Derecho Bursátil

6.3. Autonomía del Derecho Bursátil

Autonomía legislativa: la actividad bursátil se reguló en un principio en el Código de Comercio, posteriormente el legislador consideró que dadas las características de éstas actividades, era necesaria su reglamentación específica, por tanto se expidieron leyes como la Ley del Mercado de Valores, Ley de Sociedades de Inversión y Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Por autonomía legislativa se entiende el hecho de que las leyes que integran al Derecho Financiero, constituyen un cuerpo de disposiciones separado y orgánico. Esta autonomía legislativa es reafirmada por la Constitución Federal en su artículo 73 fracción X, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre intermediación y servicios financieros

• Autonomía sustancial: esta autonomía debe entenderse en el sentido de que las legislaciones financieras han venido sosteniendo principios generales propios, tales como las disposiciones relativas al funcionamiento y operación de las entidades financieras; la supervisión de las entidades financieras por organismos del estado (CNBV); terminología especial en los reglamentos, circulares y oficios circulares que expiden las autoridades reguladoras y supervisoras para las entidades financieras; la prevalencia del interés público, fundada en la necesidad de un entorno legal que asegure la estabilidad y desarrollo del sistema financiero y la protección de los intereses del público usuario

• Autonomía científica: las legislaciones que integran esta rama del derecho, forman un sistema ordenado e independiente, agrupado sistemáticamente • Autonomía didáctica: el derecho bursátil es objeto de una exposición independiente en las facultades de derecho de la República; esta autonomía didáctica se ha hecho necesaria, en cuanto a que su conocimiento y estudio reclama una sistematización

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