Democracia

Toda democracia será más saludable en la medida en que exista una participación intensa de la sociedad.

En 1997 cuando la izquierda ganó la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México y en el 2000 el PAN obtuvo la Presidencia, la gran mayoría de la población creyó que incorporarían proyectos de la sociedad civil y de las agrupaciones políticas para crear una reforma de Estado que fuera benéfica para el país. Pensamos que serían mejores tiempos que aquellos en que gobernó el PRI, pero fue frustración y desilusión ya que solo tomaron las prácticas y corruptelas que había dejado el PRI que durante setenta años nos gobernó.

Una gran debilidad que sigue teniendo la democracia mexicana moderna, son los procesos electorales (federal, estatales y municipales), esto debido a la crisis de los partidos políticos ya que solo velan por sus propios intereses y que la sociedad ha reconocido unánimemente e incluso éstos ocupan el último lugar de la confianza ciudadana en las instituciones. Es por ello la gran cantidad de abstencionismo, que en ocasiones supera a los sufragios al momento de elegir representantes.

Nadie anticipó la degradación de la ética pública de los partidos de oposición, que con su ineptitud e ineficacia hechos gobierno no se distinguieron del priismo. Por un lado la izquierda se encuentra completamente dividida, sin tener un rumbo que dé certidumbre a la ciudadanía. Por otro lado al PAN, con pleitos de banqueta entre dirigencias cupulares para designar a un presidente de partido.

Momento que ha sido aprovechado por el PRI para dar paso, primero a un Pacto por México y segundo a la aprobación de las Reformas Energética, Política, Educativa, de Telecomunicaciones, Financiera y Hacendaria y de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las cuales solo se ha beneficiado un partido, el del gobierno actual, mostrando una visión elitista de la clase política y el malestar de amplios sectores sociales.

No por nada Sergio Aguayo Quezada, en su libro Vuelta en U. Guía para entender y reactivar la democracia estancada, plantea que la transición democrática en México “vive una regresión, una vuelta en ‘U’, porque sobreviven piezas fundamentales de un autoritarismo que se moderniza y porque la democracia funciona solo para beneficio de unos cuantos” (p. 16), y reconoce el papel fundamental de la sociedad civil, ya que, los ciudadanos han sido “los protagonistas de la transición”. “...Todo depende de que la sociedad organizada y consciente tome el liderazgo y asuma el protagonismo que el momento histórico le exige”

Con el Regreso del PRI a la Presidencia de la República, la sociedad organizada incluyendo a las agrupaciones políticas nacionales, tiene grandes retos, uno de ellos es la exigencia de la transparencia y la rendición de cuentas de las actividades que realiza el gobierno federal, ya que en México, hoy día nos encontramos ante una situación complicada en diversas áreas de la vida nacional.

El incremento exponencial en la violencia e inseguridad ocasionadas por el crimen organizado, las autodefensas en diversos estados de la república, y la aparente incapacidad del Estado mexicano para hacer frente a este problema, los altos niveles de desigualdad social y económica, el crecimiento insuficiente de la economía mexicana, incapaz de cubrir las necesidades básicas de la población; la corrupción endémica que afecta el desarrollo de las instituciones, manifestándose en todos los niveles de gobierno, son algunos de los principales problemas que enfrentamos como nación en la actualidad, mismos que no han encontrado solución en las políticas públicas o procesos políticos diseñados con este objetivo.

Lo contrario a transparencia y rendición de cuentas es la impunidad gubernamental. Cuando los ciudadanos requieren información sobre las actividades que realizan los partidos políticos, deben buscarla a través del IFE, que es quien tiene facultades para solicitárselas; es decir, no hay acceso directo que haga de los ciudadanos, sujetos activos de la transparencia partidaria. (Artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Legislación Federal, Vigente al 9 de diciembre de 2013)

Igualmente no podemos saber de qué forma y criterio, los partidos políticos distribuyen a sus estructuras, delegaciones, o grupos los recursos públicos que se le otorgan para sus actividades partidarias. Dentro de la comprobación de la documentación financiera, no están obligados a definir de qué manera repartieron esos recursos entre sus órganos que los conforman. Esta laguna conlleva al manejo discrecional de recursos públicos sin que estén sujetos al escrutinio social, contribuyendo a desarrollar aún más la ya deficiente calificación que los ciudadanos siguen otorgando hoy a los partidos políticos.

Para la democracia es indispensable que en los tres niveles de gobierno, se lleven a cabo políticas públicas con los partidos políticos, las agrupaciones políticas, así como con la sociedad civil, ya que son esenciales para acrecentar una cultura cívica sana basada en la pluralidad del debate, el análisis crítico y las acciones transparentes, así como para la eficacia y la sustentabilidad de los proyectos y procesos de desarrollo.

Una de las grandes preocupaciones políticas, ha estado y estará en mantener un Consejo General del Instituto Federal Electoral o próximamente llamado Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que tenga verdadera autonomía ciudadana, que pueda en un momento dado salvaguardar la institución garante de las elecciones y que esto repercuta no sólo en el Distrito Federal sino en todas las entidades federativas, como es el caso de las designaciones de los consejeros electorales en los estados del país.

Por lo que es necesario cambiar la legislación en materia electoral a efecto de que la designación de los consejeros electorales se realice por votación directa de la ciudadanía y no por elección de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, que solo velan por su beneficio político-partidista.

¿Qué sucede en los Institutos Estatales Electorales? Lo cual viene a colación ya que la mayoría de las Leyes Electorales de los Estados guardan semejanzas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto significa que, al igual que la designación de los consejeros del IFE, los consejeros electorales locales también deberían ser electos por votación ciudadana y no a través de los diputados de mayoría en los congresos locales y que en muchos estados de la República tienen en sus legislaturas mayoría del partido político al que pertenece

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