El campo mexicano

De la misma forma que el conjunto de la economía mexicana, el sector agropecuario ha estado sujeto, desde 1983 a una severa política de ajuste económico que, buscando reducir la inflación y el déficit fiscal, ha significado: mantenimiento de precios adversos, reducción drástica de la inversión pública y retiro de los subsidios que existían para un conjunto de insumos estratégicos para ese sector. Lo sucedido en el campo mexicano, señala José Luis Calva(6) ha sido un proceso de regresión técnica y económica, que ante los precios adversos, desplome de la inversión pública, retiro de los subsidios y negación del crédito ha causado que México dependa crecientemente del exterior para satisfacer la demanda interna de alimentos.

El campo mexicano representa el sector más vulnerable dentro de la modernización del país, no únicamente por la dificultades que presenta en términos económicos y técnicos, sino también políticos y sociales. Al inicio de los años noventa, congruente con la política salinista neoliberal de reducir la participación del Estado en la economía, se ha buscado que el capital nacional sea el que cubra los huecos que deja el retiro estatal. Sin embargo, el remplazo es lento e insuficiente para el conjunto de la economía y para el campo en particular. Por lo que resulta explicable el apresuramiento del gobierno mexicano por promover el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá a toda costa, por considerar que el capital extranjero habrá de ser la palanca de la modernización nacional. Planteamiento que se hace extensivo al campo, donde se ha hecho más evidente la insuficiente respuesta del capital nacional para invertir internamente, por lo cual se toman medidas legales que propicien que el capital extranjero fluya libremente por todos los surcos del campo nacional para lograr su modernización y correcta ubicación en el nuevo contexto del acuerdo trilateral. En este sentido resulta congruente, desde la perspectiva oficial, la modificación del artículo 27 constitucional de noviembre de 1991, que posibilita la privatización del ejido para quitar las trabas al libre flujo del capital extranjero hacia el campo mexicano. Esto significa que el gobierno mexicano está pensando que el TLC será la clave para lograr lo que fue incapaz de realizar durante 50 años: la modernización y la justicia social en el campo mexicano(7)

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