EVIDENCIA #10: HECHOS, CONDICIÓN Y ESCENARIOS DE FAMILIAS MIGRANTES SEPARADAS

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES

Derechos Humanos

EVIDENCIA #10: HECHOS, CONDICIÓN Y ESCENARIOS DE FAMILIAS MIGRANTES SEPARADAS, BAJO LA POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP

Maestra: Marta Alicia Merla Cuéllar

Equipo #4

Alumnos:

Fryda Stephania Jiménez Martínez         1742907

Alejandra Maldonado Enríquez                 1733077

Susana Camou Carrillo                         1746390                        

Daniela Santos Sánchez                         1743105

Tania Elizabeth Sias Molina                    1731597

Naomi Palomares Ibarra                         1753539        

Grupo: AD8                  Aula: C01

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 08 DE MAYO 2020.

INDICE

INTRODUCCIÓN        3

SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS MIGRANTES        4

CRONOLOGÍA        6

LINEA DEL TIEMPO.        14

LEGISLACIONES APLICADAS        15

POSTURA        15

CONCLUSIONES        16

Fryda Stephania Jiménez Martínez 1742907        16

Alejandra Maldonado Enríquez 1733077        17

Susana Camou Carrillo 1746390        17

Daniela Santos Sánchez 1743105        17

Tania Elizabeth Sias Molina 1731597        17

Naomi Palomares Ibarra 1753539        18

REFERENCIAS        19

INTRODUCCIÓN

SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS MIGRANTES

1. Migración en Estados Unidos.

La protección de derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos ha sido una lucha de décadas de disputas políticas y legales. Tienen su origen en la década de los ochenta, cuando el gobierno estadounidense cometió abusos hacia los derechos humanos de una avalancha de inmigrantes centroamericanos, y entre los que había centenares de menores no acompañados. Ante ello se llevaron a cabo una marea de acciones para poner fin a tal abuso, entre las cuales se puede recalcar los siguientes acontecimientos:

• 1 de julio de 1985: Se presentan una demanda colectiva en un tribunal de Los Ángeles, encabezada por la salvadoreña Jenny Lisette Flores y que alegaba que el Gobierno violaba los derechos constitucionales que protegen a los menores que eran detenidos por cruzar la frontera sin la compañía de un adulto.

El caso de Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.

La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia, bajo el mando de la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.

Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y, exigía que se respetaran sus derechos considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.

• 28 de enero de 1997: Se firma el Acuerdo Flores, que establece un máximo de 20 días para mantener a los menores no acompañados en detención, obliga al Gobierno a liberarlos sin demoras innecesarias y retener a los niños en espacios poco restrictivos donde se garantice su cuidado.

En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.

• 27 de febrero de 2015: El Gobierno de Barack Obama presenta una moción para modificar el acuerdo ante la masiva llegada de niños centroamericanos que dio comienzo en mayo de 2014, pero días después los abogados de los menores que lograron este pacto respondieron con una demanda.

Obama reconoció la existencia de una crisis en la frontera tras la llegada, en lo que iba del año fiscal, de más de 40,000 menores no acompañados y un número similar de unidades familiares, quienes habían sido detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando intentaban ingresar ilegalmente al país.

La oleada, que había sido advertida un año antes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró la escaza capacidad de respuesta del gobierno federal para encarar la crisis y procesar a los migrantes, sobre todo a menores de edad.

El mal manejo de los procesos obligó a la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) a demandar al gobierno por violar los términos del Acuerdo Judicial Flores de 1997. La falta de planificación y de conocimiento de las causas trajo consigo más problemas de los que el gobierno federal podía atender en ese momento. Incluso se descubrió que una ley de 2008 sobre prevención de tráfico humano (TVPRA) prohíbe la deportación inmediata o acelerada de menores de edad de países no fronterizos (México y Canadá) y exige que sea un juez de inmigración quien determine sus futuros en el país.

A finales de 2014 la ACLU junto a otras organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, demandaron al gobierno de Obama por violar los términos del acuerdo. Siete meses más tarde, una corte de distrito de California dictaminó que se violaba el acuerdo al mantener encerrados a menores de edad en centros restrictivos por más tiempo del permitido.

En agosto de ese año la jueza Dolly Gee, quien preside la Corte Federal del Distrito Centro de California, tribunal designado para la custodia del Acuerdo Flores, ordenó al gobierno de Obama la pronta liberación de todos los menores indocumentados detenidos, fijando un plazo hasta el 23 de octubre de ese año para cumplir el dictamen.

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