El Caso Del Tlcan En El Campo Mexicano

El caso del TLCAN en el campo mexicano

Janet Ruiz - José Martínez

De la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)[1] en México se desprenden importantes experiencias que permiten entrever la situación que atravesaría el resto de naciones de América Latina de ingresar en los acuerdos de libre comercio.

En este ensayo se evalúa desde una perspectiva crítica el impacto que ha tenido la aplicación del apartado agropecuario del TLCAN para el campo mexicano en los últimos 10 años.

En la primera parte se muestra la dimensión de la crisis del campo mexicano a partir de la aplicación del TLCAN, para ello se muestran las cifras sobre el estancamiento –con tendencia a la disminución- de la superficie cosechada de cinco productos básicos; maíz, arroz, trigo, soya y fríjol. Tal estancamiento ha sido el resultado de las grandes importaciones de granos desde los Estados Unidos. Con este fenómeno se ha acelerado la monopolización del sector agroalimentario en manos de unas pocas compañías que controlan las semillas, los agroquímicos, la producción y la comercialización de alimentos. Los efectos sociales para el campo mexicano no se han hecho esperar, y se han visto reflejados en: el aumento de la migración hacia los Estados Unidos y los grandes núcleos urbanos del país, y el incremento del desempleo, la pobreza y el hambre.

En la segunda parte, se explica cómo los Estados Unidos fortalecen acciones que son contrarias con el discurso de dejar funcionar el libre mercado. Con la ley agropecuaria expedida en mayo de 2002, el gobierno de ese país hizo del sector agroalimentario un factor de dominación política, al adoptar medidas profundamente proteccionistas –como los elevados subsidios- al amparo de las cuales los agroempresarios norteamericanos liquidarán con extrema facilidad a sus “competidores” latinoamericanos.

1. El TLCAN y la crisis del campo mexicano

El ingreso en el TLCAN fue la decisión más importante en materia de política pública que adoptó el Estado mexicano para el campo en la última década.

El resultado inmediato de su aplicación se ha evidenciado en fenómenos tales como: la pérdida del mercado interno para la producción agropecuaria nacional, la pérdida de empleos agropecuarios, el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas agroexportadoras, y la desmembración de la economía campesina de subsistencia[2].

Hace tres años en el desarrollo del movimiento “El campo no aguanta más”, se explicó parte de esta crisis en los siguientes términos: “La catástrofe del campo es una verdadera emergencia nacional. Las importaciones de maíz blanco y amarillo, con mínimos aranceles de 3% y 1% respectivamente, están arruinando a los productores netamente comerciales del noroeste que no pueden vender, pero también desvalorizan los excedentes de los milperos más modestos y desalientan incluso la producción de autoconsumo, dejando un saldo de alrededor de tres millones de productores damnificados. La agroindustria cañera azucarera está en crisis, pues Estados Unidos no acepta las importaciones pactadas, alegando otros acuerdos, mientras que el edulcorante de alta fructosa desplaza al azúcar de caña como insumo de los refrescos embotellados. La entrada de arroz a precios de dumping tiene quebrados a los arroceros. El ingreso de piña enlatada golpea a los cosechadores nacionales de Oaxaca y Veracruz. Y lo mismo sucede con la producción de leche y de carne, acosadas por el polvo lácteo de importación y la entrada de vacunos centroamericanos, y con los avicultores desplazados por el ingreso de carne de pollo de desecho proveniente de Estados Unidos, por no mencionar los problemas que aquejan a los trigueros, sorgueros y frijoleros. Si a esta debacle general agropecuaria agregamos el desmantelamiento de la caficultura campesina, que sustenta a cerca de 400 mil productores, y considerando pizcas da de comer a unos tres millones de personas, habrá que reconocer que estamos ante una emergencia máxima”[3].

El TLCAN legalizó la pretensión de los Estados Unidos de contar con un gran mercado latinoamericano, comenzando por México, para la venta de sus excedentes agropecuarios. Desde que se inició la negociación del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), los Estados Unidos pugnaron por la liberalización comercial, el desmantelamiento de barreras arancelarias del sector agropecuario, y la desregulación de los flujos agrícolas internacionales. Su capacidad de producción era superior a su capacidad de consumo interno y, en una perspectiva del largo plazo, el incremento de la productividad haría crecer dicho excedente por tanto requerían de mercados permanentes para sus exportaciones agroalimentarias.

México es actualmente el tercer mercado más importante para la venta de productos agrícolas estadounidenses[4]. Casi un 90% de las exportaciones mexicanas se destinan al país del norte, y un 75% de las importaciones vienen de allí. El comercio con Canadá que es el otro socio del TLCAN ha sido muy débil, durante los primeros ocho años de vigencia del tratado fue de apenas un 2% del total del comercio exterior de México[5]. “En menos de una década las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pasaron de un muy alto 70% a un abrumador 90%”[6]. En teoría, el TLCAN se ha orientado por la exigencia de liberalizar el mercado agropecuario en los tres países (Canadá, Estados Unidos y México), para ello ha insistido en la necesidad de desmontar todo tipo de regulaciones. Sin embargo, en la práctica los Estados Unidos se han reservado el derecho de mantener diversos tipos de apoyos y subsidios a la producción de sus empresas agropecuarias[7].

Desmontar regulaciones ha significado para México, la supresión del andamiaje institucional, legal y financiero para el campo. El gasto público para el sector se redujo en un 53% en términos reales de 1990 al 2003, y el crédito se contrajo en cerca del 80%[8]. Y las empresas e instituciones que brindaban algún apoyo técnico y financiero al sector (Conasupo, Fertimex, la Aseguradora Nacional Agropecuaria), fueron privatizadas. Los subsidios agrícolas llegaron a su fin y los aranceles a las importaciones de alimentos fueron abolidos[9].

Con el TLCAN, México se comprometió a no establecer controles, obligaciones ni códigos de conducta al capital transnacional. Lo que implica, el otorgamiento de trato nacional a las transnacionales, el no establecimiento de cuotas o límites cuantitativos a la importación de productos, la eliminación de los requisitos de desempeño que obligaban a las empresas transnacionales a contratar un porcentaje de fuerza de trabajo nacional,

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