EL PRESIDENTE Y EL COVID-19

El presidente de la República de Colombia es el jefe de Estado y de Gobierno, Suprema autoridad administrativa de Colombia y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Por ende, tiene todas las facultades para tomar decisiones que permiten salir adelante en medio de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos como humanidad.

Es importante precisar que al presidente le faltó y le sigue faltando el liderazgo colectivo y constructivo, cuando el país se enteró que llego el COVID -19. Una vez iniciaron los protocolos de prevención todo parecía dar resultado, pero el mandatario no veía que el principal foco de infección de Colombia estaba entrando por la principal terminal de comunicaciones nacional e internacional (EL Dorado). Una semana después fue que el presidente tomó la necesaria y urgente decisión de cerrarlo, cuando los mandatarios locales, alcaldes y Gobernadores deciden utilizar simulacros y toques de quedas el presidente nuevamente envía un mensaje distinto a lo que quieren los ciudadanos en general, en el cual me incluyo. Hoy estamos a puertas de una cuarentena nacional y obligatoria que es más que necesaria para evitar la expansión de este virus, una decisión que le aplaudo de pie. EL gran reto es garantizar la salud, educación, la economía y demás variables que conforman la vida digna de más de 50 millones de colombianos y colombianas. La pedagogía y cultura ciudadana debe ser un eje fundamental, para que cada colombiano desde su hogar comprenda la magnitud de las cosas.

En cuanto a los asuntos económicos el presidente precisó medidas claras y contundentes como lo fueron:

• Diseño de esquema para que empresas y personas que tengan cerca el vencimiento de créditos hipotecarios o de otra naturaleza, tengan la posibilidad de no pagar durante estos meses y puedan refinanciar extendiendo los plazos, de tal manera que no sean reportados.
• Puesta en marcha de una línea de garantías que permitirá a las empresas mantener el pago de sus nóminas durante la vigencia de la emergencia económica y sanitaria.
• Eliminación del IVA a la importación de productos y tecnologías para el sistema de salud.
• Garantizar el debido abastecimiento de las ciudades y municipios del país para enfrentar la coyuntura.

Algo que no es malo e impacta positivamente la economía de este país y el bolsillo de empresarios y demás sectores de las economías. Sin embargo, el presidente, al parecer no deja a un lado lo que para él parece ser sus prioridades e intereses personales y el de sus aliados. Resulta que Iván Duque anuncia días atrás la firma del decreto 444, que a groso modo es un mecanismo que permite ingerir en los recursos regionales para insertarlos en la banca y así financiar la economía nacional. Además, cabe precisar que el decreto trae consigo otros parágrafos que no le convendría a los ciudadanos como lo es:

• Pagar los costos generados por la ejecución de los instrumentos contratos celebrados para el cumplimiento objeto FOME.
• Efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero a través de la transferencia de valores, depósitos a plazo, entre otras.
• Invertir en instrumentos de capital o deuda emitidos por empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional, incluyendo acciones con condiciones especiales de participación, dividendos y/o re compra de otras.
• Proveer directamente financiamiento empresas privadas, públicas o mixtas que desarrollen actividades de interés nacional.
• Proveer liquidez a la Nación, únicamente en aquellos eventos en los que los efectos de la emergencia se extiendan a las fuentes liquidez ordinarias.

Los países deberían reforzar la vigilancia de los brotes inusuales de enfermedades similares a la ‎gripe y la neumonía grave y hacer un seguimiento cuidadoso de la evolución de los brotes de ‎COVID-19, reforzando la vigilancia epidemiológica. También deberían, mediante una comunicación ‎eficaz, sensibilizar mejor al público, a los profesionales de la salud y a los legisladores de los riesgos ‎relativos a la COVID-19, y evitar medidas que pudieran generar estigma o discriminación. Los países ‎deberían comunicar a la OMS toda la información pertinente necesaria para evaluar y gestionar ‎la COVID-19 de manera oportuna, como exige el Reglamento Sanitario Internacional (2005).‎

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