año 2000 los mandos militares intentaron –a través de un pronunciamiento de los ministros (militares) de Defensa e Interior, y una propuesta hecha pública por el entonces ministro de Justicia Alberto Bustamante– condicionar la celebración de nuevas elecciones a la aprobación de una nueva ley de amnistía, que elevara a rango constitucional a la ley de amnistía de 1995, y

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