Defensa y aportes profesionales a la construcción de cuidadanía

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TRABAJO PRÁCTICO N° 3

Punto 3.3: Defensa y aportes profesionales a la construcción de cuidadanía

“La sociedad civil y la construcción de ciudadanía” (Lic. Nora Aquín., Lic. Patricia Acevedo, Lic. Gabriela Rotondi)

1.- A modo de introducción: El carácter problemático de la noción de ciudadanía.

Vivimos tiempos adversos a los derechos sociales, a la identidad ciudadana, a la conciencia de ciudadanía. A pesar de lo cual –o precisamente por ello- la categoría de ciudadanía concita en la actualidad un interés que no lograba hace veinte años, adquiriendo una capacidad de resonancia no alcanzada hasta ahora en su propia historia, y ello por razones tanto de orden teórico como político. El interés teórico del término puede deberse a la capacidad de la ciudadanía para integrar las exigencias de justicia y pertenencia.

 La ciudadanía, pues, aparece como preocupación política, en medio de un proceso de desidentificación política y de pérdida de confianza en las instituciones democráticas (Kymlicka, 1997; Paramio, 1998). Preocupación que nos atañe a nosotros mismos como ciudadanos; de ahí la dificultad adicional que se presenta en el abordaje de este tema, en tanto requiere un esfuerzo mayor de separación analítica entre la mirada teórica y la mirada política, entre lo que encontramos y lo que desearíamos encontrar.

 Los autores coinciden en reconocer a la noción de ciudadanía múltiples sentidos: se discuten sus distintas concepciones, sus contenidos, su status, sus significados, su genealogía, su relación con la tensión público-privado.  Sus componentes centrales –pertenencia, jerarquía, igualdad, virtud, derechos, deberes- adquieren mayor o menor relevancia según el momento histórico en que se inscriba el análisis de la ciudadanía. Con lo que estamos diciendo que no hay una "esencia" atribuible a la ciudadanía, sino que la misma contiene todos estos elementos, a la vez que no contiene a ninguno de manera particular y definitiva.

(Andrenacci, 1997) La existencia de un conjunto de elementos constitutivos de la ciudadanía que han permanecido si se revisa la historia de Occidente: la ciudadanía como frontera y jerarquía, como pertenencia y privilegios. Lo que ha variado, sin embargo, es el modo de articulación entre estos elementos y los modos de actuación concreta – históricamente situados.

La posición clásica de la ciudadanía como posesión de derechos es desarrollada por Marshall en "Citizenship and Social Class”. Considera a la ciudadanía en tres dimensiones: la civil, la política y la social, y la define como la fuerza opuesta a la desigualdad entre las clases sociales, en tanto se trata de derechos universales que comparten todos y cada uno de los miembros de una comunidad nacional.

La ciudadanía civil se corresponde con los derechos legales (libertad de expresión y de religión, derecho a la propiedad y a ser juzgado por la ley). − La ciudadanía política se refiere a los derechos a participar en el poder político, ya sea como votante o mediante la práctica política activa. La ciudadanía social se refiere al derecho de gozar cierto standard mínimo de vida, de bienestar y de seguridad económica. Podríamos afirmar que esta concepción en tanto remite a derechos sin énfasis en la participación como obligación ciudadana- ha permeado al conjunto del sentido común, ya que cuando la gente es preguntada por el significado de la ciudadanía, tiende más frecuentemente a ligarla con derechos y no con responsabilidades.

La idea de ciudadanía con fuerte predominio de los derechos, ha sido cuestionada desde distintos ángulos, tanto teóricos como políticos. Pese a su procedencia muy diferente, tales críticas apuntalan la necesidad de incorporar las obligaciones, responsabilidades y virtudes como constitutivas de la ciudadanía.

Los críticos provenientes de la Nueva Derecha atacan a los derechos sociales de ciudadanía, en tanto los consideran incompatibles con las exigencias de libertad negativa y con los reclamos de la justicia con base en el mérito. Alegan que los derechos sociales y el Estado de Bienestar, al promover la pasividad, generan clientes obedientes de la tutela burocrática, y por lo tanto, llevan a la servidumbre.

Desde la izquierda se han producido posiciones ambiguas en relación a la cuestión social. No son pocos los que, con Habermas (1992), critican que las instituciones del Estado de bienestar promueven la clientelización del rol del ciudadano, ya que promueven la pasividad y la dependencia. Su solución consiste en aceptar la idea de responsabilidades como constitutiva de la ciudadanía, pero garantizando que los derechos de participación precedan a las responsabilidades. Dicho de otro modo, reclaman que se aseguren los derechos de participación como condición necesaria para exigir el cumplimiento de obligaciones.

 La ciudadanía también es problemática desde otro ángulo: asistimos a un momento de ruptura entre ciudadanos y dirigentes, enmarcada en un proceso de crisis de representación.   El ingreso en la escena público-societal de nuevos actores dotados de nuevos intereses torna más abstracta la idea del ciudadano de la república liberal. Esta crisis se expresa, por un lado, a través de la autonomización de la dirigencia política, que asume una suerte de comportamiento corporativo al anteponer los intereses derivados de su propia posición frente a los intereses y necesidades concretas de sus representados; practican diversas formas de malversación del capital político, ensanchando la distancia que los separa de la gente común.  Por otro, una distancia cada vez mayor entre los intereses generales de la ciudadanía y los intereses sectoriales, diferentes y conflictivos de grupos que comparten algunas características objetivas pero no todas (Tenti Fanfani, 1997). Asistimos a la proliferación de escenarios y de actores dotados de intereses específicos: jubilados, desempleados, trabajadores precarios, jóvenes en busca de empleo, mujeres, grupos informales del sector urbano, grupos de excluidos por sus opciones sexuales,... ¿pueden hoy integrarse en una estrategia colectiva?  ¿Es válida la propuesta de los pluralistas culturales, que, en contraste con el universalismo, proponen la ciudadanía diferenciada, en base al conjunto de exclusiones actuales que se han estructurado alrededor ya no del eje económico educativo –que es el que concentró los esfuerzos de Marshall- sino alrededor del eje de la diferencia en relación a la cultura compartida?

Se trata de grupos que se constituyen como diferentes a partir de su identidad socio-cultural y no de su pertenencia a una clase social. Así, mujeres, homosexuales, aborígenes, minorías étnicas y religiosas permanecen excluidos de la cultura compartida pese a poseer derechos universales de ciudadanía. La ciudadanía diferenciada sostiene que para estos grupos, un criterio de equidad radicaría en su participación en la comunidad política no solo como individuos sino también por su pertenencia a un grupo, con una representación especial a nivel de las instituciones políticas.

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