Diagnostico de gobierno abierto

DIAGNÓSTICO DE GOBIERNO ABIERTO EN PARTICIPACIÓN CIVIL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA MESA CUNDINAMARCA

2018

INTRODUCCIÓN

Antes de avanzarse en la presente indagación, es importante aclarar dos conceptos fundamentales, a saber: “Diagnóstico y plan de desarrollo”, ya que el primero hace una clara referencia al conocimiento de las causas y efectos que generan situaciones concretas, las cuales pueden contener en sí mismas; dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas, a fin de lograr determinar las acciones de mejoramiento y solución, y cuanto más: cuando se trata del tema gobierno abierto, la democracia, la participación, transparencia, el acceso a la información pública y rendición de cuentas, cuestiones que son parte fundamental de la administración pública. Entre tanto, el segundo término representa un eje de los planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local, al concebirse como aquel instrumento de la administración pública en la ejecución de diversas políticas sociales y financieras que contribuyen a generar crecimiento económico y progreso social, al satisfacerse las necesidades más inmediatas de cada población en específico, identificar sus problemáticas y ofrecer soluciones a corto, mediano y largo plazo, a partir del presupuesto gubernamental.  

Por lo tanto, este diagnóstico de Gobierno Abierto desde la participación civil, la transparencia y la rendición de cuentas, en el contexto del plan de desarrollo propuesto para el Municipio la Mesa Cundinamarca, servirá al análisis de las acciones gubernamentales y sociales que podrían afectar aquellas políticas públicas o potenciarlas en su gestión e implementación, según el cumplimiento de las leyes administrativas y jurídicas del Estado central y descentralizado, o su respectivo quebrantamiento.      

CAPÍTULO I

FUNDAMENTO DE LA TESIS

Aproximación conceptual desde la Administración Pública

Para realizar un diagnóstico apropiado sobre el tema “Gobierno Abierto”, y su relación con la transparencia, el acceso a la información pública, los mecanismos de participación y la rendición de cuentas, en el contexto del plan de desarrollo municipal, es fundamental: reconocer que es la función pública, igualmente lograr identificar que es conflicto de intereses y cómo funciona el poder disciplinario para corregir y sancionar las faltas leves, graves y gravísimas, y todo ello de una manera breve, clara y sencilla.

Contexto de la función pública en Colombia

La Constitución Política de Colombia del año 1991, permite comprender e interpretar la función pública como un servicio nacional que protege  todos los intereses generales, desde el derecho público y la legitimidad de los ideales y anhelos, tanto del Estado como de la población civil, los cuales son y serán el reflejo de una administración gubernamental en acción, la cual permite que los objetivos y metas sean medibles a nivel cuantitativo y cualitativo, al garantizarse los deberes y derechos entre actores públicos y sociales, los primeros al ejercer de una manera honesta sus cargos, y los segundos; al ser veedores ciudadanos para determinar y comprobar si los delegados han cumplido con sus funciones públicas.  

Así las cosas, la Norma de Normas dictamina:

Artículo 209. La función administrativa estará al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante una descentralización, la delegación y la desconcentración de las funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, y la administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (Constitución Política de Colombia, 1991)

Al respecto, el artículo 209 de la Carta Magna contiene dos enfoques; uno relacionado con las funciones, y el otro con las organizaciones, el primero hace referencia al enfoque constitucional titulado la igualdad, moralidad, eficacia, economía, publicidad e imparcialidad. El segundo, se aplica a la competencia administrativa que posee cada entidad o institución pública, su derecho a la descentralización nacional, la desconcentración del poder político, a delegación legal de ejercicios estatales y coordinación jurídica, económica, gerencial y de poder disciplinario; tanto de sanción, como de investigación penal.  

Desde luego, la función pública en el país puede ser medible a través de la ejecución de las denominadas “Políticas públicas”, y estas entendidas a través de los Planes de Desarrollo nacional, regional y municipal, también así:  

Las políticas públicas son una construcción social donde el gobierno, como el orientador de una gran acción colectiva e interactiva, vela y garantiza por la protección de los intereses generales. Por ende, a diferencia de los enfoques que ven la interacción con la sociedad como algo muy regresivo para la toma de decisiones, resulta que esta no es solo deseable, sino también; condición necesaria para el éxito de los procesos de las políticas públicas.

(Melo y Santander, 2013, pág. 16)

Entonces, las políticas públicas en Colombia constituyen los instrumentos del Estado central y descentralizado, que permiten orientar a las acciones de los funcionarios estatales y los actores sociales, a favor del progreso social, desarrollo ecológico y económico de las poblaciones de Colombia, los cuales participaran en esa denominada toma de decisiones.

Todo ello, para contribuir a generar un crecimiento económico y progreso social, al satisfacerse las necesidades más inmediatas de cada población en específico, identificar sus problemáticas y ofrecer soluciones a corto, mediano y largo plazo, a partir de un presupuesto nacional y municipal, y así mismo: desde la planeación gubernamental.  

Por estas razones, parte de los compromisos del Estado en el ejercicio de la función pública se fundamentan del siguiente modo:

- Asegurar la adaptabilidad jurídica y administrativa de las políticas cuando el cambio de las circunstancias y los nuevos mandatos lo requiera.

- Garantizar una coherencia entre diferentes ámbitos de las políticas, para que las nuevas políticas sean coherentes con las ya existentes.

- Asegurar la coordinación efectiva entre los diferentes actores que operan en un mismo ámbito. (Melo y Santander, 2013, pág. 25)

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