EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN COLOMBIA Y SU AFECCIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA

EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN COLOMBIA Y SU AFECCIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA

La falta de vivienda adecuada y la fragilidad de los hábitats reflejan las difíciles condiciones económicas y sociales que vive la mayoría de la población de América Latina y el Caribe.

Como lo escribe González. T (2016) en su artículo “¿Se entiende el problema de la vivienda? El déficit habitacional en discusión”  

“Según un estudio del Banco Interamericano de desarrollo (BID), una de cada tres familias “habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos”. “Casi dos millones de los tres millones de familias que se forman cada año en las ciudades latinoamericanas se ven obligadas a instalarse en viviendas informales, como en las zonas marginales, a causa de una oferta insuficiente de viviendas adecuadas y asequibles”.

Es que es de esta manera que evidenciamos que estas problemáticas socio económicas, no solo son de este país, son generales, debido a muchas causas inmersas en la sociedad actual, como la mala administración, la injusticia social, la prevalencia del sector mercantil, el afán por el auge económico, la corrupción y demás.

En este caso, Colombia no es la excepción, hay una vulnerabilidad, relacionada a lo cuantitativo, interpretando que no hay suficientes viviendas para todos y uno cualitativo, donde están quienes tienen una vivienda, pero no en las condiciones adecuadas, evaluando la infraestructura, saneamiento, agua potable y demás estándares básicos para lograr una vivienda digna.

Es responsabilidad del gobierno el asumir directa y efectivamente la responsabilidad de la población de Colombia como estado social jurídico, no solo por los derechos básicos, sino también por otros derechos que representan la calidad y el bienestar de los colombianos; este es el caso del derecho tener casas dignas.

En un artículo, publicado en Universidad del rosario, Fandiño, N (2018) dice que:

“el estudio, el 37 % de los colombianos no posee un techo para vivir o vive en viviendas de mala calidad. Ante esta problemática, por un lado, el sector público ha decretado con limitaciones políticas económicas y sociales para la vivienda social. Por otro lado, la intervención del sector privado se ha dado desde la conformación de normas nacionales y planes de subsidio; pero en ambos casos, las medidas no han sido efectivas para dar solución al desarrollo de viviendas informales”.

Históricamente, la provisión de vivienda social siempre ha sido un problema entre la política económica y la política social: para la primera, la provisión de vivienda no promueve directamente el crecimiento económico, mientras que, para la segunda, en comparación con otras acciones, es costosa. Como resultado de este concepto, el gobierno generalmente tiende a invertir relativamente poco en la oferta de vivienda, especialmente para las personas más pobres, porque no se ha demostrado plenamente el potencial de las políticas y planes de vivienda para reducir la pobreza.

En un estudio que se da en 1975, se puede evidenciar que es desde hace mucho que este problema azota al país, el caso que se da es en Bogotá, donde Losada, R. dice:

“La actividad constructora en Bogotá, infiriéndola de las licencias de construcción aprobadas en los últimos tres años, llega en promedio a unas 14 mil unidades nuevas por año. A esta cifra habría que agregar el dato, tentativo, de las viviendas que se construyen sin licencia oficial en los barrios ilegales, y que, por consiguiente, no son incorporadas en las estadísticas oficiales sobre la construcción. Se calcula que ellas pueden ser unas 19 mil por año. Sumando la construcción legal con la ilegal resultan 33 mil muchas viviendas por año. Lo cual viene a corresponder aproximadamente a la mitad de lo requerido”.

Con esto se muestra que el presupuesto que se da para vivienda, primeramente, no es suficiente, ya que carece de veracidad al registro del país, las inconsistencias serian que no todas las viviendas están registradas y por ende tampoco la cantidad de personas que están matriculadas dentro del déficit de vivienda, tapando ciertas cifras y minorizando la situación.

Considerando la diversidad del entorno geográfico de Colombia, y la necesidad de asegurar a las familias y compradores que sus inversiones son sostenibles a mediano plazo y libres de inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otros problemas.

Por otro lado, es importante considerar que no se pueden realizar los cambios necesarios en las políticas gubernamentales para no dañar la inversión social o empeorar las condiciones de vida de las personas, sino que se deben corregir las condiciones de vida que obstaculizan su desarrollo.

El desarrollo de la sociedad, la cultura o la producción, por lo que es función del Estado atender siempre las deficiencias sociales; por lo tanto, la determinación del uso del suelo debe estar claramente determinada, y la obra correspondiente al espacio final provisto circundante debe planificarse de manera efectiva para llevarse a la ejecución.

Dado que los proyectos de vivienda se utilizan a menudo para manipular políticamente a los ciudadanos o socavar las condiciones dignas de las casas que se les entregan, es necesario enfatizar estrategias para reducir la corrupción, que es un problema muy grande en el contexto colombiano.

Esta situación se ha agravado hasta el punto de que la población es más frágil y carece de condiciones educativas suficientes para discernir las declaraciones de los líderes o gerentes públicos, por lo que este tipo de población muchas veces siente los beneficios que les otorga la ley, como los Se consideran buenas personas con “grandes mentes”, por lo que la tarea más urgente es ampliar los mecanismos públicos para superar la ignorancia de las reglas y los derechos de los grupos más desfavorecidos.

Cabe resaltar que como lo expresan Camargo, y Hurtado (2011) en su artículo “Vivienda y pobreza: una relación compleja. Marco conceptual y caracterización de Bogotá” 

“Las políticas deben orientarse no solo a proveer un techo para los más pobres, sino a garantizar la producción de una vivienda que cumpla las características de ser adecuada en condiciones de dignidad. Para esto es importante una concepción del déficit de vivienda que vaya más allá de contar el número de hogares sin vivienda y que incorpore características de las carencias de viviendas de calidad”

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