El Humanismo

En nuestro país se ha iniciado y estamos transitando un proceso de refundación de la República, teniendo como referente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por el pueblo en referéndum, el 19 de diciembre de 1999, en uno de los procesos más democráticos en la historia del país, tanto por su contenido como por los mecanismos de participación en su elaboración y aprobación.

A partir de esa fecha, se ha iniciado un proceso para refundar la República mediante la construcción de una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, pasando de una democracia política a una democracia social en un estado de derecho y de justicia.

Es así, que convocando al país para la deliberación sobre el futuro que se quiere para el país, se impulsó y aprobó en 1999 una nueva Carta Constitucional en la cual se recogen y profundizan principios y normas de la tradición republicana que valora a la educación en lo que significa para la justicia y la igualdad y a estos ideales como el epicentro de la institucionalidad de una democracia inclusiva. El nuevo texto de la Constitución Bolivariana establece la garantía del derecho a la educación y el valor de la escuela pública para la integración social, extiende la obligatoriedad y la gratuidad, reconoce los derechos de los grupos y las minorías nacionales marginadas desde siempre, propone formas de control ciudadano en la gestión de los servicios y compromete un mínimo aceptable de inversión para modificar los obstáculos que durante las décadas pasadas deterioraron las condiciones de la enseñanza y el aprendizaje.

A partir del mandato constitucional, avanzamos hacia la universalización de los derechos, en el marco de los cinco equilibrios; el equilibrio político, utilizando como estrategia el proceso constituyente; el equilibrio económico, que nos permita saltar de un país rentista a un país productivo, impulsando el desarrollo endógeno, la organización del pueblo y la economía social; el equilibrio social, mediante la equidad para tratar de garantizar a quienes no pueden los mismos derechos que disfrutan quienes pueden; el equilibrio territorial, mediante el impulso de una nueva visión del federalismo, garantizando la descentralización sin perder la visión de totalidad que representa la nación; y, por último, el equilibrio mundial, para asumir la globalización sin perder la soberanía, la mundialización sin dejar de ser nosotros.

En el marco de los derechos, se asume la educación como un derecho humano y un deber social de toda persona, sin ningún tipo de discriminación, con carácter de obligatoriedad y de gratuidad que el Estado debe garantizar, haciendo énfasis en los sectores más vulnerables de la población, de allí la pertinencia de la equidad como principio ético político.

En nuestra población la cobertura precede la calidad de la educación, agravado por

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