Derecho Procesal

zar prácticamente las normas legales, entonces se incurre en el extremo contrario, pues en tal caso quedan fuera de la función administrativa la mayor parte de los actos jurídicos, dejando solamente los actos

materiales encaminados directa e inmediatamente a dar efectividad a las

disposiciones legislativas. Sin embargo, cuando el Poder público obra

con facultades discrecionales, cuando celebra contratos, y, en general,

en todos aquellos casos en que la ley no impone una obligación, sino

que se limita a autorizar determinadas actividades, no- puede decirse

propiamente que esté ejecutando la ley, por más que se esté obrando

dentro de ella. Sin embargo, muchas de esas actividades, como más adelante veremos, pueden y deben considerarse como indiscutiblemente administrativas.

Así, pues, el concepto de ejecución de las leyes no es útil para

dar una idea de la función administrativa, ya que o bien es muy amplio

y abarca todas las funciones del Estado o por el contrario es muy

estrecho y ni siquiera agota toda la actividad administrativa.

Estimamos que la ejecución de la ley puede confundirse con la

noción de función administrativa si por aquélla se entiende no sólo

la ejecución material o corcreta de las leyes, sino también la realización

de otras tareas en que o bien se hace uso de autorizaciones que da la

propia ley, o de facultades discrecionales que ella otorga o si como

lo sostiene Vedel, el término de ejecución de las leyes abarca una tarea

más general que "es asegurar el mínimo de condiciones necesarias para la

continuidad de la vida nacional, es decir, el mantenimiento del orden púo

blico y la marcha de los servicios públicos". (Dr. Adm., 1976, pág. 20.)

Creemos que el criterio sustentado no contraría, sino que, al contrario, se ajusta al que inspira nuestro derecho positivo.

En efecto, el artículo 89 de la Constitución, que señala las facultades

y obligaciones del Presidente de la República, enumera en primer lugar

la de ejecutar las leyes, pero además consigna otras facultades cuyo ejercicio no constituye propiamente ejecución de la ley, a pesar de ser funciones administrativas, tales como las de nombramiento y remoción de

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