ECONOMIA MUNDIAL

La crisis económica que se abatió sobre los mexicanos en la última década tuvo un rasgo distintivo: Fue la conclusión de la más gigantesca maniobra especulativa del siglo.

Los más acaudalados empresarios, aliados a poderosos grupos económicos extranjeros, precipitaron la crisis financiera que llevó a que más de 7 millones de usuarios de la banca cayeran en cartera vencida, con graves repercusiones para la vida política, económica y social del país.

Privilegiados por la política económica, los banqueros han realizado la mayor expropiación de que tengamos memoria. Beneficiados con la reprivatización bancaria, con los créditos otorgados entre sí o para sí mismos, al final de sus tropelías exigieron, y obtuvieron del gobierno, que pusiera a su disposición gigantescos recursos económicos para salvar a la banca.

Producto del modelo económico implantado en el país a partir del sexenio de 1982, no como modelo alternativo, sino como continuidad de la política económica desarrollada previamente por sus inmediatos antecesores, José López Portillo y Luis Echeverría, una nueva clase social se ubicó en la dirección del país, las cúpulas financieras, y llevó a que se profundizaran gravemente las abismales diferencias sociales.

Bajo la conducción de los últimos tres presidentes de la República, el número de pobres y el de mexicanos que arribaron a niveles de la pobreza extrema se incrementaron, al mismo tiempo que la concentración de la riqueza rebasó la imaginación. En esta década, alrededor de 20 grandes empresarios nacionales ingresaron a la lista de los más ricos del mundo.

Parte fundamental del acelerado crecimiento de su riqueza lo constituyó la política bancaria aplicada, tanto por el régimen de Salinas como el de Zedillo.

La banca mexicana es el vivo espejo de la monstruosa concentración de la riqueza. Cuatro bancos, Bancomer, Banamex, Bital y Serfín, acaparan el 80% del capital y las operaciones bancarias.

Los propietarios de los bancos son los privilegiados de los gobiernos de los presidentes egresados de las universidades extranjeras.

Ahora todo el país es presa de sus fechorías. A través del rescate bancario obtuvieron cuantiosas fortunas procedentes del presupuesto gubernamental y, mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y la posterior creación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, encubrieron sus ilícitos.

El día de la guadalupana de 1998, pasará a la historia nacional como uno de negra memoria. En tal fecha, la nueva mayoría de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrada por los diputados federales del PRI y del PAN, aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Sus consecuencias las sufriremos los mexicanos de ésta y las dos próximas generaciones.

El presente trabajo intenta explicar de la manera más sencilla posible tales enredos financieros y se dividió en cinco secciones: La primera, Fobaproa, el atraco del siglo, aborda las ilegalidades de este organismo; la segunda, Fobaproa II, el IPAB, analiza la ley que le da origen y ofrece una opinión sobre este instituto; la tercera, es un análisis inicial del programa gubernamental de apoyo a los deudores, "Punto Final", creado como consecuencia de la aprobación del IPAB; la cuarta es un listado de conceptos y palabras relacionadas con el mundo de las finanzas, y la quinta sección, es una numeralia para aquellos lectores que les guste hurgar en los números.

¿QUÉ ES EL FOBAPROA?

Era, y es, porque aún no desaparece, un organismo encargado de vigilar y garantizar las operaciones de los bancos. Para cumplir con ese fin recibía de los bancos y del gobierno federal recursos económicos y podía, hasta ciertos límites, con una vigilancia especial y bajo reglas específicas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entregarle a los bancos respaldos económicos por los créditos que hubieran caído en cartera vencida.

Se creó en 1990 con aportaciones de los bancos como un fondo para garantizar los depósitos de los ahorradores. El fondo es un fideicomiso privado y no una entidad de la administración pública federal y era administrado por el Banco de México.

Sin embargo, ante la crisis bancaria, el gobierno, a través de Fobaproa, y sin aprobación de la Cámara de Diputados, les cambió a los bancos la cartera vencida por pagarés, que se vencían a los diez años, tiempo en el cual no se podían vender ni intercambiar. A cambio les garantizó que generarían intereses capitalizables cada tres meses, esto es, que les pagaría intereses sobre intereses.

Pero el problema para los banqueros es que los documentos no se podían vender en las bolsas de valores. De ahí la propuesta del Presidente Zedillo de convertirlos en deuda pública. Para obtener esto se necesitaba la aprobación de la Cámara de Diputados.

Esta transformación les generaría altísimos intereses a los compradores, dinero que tendría que gastar el gobierno, ya sea por medio de convertir los pagarés de Fobaproa en deuda pública, o por medio de otros instrumentos financieros expedidos por un organismo, específicamente creado con este fin, para que convirtiera los pagarés de Fobaproa en los nuevos instrumentos financieros, a los que se llamaran "garantías" u "obligaciones".

De los 560 mil millones de pesos, aproximadamente 65 mil millones de dólares, a que ascendían las deudas de Fobaproa hasta el mes de febrero de 1998, aproximadamente 360 mmdp de deuda pertenecían a los bancos "muertos", que son los bancos intervenidos

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