Economía criminal, violencia social y crisis poolítica

ECONOMIA CRIMINAL, VIOLENCIA SOCIAL Y CRISIS POLITICA EN GUERRERO.

Raúl Fernández

Mucho se ha escrito y comentado las últimas semanas en medios informativos nacionales e internacionales, sobre el dramático suceso en el que los alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron víctimas de la agresión armada, detención y desaparición  por parte de policías municipales y grupos de la delincuencia organizada del municipio de Iguala, estado de Guerrero.

La barbarie, sus actores, su impacto, las investigaciones judiciales y sus hallazgos, la exigencia de buscar y recuperar vivos a los 43 estudiantes desaparecidos, todo ello ha sido documentado de manera cotidiana en abundancia por los medios de comunicación.

También, se ha divulgado la condena de los hechos y la crueldad ejercida contra las víctimas, así como la exigencia de justicia, de una gran diversidad de personalidades y actores públicos, privados y sociales de México y del mundo.

Cada día se conoce de manera más puntual la crónica enriquecida de esos eventos y el seguimiento de sus efectos. Y, a pesar de ello, de los 10 mil hombres armados que investigan y buscan a los levantados, del uso de tecnologías avanzadas y procedimientos científicos de investigadores especialistas del país y extranjeros, de la participación solidaria de policías comunitarias, de la movilización de los esperanzados padres de las víctimas, de las anunciadas confesiones de dirigentes y cuadros de los grupos criminales, a pesar de todo ello, no aparecen ni rastros de los estudiantes buscados o sus despojos, ni convencen los avances de la investigación o afirmaciones de las más altas autoridades del gobierno de la república.  

Este panorama complicado, confuso y sumamente agitado parece no ofrecer la posibilidad de una explicación, y sí se conjeturan varias de ellas. Las preguntas que nos hacemos todos parecen ser compartidas ¿Por qué sucedió lo que pasó en Iguala la noche del 26 de octubre? ¿Cuál fue la “razón” por la que la policía municipal abrió fuego a los estudiantes normalistas? ¿Por qué los entregó a cuerpos de delincuencia organizada? ¿Qué andaban haciendo los muchachos de Ayotzinapa en Iguala?

El diario francés Le Monde publicó una nota periodística el 12 de noviembre pasado (Cinq questions sur la disparition des 43 étudiants mexicains) en la que presenta la crónica de esa noche, elaborada en base a fuentes periodísticas mismas y entrevistas. Dice que los 43 alumnos desaparecidos tenían entre 18 y 21 años de edad, que cursaban en su mayoría el primer año de estudios en la escuela normal de Ayotzinapa, ”bastión de la contestación social de uno de los estados más pobres de México”. Que el día de su desaparición, recorrieron 150 kilómetros de su escuela hasta Iguala, con el propósito de recolectar dinero para financiar su traslado a la Ciudad de México, a fin de participar en la tradicional marcha del 2 de octubre.

La policía local declaró que los normalistas se habían apoderado de un autobús del Ayuntamiento para regresar a Ayotzinapa después de su recolecta, pero testigos vieron a civiles armados (presuntos narcotraficantes) al lado de los gendarmes. La balacera se desató y dejó seis muertos y 25 heridos. Los sobrevivientes fueron trasladados en camionetas de la policía y entregados al grupo de narcotraficantes llamados “Guerreros Unidos”, “conocidos por ser el principal abastecedor de opio y marihuana de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos”.  

Varios miembros detenidos del cártel, afirmaron que los habían asesinado y sus restos calcinados (varios de ellos aún vivos) sobre una gigantesca fogata de llantas y madera, cuyas llamas fueron alimentadas durante 14 horas. Sus cenizas fueron dispersadas en el arroyo cercano. Sus confesiones llevaron a la búsqueda de esos despojos, encontrándose diversas fosas plenas de restos de decenas de cuerpos desmembrados y también calcinados.

Afirmaron que la orden de detener a los estudiantes fue del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de narcotraficantes conocidos y a quien señalaron como dirigente de Guerreros Unidos. La orden del alcalde Abarca –dicen las notas de Le Monde y de Milenio del 26 de octubre presentada por SIPSE.COM- fue por su “temor” de que los normalistas sabotearan el evento en el que su esposa presentaba su segundo informe de labores del DIF municipal, acontecimiento con el que presuntamente iniciaba, también, su campaña para obtener la presidencia municipal que dejaría su esposo al término de su mandato en 2015.

Normalistas de Ayotzinapa habían participado en Iguala en movilizaciones contra el alcalde en mayo y junio del 2013, a quién señalaron como autor del asesinato de un dirigente social, cuya esposa es regidora en el gobierno municipal. En fin, el dirigente del grupo delictivo Guerreros Unidos, Sidonio Casarrubias, confesó que los normalistas fueron atacados con armas para defender “su territorio”, porque entre los estudiantes habían 17 miembros de un grupo criminal rival (Los Rojos).

En su artículo “Iguala, la verdad impronunciable” publicado en el diario estatal “El Sur” (19 noviembre 2014, columna publicada en varios diarios nacionales), el periodista Raymundo Riva Palacio presenta una síntesis de los hechos, investigaciones e informe del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sobre los trágicos acontecimientos que detonaron fuertes y violentas movilizaciones sociales y crisis política en Guerrero, así como múltiples actos en México y varios países del mundo, de crítica a la actuación tardía, errática e ineficaz de las autoridades locales y federales, a las que han venido demandando firmemente el encuentro con vida de los 43 normalistas desaparecidos y la aplicación de justicia y castigo a los culpables. “La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un caso jurídicamente cerrado –asienta en su columna Riva Palacio- pero penalmente abierto”. Pero para los padres de los asesinados y desaparecidos el caso no está cerrado, mientras no se encuentren a sus hijos vivos, o se presenten pruebas de su muerte.

Este hecho desencadenó una ola de protestas de los propios normalistas, de los profesores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CNTE), de otras organizaciones sociales del mundo rural guerrerense, así como de diversas agrupaciones de la entidad y del país. Las movilizaciones sociales se han mantenido con intensa actividad, bloqueando carreteras, tomando edificios públicos y con episodios de violencia que han llegado al incendio de sedes de partidos políticos, de los poderes ejecutivo y legislativo estatales, incluso, una de las puertas del Palacio Nacional.

En Guerrero la intensa movilización de los grupos mencionados y la crítica a las autoridades estatales, llevaron a la dimisión del gobernador del estado y a su reemplazo por una autoridad universitaria, como sucedió antes en el estado de Michoacán.

En un hecho de la magnitud e impacto de ocurrido en Iguala se entrecruzan diversas dinámicas y procesos de la sociedad regional y nacional: económicos, sociales, políticos, ideológicos y psicológicos de largo aliento. La coyuntura privilegia la acción política, social y jurídica y su análisis, pero para comprender las causas de los acontecimientos que cimbran a una sociedad hay que buscar sus causas profundas y sus trayectorias históricas, en una visión que integre las dimensiones señaladas arriba.

Es ese el propósito de las notas que se presentan y que preparan el análisis del proceso político que llevó al estado de Guerrero a la alternancia política en el 2005, cambio que si bien modificó el escenario regional, ha dejado en esencia intacto el andamiaje jurídico y político que permite salvaguardar un sistema de dominio tradicional, así como una representación y un gobierno excluyentes, que prolonga la primacía y conformación de la élite política estatal, tenuemente refrescada por grupos y liderazgos emergentes que en breve lapso hacen propia la cultura política de quienes dicen combatir.

La hipótesis que guía esta búsqueda de explicaciones afirma que el dramático suceso en los que los alumnos de la normal rural de Ayotzinapa fueron víctimas, hizo emerger de forma sanguinaria una sociedad territorial ceñida y dominada por la economía moderna criminal, que colisiona con una economía tradicional en agonía y con una comunidad a la defensiva y en condiciones de pobreza generalizada. También, por un aparato público penetrado y rebasado por los empresarios en ascenso; y por una clase política crecientemente asociada, sometida o amenazada por esta nueva burguesía y sus empleados.

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