Educación Publica Y Privada

Educación privada y pública

La educación pública requiere, sin dilación, una ampliación sustancial del presupuesto del MEP

Este esfuerzo financiero debe, sin embargo, estar precedido de una revisión profunda de la administración de los recursos actuales

El exrector de la Universidad de Costa Rica Gabriel Macaya y el director del programa Estado de la nación en desarrollo sostenible, Miguel Gutiérrez, plantearon, ayer, en la sección de opinión de este periódico, algunas preguntas y respuestas, relativas a los costos de la educación pública y privada. El tema es relevante por su especificidad y por las credenciales de los autores del comentario. Confiamos en que los próximos gobernantes y legisladores le den pensamiento, desde ahora, a tan importante cuestión.

Primera pregunta expuesta: ¿Qué porcentaje de la población estudiantil actual cubierta por la educación pública de primaria y secundaria podría ser atendida a los precios promedio o a los precios mayores de la educación privada con el mismo nivel de gasto? Respuesta: se cubrirían el 37,8 por ciento a los precios promedio y el 8,7 por ciento a los precios mayores. Segunda pregunta: ¿En cuánto habría que incrementar el nivel de gasto público en educación para mantener el porcentaje de la población estudiantil actual de primaria y secundaria pagando la educación al precio promedio o a los precios mayores de la educación privada? Respuesta: 2,6 veces al precio promedio y 11,5 veces a los precios mayores.

Ante estos datos -irrebatibles y angustiantes- los autores refutan la pretensión -"peregrina idea"- de otorgar un voucher a cada costarricense para que financie, a su arbitrio, su propia educación; rechazan, por impensable, una reducción de la cobertura de la educación pública y ratifican la urgencia de ampliar el gasto en educación pública para atender la cobertura y reducir las brechas de cobertura y calidad actuales. Compartimos plenamente estas conclusiones que, al transcribirlas casi textualmente en este editorial, las exponemos, de nuevo, a la atención y meditación de todos los dirigentes del país. Se trata del supremo compromiso del próximo gobierno, como lo hemos comentado, hasta el cansancio, en nuestra página editorial. En ello va nuestro desarrollo económico y social, y, sin duda alguna, la supervivencia y afianzamiento del sistema democrático en el futuro, en un mundo globalizado, al que la calidad del sistema educativo convertirá en oportunidad o en amenaza, según el camino que escojamos en la formación de nuestro pueblo.

No basta, sin embargo, con el fortalecimiento financiero de la educación pública. Este esfuerzo supone la labor previa de un análisis profundo de su contenido para que cada colón produzca el ciento por uno, así como de la forma como se están gastando los recursos actuales. Decimos esto porque, si algo nos enseña, brutalmente, la experiencia de estas décadas, es la trampa de las buenas intenciones y de los proyectos sociales, que han derrochado recursos públicos a cantaradas, por no acompasarse de una rigurosa tarea de planeamiento, seguida de una gestión ejemplar. Estos vicios y fracasos se pretenden encubrir, luego, ante la evidencia de los programas sociales, con las socorridas quejas de la falta de recursos o con el pretexto de una especie de plan conspirativo del exterior contra "el sector social".

En el caso de la educación pública, si bien es incuestionable, como ha quedado demostrado en el artículo que comentamos, la necesidad de aumentar sustancialmente el presupuesto respectivo, también lo es la comprobación de que se ha aumentado el presupuesto del MEP o, en general, del Gobierno, en rubros relacionados con la educación, sin que corresponda este esfuerzo a resultados tangibles. Así lo verifican los ¢30.000 millones y más para satisfacer la obligación legal de los 200 días de clases, a los que pueden agregarse otros gruesos rubros, a modo de incentivos, así como los intentos del clientelismo político de mantener o incrementar los regímenes privilegiados de pensiones. Todo esto requiere una revisión profunda a fin de que los nuevos recursos no caigan en un tonel sin fondo y, en verdad, satisfagan los nobles propósitos a los que, en teoría, están orientados.

Conesup rechaza la apertura de tres 'U'

Una de las instituciones puso un recurso de amparo contra el Consejo

Otras tres universidades esperan el visto bueno para funcionar

Raquel Gólcher B.

rgolcher@nacion.com

Tres universidades privadas que esperaban la aprobación del Conesup para iniciar labores, vieron frustradas sus intenciones.

Tras analizar sus documentos, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup) consideró que incumplían requisitos académicos y que debían hacer mejoras en las instalaciones físicas.

Esas universidades pretendían impartir carreras del área de las Ciencias Sociales.

Las solicitudes se presentaron a lo largo del año pasado.

Sergio Calvo, director ejecutivo del Conesup, explicó que estos centros tienen el derecho de presentar un recurso de apelación y otro de revocatoria para replantear sus atestados y procurar la apertura.

Una vez que se agote esta vía administrativa, solamente les queda la judicial; de hecho, una de las instituciones con problemas presentó un recurso de amparo.

No son las primeras. Ya en octubre del 2003 se habían rechazado cinco universidades por incumplimiento de requisitos.

Además de los tres centros afectados actualmente, tres más esperan obtener la autorización.

Si la consiguen, se sumarían a las 50 universidades privadas que operan hoy en el país, y en las cuales se preparan las dos terceras partes de los estudiantes.

Según el reglamento del Conesup, los miembros de este tienen cuatro meses desde que se presenta la solicitud, para pronunciarse sobre cada caso.

La última institución que recibió luz verde fue la Universidad Metodista, en abril del 2001.

Entre 1993 y el 2001 aparecieron 45 universidades privadas.

En cuanto a las solicitudes de apertura de carreras, aún no se tiene un corte, pero se cree que ingresa al menos una diaria.

El 30% de los graduados de universidades privadas son educadores. En segundo lugar están administradores, que representan el 22% de las promociones.

Siguen los psicólogos con un 7%, igual que los abogados.

Responsables

Aprobación. Para autorizar una universidad, el Conesup toma en cuenta dos factores

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