Duda Razonble

Por duda razonable se entiende el que no está seguro de la culpabilidad de un denunciado imputado a una certeza moral, se refiere a la ventaja de la duda dada al denunciado antes de asegurarse que éste sea culpable del ilícito inculpado.

Entonces podemos decir que “duda razonable es una duda con fundamentos de razón y no meramente caprichosa". Tipificada en el ordinal 280 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, ya que el Juzgador en su quehacer jurídico está obligado al uso de la sana razón, buscando el principio o cimiento adecuado y correcto para fundamentar su juicio. Al existir duda sobre la comisión de un delito, es preferible para la justicia absolver al posible culpable (con duda razonable), que sentenciar al inocente, siempre y cuando esta duda de los hechos sean evidentes y probados.

De lo anterior expuesto se puede deducir que la duda razonable se refiere al momento en que tanto el fiscal como la defensa muestran al juzgador una serie de instrumentos de prueba, para demostrar cada uno en su rol, lo que a su bienestar convenga; pero en este caso en particular, el juzgador no encuentra elementos suficientes en ninguna de las dos teorías, por lo que dejando a un lado elemento objetivos para resolver, comienza a razonar, de acuerdo a su experiencia, sobre lo que en realidad sucedió, y cuál es la manera correcta de resolver la cuestión planteada. Uno de los aspectos de la regla de la duda razonable que ha suscitado mayores polémicas en el ámbito anglosajón es el relativo a si es conveniente que los jurados sean instruidos acerca de su significado o si, por el contrario, es preferible confiar en su prudencia a la hora de valorar la prueba.

En ese orden de ideas, tenemos que la carga de la prueba es una pauta de comportamiento para el titular de la acción penal, representado por el Ministerio Público, máxime que tiene a su cargo la actividad probatoria de acopio selectivo de medios de prueba, debiéndose realizar de manera expeditiva, eficiente e integral, ya que esto permitirá por parte del juzgador una correcta y eficaz administración de justicia penal.

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