Derechos humanos vulnerables en Сhile

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Derechos humanos vulnerables en chile

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Derecho vulnerable en Chile

La pandemia reafirmó una serie de carencias y derechos no respetados que enfrentan día a día chilenos y chilenas, entre ellos está el derecho a la vivienda digna. El confinamiento obligatorio al que se sometió a millones de personas en el país, junto a las exigencias de distancia social, el teletrabajo y la tele educación reafirmaron una realidad que muchos han denunciado desde hace décadas: en Chile tener una vivienda digna parece una utopía para miles. Más de 800 campamentos a nivel nacional, un déficit de vivienda cercano a los 500 mil y más de 18 mil personas en situación de calle son parte de las cifras que dan cuenta del problema de vivienda que enfrenta nuestro país. Así en medio de un proceso constituyente que podría garantizar una nueva Constitución el debate sobre cómo y por qué este derecho debería ser garantizado en Chile va tomando fuerza. Actualmente, si bien este derecho ha sido incorporado en otros países y es parte de algunos tratados internacionales, en Chile no existe garantía constitucional de él. “Se ha normalizado muchísimo una determinada forma de provisión de la vivienda que la entiende como un bien de consumo y no como un derecho humano. Esa ausencia en la comprensión cultural de la vivienda como un derecho fundamental ha generado una cierta barrera que ha impedido que el derecho a la vivienda sea reconocido como tal. Más allá de lo que diga la Constitución, o de lo que digan las normas internacionales, hay una cierta cultura asociada a la provisión de la vivienda que ha impedido que permeé su condición de derecho fundamental”, comentó al respecto el abogado constitucionalista Jaime Bassa.

En esa línea, el profesional del derecho explicó que uno de los principales desafíos del proceso constituyente será entender y procesar que muchos derechos fundamentales no solo tienen una dimensión individual, sino también una colectiva, lo que ocurre en este caso. “La vivienda se ha normalizado a través del funcionamiento de tres mercados distintos pero que funcionan de manera complementaria: el mercado sobre la tierra, el mercado sobre la construcción y el mercado sobre el acceso al crédito. Son tres modos de lógicas mercantiles, de racionalidades mercantiles que se imponen en la protección del derecho a la vivienda (…) Esa lógica no entiende que detrás de la vivienda hay no solamente la necesidad de una persona o de una familia de acceder a un bien determinado, sino que hay una determinada forma de construir una sociedad, de construir la convivencia en la ciudad. Lo más importante de esa discusión es primero sacudirse esa idea un poco restrictiva de entender que los derechos solo protegen dimensiones individuales”, explicó Bassa.

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